Fuente: Prensa Fiscalía de Esquel
Esta semana estaba previsto el inicio de un juicio
largamente postergado, en el que se investiga la venta directa del terreno
donde funcionaba la estación de servicios de expendio de combustible de José de
San Martín, por parte del entonces intendente, con el aval del HCD. La
persistencia de Beltrán Beroqui en la intendencia, y el privilegio de no
asistir a debate amparado en sus fueros, fue un motivo central para la
postergación del juicio. Ahora, los abogados defensores plantearon varias
cuestiones preliminares, procurando lograr el sobreseimiento de sus defendidos.
Los Jueces Víctor Sarquís, Ricardo Rolón y José Colabelli darán a conocer su
resolución el próximo lunes.
El Fiscal Martín Zacchino acusa a Beltrán Beroqui (ex
intendente) y a Ricardo Baigorria, Sergio Millatur, Delia Antichipay, Jorge
Vargas, Rafael Barrientos, Fabián Schmering, Herminda Murga y María Kodzaman
(ex concejales), de ser el primero autor y los demás partícipes primarios del
delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la acusación el 5 de mayo de 2000, Beroqui enajenó una
fracción de terreno donde se encuentra emplazada la estación de servicios de
expendio de combustible, también propiedad de la comuna, mediante suscripción
de un boleto de compra venta, que contó luego con la aprobación del HCD. La
firma Andes del Sur SRL. sería la compradora. Esta transacción habría sido
realizada en forma directa, sin ajustarse a las disposiciones legales vigentes
que establecen su realización en pública subasta o mediante ofrecimiento
público, o en su defecto por el procedimiento de emergencia económica. Pero en
este caso no se acreditó ni consignó que este bien originara pérdidas para la
corporación municipal. Por lo tanto, sostiene el fiscal, que se omitió ejecutar
las leyes con las que debía cumplirse.
Los defensores Marcelo Macayo, Santiago González y Julián
Ripa, antes de abrirse el debate, plantearon la prescripción de la acción, con
diferentes fundamentos según el caso. Pero básicamente señalando que la
investigación superó injustificadamente el monto de pena que el Código Penal
prevé para el delito que se pretende juzgar. En el caso de los concejales, la
defensa sostiene que ellos no pueden ser alcanzados por la suspensión de la
prescripción que se prevé para los funcionarios que se mantienen en ejercicio
de un cargo público y al amparo de sus fueros, ya que habían cesado en su
función hace mucho tiempo. En este sentido el Fiscal recalcó que la suspensión
alcanza a todos los coimputados, mientras uno se mantenga en ejercicio de la
función pública.
También argumentaron los letrados en relación al plazo
razonable de duración de un proceso, indicando que en este caso está largamente
excedido.
En su contestación, entre otros argumentos el fiscal se
refirió a los compromisos asumidos por nuestro país en materia de lucha contra
la corrupción.
El tribunal se retiró a deliberar y fijó para el lunes
próximo a las 16 hs. la lectura de la resolución.
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