Por Mauricio Fierro *
Veo con tristeza como los sentimientos de frustración y
desolación aparecen en alguno de ustedes, y todo debido a un proyecto
destructivo que amenaza vuestro estilo de vida, y el futuro de sus hijos.
Antes que nada, mediante esta carta, deseo expresar mi
visión al respecto, y ruego que lo sincero de este mensaje, no sea tomado como
algo personal o un ataque, por aquellos que se sientan identificados con mis
palabras.
Ahora bien, estamos en tiempos de crisis, y las largas
sesiones de discusión, de análisis, de lamentaciones, han llegado a su fin,
llego el tiempo de hacer, de actuar. Es decir, las personas y sus comunidades,
ya no tienen tiempo para discutir eternamente sobre su existencia, filosofar
sobre el dilema de quienes son o para donde van, o bien quedarse entrampados en
procesos o ayudas políticas, que no conducen a ninguna parte, y solo generan
falsas esperanzas en quienes no aportaran nada.
A nivel nacional, este pequeño país llamado Chile, está
sufriendo una grave crisis, que abarca un amplio espectro, pero que nos afecta
como sociedad y comunidades. Se viven tiempos bastante negros, y solo son
consecuencia de nuestros propios actos, de nuestra propia permisividad, y lo
que tenemos es lo que merecemos. Hemos santificado, y con una actitud y
mentalidad de subsidio, damos por sentado que la autoridad es la verdad, cuando
la verdad es la autoridad. Más aun, es nuestra culpa, por tanta injusticia
social y ambiental, ya que hemos avalado un sistema administrativo perverso,
hecho para favorecer a unos pocos en desmedro de los muchos, es decir todos y
cada uno de esta gran comunidad llamada país.
Hemos olvidado, que las comunidades son la base de la
sociedad, que el vecino tiene tanto derecho a la vida y respiran en un ambiente
libre de contaminación, como cualquier otro.
Que nadie puede imponer un estilo de vida o un negocio, a costa de la
vida de generaciones y los sueños de las personas.
A nivel local, corporaciones como Mediterráneo o Endesa, no
son el problema, ya que solo están usando un sistema legal y económico (creado
por la clase política), que les permite literalmente "matar comunidades"
para ganar unos dólares más. Con respecto a esto, deseo hacer ciertas
aclaraciones, para que se entienda esta carta.
Una sociedad corporativa, es un ente de derecho privado, con
una personalidad jurídica y estatutos societarios, que rigen sus objetivos, y a
la vez por ley, tienen todos los derechos de un ciudadano común o persona
natural, pero no sus obligaciones y deberes. En el fondo, Mediterráneo y sus
socios, solo están haciendo y cumpliendo los principios base de su existencia
como entes comerciales perversos, es decir, profitar o ganar dinero a cualquier
costo. Luego, para lograr esto, si es
necesario, violar la ley, tergiversar, mentir, seducir o destruir a los
miembros de una comunidad que impiden sus proyectos, lo harán, y no es nada personal,
es un negocio.
Cabe destacar, que al realizar un perfil psicológico de una
corporación, según los parámetros aplicados a una persona natural, estas
instituciones comerciales caen en la categoría psicópatas, y la ciencia médica,
indica que no se puede confiar en un psicópata.
Ahora bien, aquí el problema no es el psicópata, es y son
las comunidades, que no ven lo peligroso de trabajar con este ente enfermo.
Pero las comunidades, quieren creer, confían en las corporaciones como
instituciones avaladas por las autoridades y el gobierno. Pero se debe hacer
notar, que históricamente los gobiernos (sin importar el color o la tendencia),
siempre han favorecido al empresariado, ya que no pueden morder la mano del amo
que los puso literalmente en el gobierno, dándose una veraz sentencia critica,
"quien tiene el dinero tiene el voto, quien tiene el capital impone el
candidato a través de las campañas publicitarias, y la democracia obtenida
comienza y termina con el dólar". (Mauricio Fierro. Manual de Control del
Mono Urbano. 2012. Sin editar).
Con respecto a la ley, supuestamente existe una normativa
jurídica que dice proteger el derecho ciudadano, y en este caso el derecho de vivir en un
medio ambiente libre de contaminación consagrado en la Constitución Política
de la república a través del articulo 19 Nº8, y reforzado por la nefasta Ley de
Bases del Medio Ambiente 19.300 y la posterior modificación mediante la Ley Nº 20.417. En todas y
cada una de ellas, ingenuamente, la
ciudadanía cree que fueron hechas para proteger el medio ambiente y sus
recursos naturales, pero muy por el contrario, estas leyes fueron hechas para
cumplir con los tratados de comercio internacionales (Chile - Canada, WTO,
OCDE, etc.), asi lo exigían. Luego, desde su aplicación, nunca un proyecto ha
sido rechazado por cuestiones ambientales (excepto el reciente fallo en contra
del Proyecto Castilla y que favorece a la Comunidad de Totoral, que ha sentado
jurisprudencia en Chile).
Se debe hacer notar, que estas leyes, han sido creadas para
aprobar proyectos industriales, y no para ser rechazados por cuestiones
ambientales. Están hechos para dar una imagen "verde", a proyectos
destructivos y cumplir con los tratados internacionales. Más aun, las
autoridades ministeriales, que supuestamente aquellos que deben administrar
este mamarracho jurídico denominado Ministerio del Medio Ambiente y la ley ad
hoc, actúan bajo la política de proteger
inversiones y los negocios corporativos, no los derechos del ciudadano, y esto
queda ejemplificado en una entrevista dada por la actual ministra del medio
ambiente, y copio textual "No nos interesa que el medio ambiente se dañe,
queremos que las empresas cumplan" María Ignacia Benítez, Ministra de
Medio Ambiente de Chile. ADN Radio 17 de
febrero del 2011. Nota completa
* Mauricio Fierro – Geoaustral – Chile
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