martes, octubre 23, 2012

La Justicia de Esquel resolvería el lunes sobre una vieja causa contra un ex intendente de San Martín



Fuente: Prensa Fiscalía de Esquel

Esta semana estaba previsto el inicio de un juicio largamente postergado, en el que se investiga la venta directa del terreno donde funcionaba la estación de servicios de expendio de combustible de José de San Martín, por parte del entonces intendente, con el aval del HCD. La persistencia de Beltrán Beroqui en la intendencia, y el privilegio de no asistir a debate amparado en sus fueros, fue un motivo central para la postergación del juicio. Ahora, los abogados defensores plantearon varias cuestiones preliminares, procurando lograr el sobreseimiento de sus defendidos. Los Jueces Víctor Sarquís, Ricardo Rolón y José Colabelli darán a conocer su resolución el próximo lunes.

El Fiscal Martín Zacchino acusa a Beltrán Beroqui (ex intendente) y a Ricardo Baigorria, Sergio Millatur, Delia Antichipay, Jorge Vargas, Rafael Barrientos, Fabián Schmering, Herminda Murga y María Kodzaman (ex concejales), de ser el primero autor y los demás partícipes primarios del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la acusación el 5 de mayo de 2000, Beroqui enajenó una fracción de terreno donde se encuentra emplazada la estación de servicios de expendio de combustible, también propiedad de la comuna, mediante suscripción de un boleto de compra venta, que contó luego con la aprobación del HCD. La firma Andes del Sur SRL. sería la compradora. Esta transacción habría sido realizada en forma directa, sin ajustarse a las disposiciones legales vigentes que establecen su realización en pública subasta o mediante ofrecimiento público, o en su defecto por el procedimiento de emergencia económica. Pero en este caso no se acreditó ni consignó que este bien originara pérdidas para la corporación municipal. Por lo tanto, sostiene el fiscal, que se omitió ejecutar las leyes con las que debía cumplirse.

Los defensores Marcelo Macayo, Santiago González y Julián Ripa, antes de abrirse el debate, plantearon la prescripción de la acción, con diferentes fundamentos según el caso. Pero básicamente señalando que la investigación superó injustificadamente el monto de pena que el Código Penal prevé para el delito que se pretende juzgar. En el caso de los concejales, la defensa sostiene que ellos no pueden ser alcanzados por la suspensión de la prescripción que se prevé para los funcionarios que se mantienen en ejercicio de un cargo público y al amparo de sus fueros, ya que habían cesado en su función hace mucho tiempo. En este sentido el Fiscal recalcó que la suspensión alcanza a todos los coimputados, mientras uno se mantenga en ejercicio de la función pública.
También argumentaron los letrados en relación al plazo razonable de duración de un proceso, indicando que en este caso está largamente excedido.

En su contestación, entre otros argumentos el fiscal se refirió a los compromisos asumidos por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción.

El tribunal se retiró a deliberar y fijó para el lunes próximo a las 16 hs. la lectura de la resolución.


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