Fuente: Diario Río Negro
La
Justicia dispuso el procesamiento para 13 ex funcionarios del
gobierno de Miguel Saiz –entre ellos ocho ex ministros– en la causa de los
sobresueldos.
Fuentes judiciales aseguraron a "Río Negro" que el
juez Carlos Reussi ya había firmado esa resolución, dictando el procesamiento
para los ex ministros César Barbeito y el ex secretario General, Francisco
González, actual legislador radical, como autores del delito de peculado.
En los otros casos, la tipificación de peculado, como
partícipes, alcanzaría a los ex ministros Alfredo Pega, Diego Larreguy, Juan
Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Pablo Verani; y los ex secretarios
Sergio Pendas y Aníbal Hernández. Por igual delito se lo habría procesado al ex
Tesorero General, José Ongaro.
En cambio, los ex contadores Generales de la provincia,
Daniel Bossero y Gustavo Picci habrían sido procesados por "incumplimiento
de los deberes funcionarios públicos".
La resolución no pudo conseguirse porque la Justicia anoche estaba
notificando a las partes que actuaron en este expediente, donde se investigó el
pago de sobresueldos entre esos ex funcionarios durante las dos gestiones de
Saiz.
La provincia habría abonado por esos adicionales más de 24
millones de pesos entre 2004 y 2010 –unos seis millones de dólares–.
Los abultados montos habrían variado cada año. En 2004 se
habrían pagado más de 2.400.000 pesos; en 2005 aproximadamente 2.200.000; en
2006 2.500.000; en 2007 2.600.000; en 2008 4.000.000; en 2009 4.800.000 pesos,
redoblando esa cifra en 2010 con 8.600.000 pesos.
En 2011, cuando se inició la investigación judicial, sólo se
habría alcanzado a distribuir en enero y febrero de ese año por un monto de
587.000 y 590.000 pesos, respectivamente.
Esos pagos fueron efectivizados en concepto de suplementos
en dinero a las autoridades superiores del Ejecutivo provincial junto a otros
organismos que según las resoluciones, en su momento firmadas por el ex
secretario y hoy diputado provincial Francisco González, respondían a una
dedicación exclusiva funcional para aquel rango de funcionarios.
Esos suplementos fueron determinados en resoluciones
mensuales de esa secretaría en las que se especificaba el monto a percibir por
cada uno de los beneficiarios y eran abonados por la Tesorería General
de la provincia, un trámite que no se corresponde con el de liquidación y pago
de remuneraciones.
Desde ese mismo organismo se habrían librado cheques a
nombre de los beneficiarios que eran cobrados por ventanilla y retirados en
efectivo por cada uno de ellos tal como se realiza con los pagos de viáticos o
de proveedores pero no de salarios.
Este mecanismo –que no incluía ese suplemento en la
liquidación de sueldos de los ex funcionarios que lo percibían ni lo depositaba
en la cuenta sueldo habilitada– habría evitado el control de la ejecución de
las sumas del presupuesto del Ejecutivo destinadas a gastos de personal,
separando esos fondos públicos del control de la Administración de
la que se habrían retirado esas sumas bajo una apariencia de legalidad y
generando una remuneración no declarada.
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