“Educación: Misteriosa desaparición de ‘colegio fantasma’”, por Juan Zuoza

“Extracto de disposición 58/12 de fecha 21/8/12 donde se auto incriminan”

Por Juan A. Zuoza *

En horas de la mañana he presentado una ampliación de la denuncia 22155 ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Esquel. Se trata de la existencia de un colegio fantasma, un colegio ilegal, sin ningún tipo de habilitación ni creación, ni alumnos, que funcionaba en la ciudad de Esquel. Se hacía llamar “colegio rural 7714” aunque no tenía nada de “colegio” y mucho menos de “rural”. De esa estructura apócrifa fue creada bajo la administración de Mirta Romero y de ella vivían su equipo directivo integrado por Laura Isabel Mendoza y Sergio Daniel Juárez, por medio de la cual cobraban generosos sueldos del Estado por cargos directivos de una institución inexistente. No obstante el bochornoso e inconcebible acto que ello representa, además de no cumplir horarios ni estar normados en ninguna normativa ni legislación, realizaron una inconcebible persecución laboral hacia mi persona, haciendo uso fraudulento de sellos oficiales y dirigiendo descalificaciones insustentadas hacia la junta de clasificación docente para ocasionarme serios perjuicios en mi carrera.

Esta estructura ilegal -por fuera de todo marco normativo- contaba con el aval de la supervisión del nivel secundario rural y la supervisión técnica general. Pero no todo termina allí: tras mi denuncia realizada el 23 de julio pasado y de las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalía, el colegio desapareció como por arte de magia. Cabe señalar el nivel de impunidad con el que cuentan los involucrados, ya que a fines de junio solicité la apertura de un sumario administrativo para que se investiguen los hechos que ya venía denunciando hace tiempo en el plano administrativo. Pero hasta el momento no he recibido notificación alguna de inicio de sumario alguno, por el contrario, recibí documentación que tiende a encubrir el accionar ilegal del colegio fantasma citado. Desde la Supervisión Técnica General, con la firma de su responsable, la Sra. Mary Valencia, me llegó la disposición 58/12 donde vergonzosamente Valencia RECONOCE QUE NO HUBO CREACIÓN ALGUNA DE ESE COLEGIO, AL MISMO TIEMPO QUE ELLA AVALA LO ACTUADO POR ESE COLEGIO, y dando por concluidos todos los reclamos administrativos… ¿Se entiende???? Si no lo entendió, se lo explico mejor: Tanto desde la supervisión de nivel secundario como de la Supervisión técnica general se manifiesta implícitamente QUE LAS LEYES Y NORMATIVAS NO SIRVEN PARA NADA. Es decir, desde una entidad que debiera ser EJEMPLO del respeto a las normativas y legislación, para formar ciudadanos que VALOREN Y RESPETEN el sistema de DERECHO, como única base para el desarrollo igualitario y equilibrado de un país, demuestran en sus acciones el más profundo desprecio y/o desconocimiento de las normativas y leyes que regulan las funciones para las cuales se les paga. La Sra. Valencia ni siquiera tuvo la delicadeza de respetar los tiempos estipulados por Ley para responder los actos administrativos. Sólo lo hizo TRAS MI DENUNCIA en la Fiscalía, y sin argumento válido alguno que demuestre que yo estaba errado en mis planteos. Aún así, sentenció  simplemente que mi reclamo era improcedente y que ya no me quedaban más recursos para seguir reclamando.

Y la historia no termina allí, tanto Sergio Juárez como Laura Mendoza retornaron como si nada hubiese pasado a los cargos que intencionalmente habían abandonado para ejercer los actos denunciados en un colegio fantasma. Es decir que, tanto Juárez como Mendoza, habían aprovechado el sistema de negligencia y encubrimiento para pedir una licencia a sus cargos, para irse como directivos de un colegio fantasma inexistente, conociendo perfectamente de antemano el manto de ilegalidad del mismo. En cuanto comencé mis reclamos dentro del ministerio, Sergio Juárez fue el primero en desaparecer de esa estructura, y  tras mi denuncia penal, se alejaron de sus cargos Laura Mendoza y también Juan Domingo Martínez, quien ocupaba un cargo reglamentariamente inexistente de “coordinador rural de inglés” por el cual cobró una gran cantidad de horas durante al menos dos años, sin saberse a ciencia cierta dónde las cumplió.

Lo ilógico es que tanto Juárez y Mendoza retornaron a sus cargos originales, cuando en realidad hubo un clarísimo abandono de cargo, en pos de ocupar cargos fraudulentos (Ley VIII-N°20 art 77). Esos cargos debieron haber salido a concurso como cualquier cargo docente, pero no: ellos continúan, a pesar de haberlo abandonado hace más de un año (en el caso de Mendoza) y desplazando a los docentes a cargo. Cabe preguntarse si la existencia de estas irregularidades tienen relación con los parentescos de Mendoza (esposa de funcionario ministerial) y Juárez (pareja de funcionaria ministerial).

Los denunciados no solo deberán dar explicaciones ante la justicia, sino también quienes hayan avalado y/o encubierto las situaciones lamentables que se han sucedido. Estoy convencido de que la justicia finalmente llega. Cuesta mucho trabajo y hay que luchar contra viento y marea, sobre todo contra un sistema que está acostumbrado a desestimar todo tipo de reclamo en pos de beneficiar a algunos iluminados. No obstante el plano administrativo y el plano penal, los denunciados deberán afrontar en los próximos meses, las acciones legales que estoy emprendiendo con mi abogado a fin de reclamar el correspondiente resarcimiento económico por los daños que su persecución inaudita me han generado, con más las costas del juicio, honorarios e intereses que devengan del tiempo transcurrido.

Asimismo, emprenderé las acciones correspondientes para que se declaren vacantes los cargos a los que volvieron Juárez y Mendoza, ya que son cargos que cualquier docente que necesite trabajar y pretenda ocuparlos, tiene derecho a concursar por ellos. Como esta irregularidad es de pleno conocimiento de los denunciados, también accionaré para que los salarios que perciban por un cargo al que han abandonado intencionalmente, le sean devueltos a la administración pública con los intereses y costas correspondientes, aunque el proceso conlleve años de tramitaciones en los tribunales.

Creo que en épocas de necesidad laboral y de reclamos sociales varios, todos los que veamos infracciones en el ámbito público debemos comenzar a denunciarlo y a ser perseverantes en los reclamos justos y legítimos, y jamás permitir que algunos vivos “chupen” de las arcas del Estado dinero que otros necesitan.

Se adjunta copia de la ampliación de denuncia presentada ante el MPF de Esquel.

* DNI 23.968.540

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