Por Darío Aranda
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), Daniel Fernández, fue abucheado en la audiencia por la reforma del
Código Civil y abandonó la sala al grito de “mentiroso”.
“Está diciendo mentiras”. “No sos nuestro hermano”. “No nos
representás”. “Yanakona (traidor)”. Fueron algunos de los gritos que se
escucharon el jueves en Neuquén, en el marco de las audiencias públicas por la
reforma del Código Civil. El destinatario de las acusaciones fue el presidente
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, máximo
funcionario del gobierno nacional en materia de pueblos originarios.
Organizaciones indígenas de todo el país, y organismos de derechos humanos,
denuncian que el proyecto de Código Civil rebaja de categoría a los derechos
indígenas y, advierten, favorece a las industrias extractivas que avanzan sobre
territorios ancestrales.
10 minutos y 50 segundos. Es lo que duró la intervención de
Fernández en la ciudad de Neuquén, donde se desarrolló la audiencia por la
reforma del Código Civil. Le habían precedido dirigentes indígenas y abogados
de organizaciones que cuestionaron duramente el proyecto enviado por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“El texto del
proyecto es inconstitucional porque contradice el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional
y los tratados de derechos humanos. La incorporación de la regulación del
derecho indígena en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a
múltiples inconstitucionalidades”, denunciaron en agosto en un documento
conjunto del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de
Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), el Grupo de Apoyo Jurídico por
el Acceso a la Tierra
(Gajat) y la Asociación
de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
El 29 de agosto, en
la audiencia en el Congreso Nacional, Ignacio Prafil, del Consejo Plurinacional
Indígena, había denunciado que “el nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un
retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de
lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a simples
inmuebles rurales”. El Consejo Plurinacional fue acompañado por la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Daniel Fernández, del INAI, no acusó recibo de ninguna de
las múltiples críticas de diversas organizaciones.
Ante una sala repleta, en la Universidad Nacional
del Comahue y con numerosos dirigentes indígenas de Neuquén, el funcionario
defendió el proyecto enviado por la Presidenta, remarcó que era “importante que la
propiedad comunitaria indígena” esté en el Código Civil e hizo un repaso de las
leyes aprobadas durante el kirchnerismo: Ley de Educación Bilingüe, Ley de
Medios Audiovisuales (“que tiende a democratizar los medios, otorga
participación indígena en el Afsca y legisla sobre el derecho a la
comunicación”) y la Ley
26160 (de 2006), que debiera suspender los desalojos indígenas y realizar un
relevamiento territorial de comunidades (acción tan atrasada que se debió
prorrogar la ley).
Fernández apuntó a los tribunales de primera y segunda
instancia por no implementar los derechos indígenas, entre ellos los vigentes
en la
Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.
“El gobierno nacional,
primero de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández, es el único Gobierno
que ha sancionado leyes que implementan derechos indígenas (…). Esta inclusión
(en el Código Civil) no debe ser visto como una obstrucción, no como una trampa
para ver qué derecho puede limitar, sino como un camino progresivo para
reconocer e implementar derechos”, dijo el presidente del INAI, en tono de
campaña.
Luego abordó la cuestión histórica (recordó que el Código
Civil vigente se escribió antes de la Campaña del Desierto) y recordó que la Constitución Nacional
de 1994 reconoce derechos indígenas, pero también reconoce el dominio de los
recursos naturales a las provincias. “Entonces se complica la cosa. Por eso es
que la inclusión en el Código (de la propiedad comunitaria) viene a unificar la
legislación en todo el país (…) Esto no se resuelve en la ONU, en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), se resuelve en el ámbito nacional, en las discusión
y en la correlación de fuerza social y política para avanzar en la
implementación de derechos”. Nota completa
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