jueves, octubre 11, 2012

"El modelo sumó otra víctima", por Darío Aranda

 
Por Darío Aranda

Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.

Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.

Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.

En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).

A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.

Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.

Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.

Muerte anunciada

“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.

“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de  2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.

El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.

Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”. Nota completa

Nota relacionada: Otro campesino asesinado en Santiago ante la inacción estatal frente a bandas armadas

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