Por Observatorio Petrolero Sur
El viernes 15 de junio la Policía de Neuquén reprimió a miembros de la
comunidad mapuche Gelay Ko, cercana a la ciudad de Zapala, que resistían la
perforación de pozos para yacimientos no convencionales en su territorio.
El jueves 14 integrantes de la comunidad comenzaron un corte
dentro de su territorio a equipos de perforación petrolero de la empresa
norteamericana Apache. Al otro día, por la mañana, se hicieron presentes
efectivos policiales que procedieron a desalojar a los comuneros con violencia
física y verbal; sin considerar la presencia de niños, mayores y mujeres. La
lonko (autoridad tradicional) Cristina Linkopan fue esposada y pateada en el
piso, otra persona tendría una clavícula rota y otra presentaría graves
lesiones; al momento de escribir este comunicado aguardaban ser revisados por
médicos judiciales para constatar lo ocurrido. Además dos comuneros fueron
detenidos y, si bien fueron liberados a las pocas horas, se los denunció por amenazas
a la fuerza pública; hecho desmentido categóricamente por parte de los mismos.
El desalojo fue ordenado por el juez de instrucción de
Zapala, Oscar Domínguez, a raíz de una denuncia presentada por Raúl Vila,
representante de la empresa Apache. Según nos informan los comuneros, la
policía reprimió directamente sin notificar la orden judicial ni dar lugar al
retiro voluntario que se contemplaba en la misma.
El territorio comunitario se encuentra intervenido por la
industria petrolera desde fines de la década de 1950. Durante los tiempos de la YPF estatal y la concesión a
diferentes empresas privadas se ha priorizado la extracción de hidrocarburos
por sobre los derechos colectivos de los habitantes. Actualmente la empresa
busca enfrentar a la comunidad Gelay Ko con los habitantes de Zapala al
divulgar que estas medidas amenazan la provisión de gas a la ciudad.
En el territorio de la comunidad, sin nunca mediar consulta
o recibir beneficios, ha sido perforado el primer pozo de gas no convencional
de Sudamérica, utilizándose el método de fractura hidráulica, una técnica
cuestionada internacionalmente por sus graves consecuencias ambientales y
sociales. Esta ha sido prohibida en Francia y Bulgaria, y se han dictado
moratorias en diferentes regiones de Europa, Norteamérica, Sudáfrica y Nueva
Zelanda.
Repudiamos enérgicamente la medida adoptada por el juez
Domínguez y la subsiguiente represión policial en defensa de los intereses
empresarios, que lejos está de ser una medida aislada. Nos solidarizamos con la
lucha que mantiene la comunidad en defensa de su territorio y sus derechos
colectivos. Reclamamos el sobreseimiento de los comuneros denunciados y el fin
del hostigamiento y acoso que vive la comunidad. Exigimos el cumplimiento de la
legislación nacional e internacional que garantiza los derechos de los Pueblos
Indígenas.
Nota relacionada: Neuquén: “No queremos ni permitiremos represión sobre la comunidad mapuche Gelay Ko”
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