jueves, junio 07, 2012

“Gente a la que no le gusta que la fumiguen”, por Rubén Tonzar


Por Rubén Tonzar *

El sábado 19 de mayo se realizó en Reconquista el Primer Encuentro de Pueblos Fumigados del Norte santafesino, organizado por el Instituto de Cultura Popular (Incupo), el frente docente 4 de Abril, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), y diversas agrupaciones indígenas y campesinas de la región. La convocatoria, que fue abierta, reunió a un centenar de personas llegadas desde los parajes rurales de los departamentos de General Obligado, 9 de Julio, San Javier y Vera, e incluyó la participación de técnicos del Inta, de la Universidad del Litoral y hasta de productores sojeros y fumigadores de la zona de Reconquista.

La jornada comenzó con la exposición de los casos más notables de víctimas de las fumigaciones, que relataron los casos de llamativos aumentos de abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones, y de enfermedades oncológicas, respiratorias y cutáneas, especialmente en niños, además de repetidos perjuicios sufridos por criadores de pequeños animales (enfermedad y muerte masiva de gallinas, patos, cerdos, perros, gatos, peces, etc.) y el consiguiente miedo al consumo de productos de sus propias huertas próximas a los campos fumigados.

Algunos pobladores de zonas bajas comprobaron que la muerte de animales domésticos, lo mismo que la ruina de las plantas de jardín y de huerta, se repetía después de cada lluvia, por lo que han debido adaptar sus costumbres, como impedir que los niños salgan a jugar con agua durante la lluvia o después de ella. El avance de la frontera agropecuaria y el consiguiente aumento de las fumigaciones (las ventas de agrotóxicos pasaron de 260 millones de kg/l en 2009, a 313 millones de kg/l en 2010, y se estiman en 400 millones de kg/l para 2011)*, que incluso comienza a extenderse a las islas del Paraná medio, establece una especie de sitio sobre las pequeñas poblaciones y escuelas rurales. Estas se ven expuestas y acosadas por el veneno arrojado desde aviones o aplicado por tractores con “mosquito”, no sólo cuando son vecinos del campo fumigado, sino también cuando el viento o el agua “derivan” los tóxicos a grandes distancias, sin que se conozca su procedencia.

Luego de estos testimonios intervinieron los representantes de los productores sojeros y fumigadores, quienes en algunos casos negaron la existencia de estos problemas. Otros, en cambio, los reconocieron, pero relativizaron los efectos o pusieron en duda que fueran causados por el inédito aumento del volumen de venenos arrojados al ambiente. Un ingeniero agrónomo invocó las seguridades brindadas por las autorizaciones del Senasa y de Salud pública, y por las normas de aplicación, además de los numerosos estudios hechos por los propios fabricantes de agrotóxicos, y destacó que cuando hay buenas prácticas no se ven los perjuicios denunciados. En general, las posiciones de sojeros y  fumigadores pueden sintetizarse como de absoluta confianza en el carácter inocuo de todo lo que está permitido para el uso, respaldados en el carácter científico de los últimos desarrollos agrotecnológicos, y recomendando la necesidad de promover “consensos” entre fumigadores y víctimas en los casos en que no se respeten plenamente las prácticas recomendadas.

Estas posiciones fueron respondidas por técnicos de la UNL, que cuestionaron los criterios oficiales para calificar la peligrosidad de los venenos (“banda verde”, “banda amarilla”, etc), y la falta de estudios científicos desarrollados por institutos públicos (excepto el del conocido Dr. Carrasco, del Conicet, que fuera desautorizado por el propio secretario de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, porque supuestamente lo hizo sin pedir permiso al Consejo), la famosa “ausencia del Estado” tan conocida en otros sectores. Entre los denunciantes, se argumentó que muchas veces los científicos y los técnicos, así como las autoridades policiales, políticas o judiciales, ignoran o no le dan entidad a sus quejas, protestas y denuncias, dado que se enfrentan a sectores que facturan sus cosechas en cientos de miles de dólares y que por eso mismo no vacilan en violar reglamentaciones, buenas prácticas y ajenos derechos cuando pueden incrementar su ganancia. Nota completa

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