Por Observatorio Petrolero Sur
Dos largos meses pasaron desde la
sanción de la Ley
de Soberanía Hidrocarburífera hasta su reglamentación, a través del decreto
1277/12, el 25 de julio. En ese lapso se pasó de un momento de euforia por el
acto soberano de expropiar buena parte del paquete accionario de Repsol, a la
búsqueda de nuevos socios estratégicos que aportasen capital y conocimiento
técnico para la reposición de reservas y una mayor extracción de hidrocarburos
de áreas tradicionales, así como para el desarrollo de yacimientos no convencionales.
Las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, y la estatal china CNOOC, fueron las
primeras interpeladas por la estrategia oficial, pero la imposición por parte
de las mismas de condiciones y exigencias que replicaban el ‘modelo Repsol’
–libertad para liquidar utilidades en el exterior, libre disponibilidad de los
hidrocarburos, atar la cotización interna del gas y el petróleo a los valores
internacionales– impidió cualquier tipo de asociación hasta el momento.
Frustrados estos planes, si bien se mantiene el diálogo abierto con las
autoridades chinas, el Gobierno Nacional optó por avanzar en la firma de
acuerdos más ventajosos con Bolivia y Venezuela. Lejos de continuar buscando
socios entre los grandes jugadores del sector, entendemos que debe profundizarse
este último camino con una integración regional más vigorosa que potencie
armónicamente la complementariedad productiva de nuestros países.
Si bien el exitismo en torno al
potencial de los yacimientos no convencionales -como elemento fundamental para
lograr el autoabastecimiento energético- no ha desaparecido de las
declaraciones de funcionarios nacionales, provinciales y de la dirección de
YPF, éste no alcanza a garantizar la provisión cotidiana de gas, que se refleja
tanto en la necesidad de aumentar la importación desde Bolivia, como en las
obras de ampliación de los puertos regasificadores de Bahía Blanca y Escobar,
el desaliento del consumo del GNC a través del incremento de precios y el
aumento del precio del gas en boca de pozo para seducir a las operadoras. La
vaticinada avalancha de inversiones externas no se concreta, y por ahora el
máximo logro es haber aumentado la capacidad de refinación de YPF, que
redundaría en una disminución de las importaciones de gasoil.
En este contexto, la firma del
decreto 1277/12 es un avance importante en la política sectorial
hidrocarburífera. Desde 1989, la ‘libre disponibilidad’ fue la piedra angular
del saqueo que se materializó en la exportación de hidrocarburos, a la que se
sumó la desregulación de precios y la privatización de YPF; y, finalmente, el
proceso de balcanización de la gestión y explotación del recurso a partir de la
provincialización del dominio. La reglamentación del Poder Ejecutivo –con la
derogación de los artículos 5 inc. d, 13, 14 y 15 inc. a, b y e del decreto
1055/89; artículos 1, 6 y 9 del decreto 1212/89; y artículos 3 y 5 del decreto
1589/89– echa por tierra ese marco (des)regulatorio y sienta las bases para una
mayor planificación y gestión racional por parte de la Nación.
La nacionalización ‘de hecho’ en
la gestión y regulación sectorial es una medida progresiva y de avance efectivo
que repercute en numerosas áreas de nuestra sociedad. La creación de una
herramienta central, pública y con una potencial inserción en el control de
todas las etapas de la industria es un complemento necesario de la expropiación
parcial de YPF. La planificación de las inversiones, los precios internos, el
destino de los recursos, los niveles de extracción y refinación, subsumiendo
los intereses particulares de las operadoras privadas al interés general, debe
ser la columna vertebral de un proyecto de país soberano y justo. Hasta el
momento, esta premisa había sido dejada de lado en el sector, siendo las
corporaciones privadas las que dictaban discrecionalmente, y de acuerdo a su
propio beneficio, el destino de la energía presente y futura.
En este sentido, la apertura del
escenario en los últimos tiempos es positiva y esperamos que esta línea sea una
política de Estado en los años venideros y no de carácter coyuntural por parte
de un gobierno ante un escenario particular.
No obstante, esta creación de una
herramienta de regulación pública todavía deja varios interrogantes, que ya
hemos planteado en otras oportunidades. Por un lado, cuál será el rol del
Consejo Federal de Hidrocarburos, instancia creada por la ley de Soberanía
Hidrocarburífera, que se encuentra ausente en el decreto 1277. Las atribuciones
conferidas a la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, siembran dudas
acerca de qué incidencia real tendrá el Consejo Federal de Hidrocarburos en el
diseño e implementación de políticas públicas para el sector. De la resolución
de este interrogante dependerá la participación que tendrán las provincias en
el nuevo esquema. En este punto, será imprescindible avanzar en un régimen
federal con verdadera vocación democrática, en el que la participación
comunitaria y de los trabajadores remplace a la “comunidad de negocios”
existente hasta el momento entre las clases dirigentes provinciales y las
compañías privadas.
Como se ha mencionado en otras
oportunidades, el abordaje económico ha eclipsado totalmente el debate y la
implementación de políticas públicas. La participación –tanto en el Consejo
Federal de Hidrocarburos y la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas– de los organismos públicos
responsables de garantizar el derecho a un ambiente sano brillan por su
ausencia. La extracción e industrialización de hidrocarburos es una actividad
contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y económicos se registran a
lo largo y ancho del país –entre otros, la violación sistemática de los
derechos colectivos ambientales del conjunto de la población y los específicos
de los Pueblos Indígenas, reconocidos en el marco jurídico nacional e
internacional.
En vista de esto, los
requerimientos a los operadoras no tendrían que limitarse a aspectos
productivos y financieros sino también al apego a la normativa ambiental
específica. Asimismo, son de público conocimiento los casos de resistencia de
comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los programas de desarrollo
hidrocarburífero, y que encontraron en los organismos públicos (nacionales y
provinciales) silencios o directamente represión y judicialización. Para
terminar con esta situación deberían implementarse los mecanismos de consulta
presentes en la legislación indígena internacional, con el objetivo de poner
fin a las asimétricas negociaciones que se entablan entre comunidades y empresas,
que en muchos casos redundan en la fragmentación interna de las primeras por
las prácticas de reparto de dádivas llevadas a cabo por las petroleras.
El Estado no debe desentenderse de
sus responsabilidades y derivar los conflictos al ámbito privado; tampoco debe
convertirse en el brazo represivo al servicio de la ‘seguridad jurídica’ de las
empresas, sino que debe velar y respetar los territorios que no otorgan la
‘licencia social’. Los incumplimientos y las violaciones de derechos no afectan
sólo a los directamente damnificados sino que son hechos que lesionan al
conjunto de la población y el país.
Entonces, ¿qué se espera para
avanzar efectivamente en un programa de transición energética y que garantice
plenamente los derechos colectivos? Los tiempos que vivimos no plantean
únicamente el desafío de una mayor apropiación social de la renta y control
público de los recursos naturales, sino también en una nueva práctica de
armonía y de respeto en la relación a la naturaleza. Insistimos en que la energía
debe ser concebida más allá de los límites conferidos en la actual discusión,
incluyendo aspectos ambientales, culturales y sociales en igualdad de
condiciones con la variable económica. Necesitamos continuar avanzando hacia
una YPF acorde con los tiempos que corren: de control público, federal,
democrática y con amplia participación popular y de sus trabajadores. En
definitiva, una herramienta social para una transición efectiva hacia un país
justo, soberano y sustentable.
Nota relacionada: Julio De Vido se reunió con gobernadores de las provincias petroleras
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