Por Darío Aranda
La erupción del volcán Puyehue aún
golpea a comunidades indígenas y campesinas de la Patagonia. Mortandad
de animales, discontinua asistencia estatal y falta de política para el arraigo
rural.
A más de un año de la erupción del
volcán Puyehue, las comunidades indígenas y los pobladores rurales siguen
padeciendo los efectos de la ceniza que inundó regiones de Neuquén y Río Negro.
A la enorme mortandad de animales (principal sustento de las familias rurales),
se suma la persistencia de la ceniza (que dificulta del crecimiento de
vegetación, alimento de los cabríos y ovejas) y la sequía. La dispar asistencia
estatal, empresas mineras al acecho y la ausencia de una política de arraigo
rural hacen un combo que atenta contra la vida campesina e indígena.
El 4 de junio de 2011 entró en
erupción el Puyehue. Toneladas de cenizas afectaron de inmediato a Villa la Angostura, la primera
zona en sufrir las consecuencias. Pronto se extendió a otras ciudades del oeste
de Neuquén y Río Negro: San Martín de los Andes, Bariloche y pueblos aledaños.
En una región con gran incidencia del turismo, se perdió la temporada de
invierno 2011 y disminuyó notoriamente la de verano. Buena parte de las
crónicas periodísticas reflejaron esa caída e hicieron hincapié en la situación
urbana.
La Universidad Nacional de Río Negro resumió en julio de 2011: “La potencia de la
erupción del volcán Puyehue se asemeja a la de 70 bombas atómicas. Dispersó 100
millones de toneladas de ceniza, arena volcánica y piedra pómez, una cantidad
comparable a la carga de 24 millones de camiones de transporte de áridos”.
A un año del desastre natural,
José Quintriqueo, werken (vocero) de la comunidad Quintriqueo y de la Confederación Mapuche
de Neuquén (CMN), evalúa: “Perdimos el 85 por ciento de los animales, una
tragedia para mapuches y puesteros. La ayuda estatal fue escasa”.
La comunidad Quintriqueo está
ubicada a 40
kilómetros de Villa la Angostura, y articula
con las comunidades Paichil Antriao (en zona urbana de la ciudad) y
Kintupuray (40 kilómetros hacia
el oeste de la Villa).
El vocero de la comunidad explicó que la ayuda oficial fue “tardía y escasa”,
sobre todo apuntó que los fardos para alimentos de vacunos y ovejas fueron “muy
pocos y en mal estado”.
“El gobierno provincial recibió de
Nación 20 millones de pesos pero lo distribuyó de manera injusta. A las
comunidades más afectadas les llegaron 126 mil pesos. ¿Para dividir entre
cuántos? Para un montón de gente”, cuestionó Quintriqueo. Explicó que ese
dinero fue distribuido entre las tres comunidades mapuches (100 familias) y
además seis Asociaciones de Fomento Rural (AFR). Cada AFR tiene un promedio de
30 familias (160, entre las seis).
126 mil pesos para 260 familias:
un promedio de 485 pesos para cada familia.
“El gobierno provincial ahora nos
ofreció armar proyectos para que nos dediquemos al turismo. No tenemos mucha
expectativa ahí, no creemos que llegue algo (de dinero)”, reconoció el werken e
ironizó: “Si devuelven al Pueblo Mapuche el Cerro Bayo (centro de Esquí de
Villa la Angostura)
podremos vivir del turismo”.
-¿Cómo están las comunidades a un
año de la erupción?
-Perdimos casi todos los animales,
fundamentales para nuestra vida. Y, sobre todo, por la emergencia se dejó de
discutir el derecho al territorio. Ninguna de las tres comunidades tenemos el
título comunitario que nos corresponde, los empresarios inmobiliarios presionan
por nuestro territorio y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)
sigue sin dar respuesta, con los yanaconas (indígenas traidores) que están al
servicio del Gobierno”.
En Río Negro una de las zonas más
afectadas fue Ingeniero Jacobacci, tradicional región del Pueblo Mapuche. El 5
de julio de 2011, el INTA Río Negro anunció que las pérdidas del sector
agropecuario provincial rondarían los 100 millones de pesos y afirmó que los
más afectados eran los productores familiares. Precisó que en Río Negro habían
sido afectadas por la ceniza 3,9 millones de hectáreas, 1400 productores. “El
92 por ciento de los afectados son productores familiares de pequeña escala y
que poseen el 49 por ciento del ganado”, destacó el organismo oficial.
Alejandro Fornasa es técnico de
terreno de la
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con trabajo en
Jacobacci. Evalúa que el Puyehue “agudizó, aceleró y puso en evidencia
problemas estructurales” que la región padece desde “muchos años”.
“Lamentablemente, o
intencionalmente, la postergación de la región casi ha sido naturalizada o
institucionalizada por los gobiernos de turno. Como era de esperar, ante la
erupción colapsó el sistema de salud, de servicios básicos, de educación y de
comunicación”, afirma y recuerda que el sistema productivo, ganadería extensiva
ovina y caprina, “es sumamente frágil desde el punto de vista medio ambiental, y
se rompió por todos lados”.
Remarca como agravante la sequía
de siete años consecutivos, que incluso motivó que el Departamento Provincial
de Agua declare la emergencia hídrica en toda la región. Precisa que en la zona
existen unos 4000 productores, el 80 por ciento son familiares, en su mayoría
mapuches ubicados en las tierras más escasas y de menor potencial productivo.
“La situación actual en el campo
es muy complicada. La mortandad en la zona de mayor afectación ha sido en
promedio del 60 por ciento, en algunos casos a las familias no les quedó nada.
Se murieron casi 900.000 animales en producción, además de la mortandad de la
fauna silvestre que nadie cuantifica. Como adicional, los animales que
sobrevivieron han sufrido un importante desgaste dentario, producto de comer
pasto con cenizas, que hace que su vida productiva se acorte”, señala.
El técnico de la Subsecretaría
explica que hubo ayuda estatal en sus tres niveles (municipal, provincial y
nacional), aunque fue “desarticulada” y señala que, con el paso de los meses,
“gradualmente ha disminuido”. Detalla que en la actualidad se impulsan desde el
Estado programas para recuperar la ganadería, proyectos para la captación de
agua subterránea, mejoras del hábitat y propuestas turísticas, “pero también al
mismo tiempo proponen casi como única alternativa a la minería metalífera”.
Ignacio Prafil, werken de la
comunidad Fvta Anekon, a 85
kilómetros al suroeste de Jacobacci, desafía: “La ceniza
sigue presente en la zona. Ahora que hablo con usted, hay viento y no se ve
nada, no se puede andar. El que dice que está todo bien, que venga para acá y
vea cómo estamos”.
Afirma que la mortandad de
animales llegó al “75 por ciento”. Su Comunidad tenía 400 cabezas (cabríos y
ovejas), le quedaron 69. Aclara que los caballos y las vacas estás muy débiles,
por la escasa agua y pasturas. Las localidades más afectadas, además de
Jacobacci, fueron Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli, Maquinchao y Ñorquinco,
entre otras.
Con temperaturas de hasta 15
grados bajo cero, y 15
centímetros de ceniza, el invierno pasado castigó mucho
más de lo habitual. Prafil recuerda que la propuesta comunitaria al Municipio y
al gobierno provincial fue la reposición de animales. “No queremos plata,
queremos los animales, que son nuestra forma de vida, pero aún nadie nos
respondió. Si de verdad quieren ayudar a quienes vivimos en el campo, que nos
den animales”, reclama.
Asegura que no hubo éxodo del
campo a la ciudad, aunque sí reconoce que “es más duro” vivir en el sector
rural. Y, sobre todo, remarca lo que no aceptarán: “No queremos minería a cielo
abierto y tampoco queremos el gas no convencional, que son los dos espejitos de
colores que nos quieren vender los políticos”.
En diciembre pasado, un colectivo
compuesto por instituciones estatales, intendentes, comunidades indígenas y
cooperativas agropecuarias presentaron un documento con políticas de Estado
para hacer frente al desastre de la ceniza y lograr el desarrollo del lugar.
“Propuesta de políticas públicas para la región afectada por sequía y cenizas”,
es el nombre del plan de corto y mediano plazo (cuatro años), con precisas
propuestas para detener el éxodo rural, mejorar los sistemas productivos,
reparar las viviendas, fortalecer las organizaciones locales y avanzar en
servicios e infraestructura.
Firmado por la Subsecretaría de
Agricultura Familiar de Río Negro, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (Senasa), el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el Foro de la Agricultura Familiar
y los intendentes de Sierra Colorada y Ramos Mexía, entre otros. Propone
“revisar críticamente los sistemas productivos y el accionar del Estado” y
destaca que las iniciativas propuestas se basan “en la racionalidad en el uso
de los recursos naturales y humanos, y son sustentables desde lo económico,
social, ambiental y cultural, aportando a un desarrollo fuertemente inclusivo”.
El documento advierte que, de no
tomar medidas, “se agravará la tendencia ya existente de migración en
condiciones muy precarias, abandono de los campos, presencia mayor de
predadores y probable colapso del actual sistema de producción”.
El documento fue entregado a
inicios de año al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; al ministro de
Producción provincial, Juan Manuel Pichetto, y al Ministro de Agricultura de
Nación, Norberto Yauhar. Pero aún no tuvo ninguna respuesta.
Nota relacionada: Lo que la ceniza dejó
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario