Por SERPAJ
Enviado por Marta Sahores y Silvio Musacchio
Ante los terribles hechos ocurridos en Provincia de Chubut
el martes 27 de noviembre en horas de la tarde, donde asambleístas no a la mina
fueron gravemente heridos por patoteros que actuaron ante la inacción de la
policía que permitió la brutal paliza.
Hemos recibido la siguiente información por parte de quienes
han sufrido esta terrible agresión:
Los hechos ocurridos se desarrollaron cuando militantes de
las organizaciones socio-ambientales que conforman la Unión de Asambleas
Patagónicas (UAP) se autoconvocaron en la legislatura chubutense de manera
pacífica como habitualmente hacen, para defender la ley 5001 que prohíbe la
mega minería
El Gobierno provincial mediante un marco regulatorio que
debe emitir la Legislatura
de Chubut quiere anular esta prohibición.
En ese momento fueron violentamente reprimidos por un contingente, contratado en la ocasión, que se
desplazó con palos y cadenas, ubicándose detrás de emplazamientos de doble
vallado colocados por la policía provincial. Otro grupo represor con carteles
pro mineros había ingresado a Rawson desde la localidad de Paso del Sapo.
Son muchos los heridos, algunos de suma gravedad y conforme
a explicaciones de los compañeros movilizados hacía tiempo que no se veía en la
provincia del Chubut semejante represión.
Ministros y funcionarios del gobierno de Buzzi habían
descartado realizar una consulta popular considerando que una legislatura leal
a sus fines haría las reformas del marco regulatorio minero, después de todo
–dicen para negar la consulta- “el pueblo gobierna a través de sus
representantes”. Con las fuerzas de choque el gobierno de la provincia del
Chubut pretende demostrar que hay una parte importante de la población que
desea la mega minería contaminante y tal como se aprecia, la violencia es el
camino que utilizan para aprobar un marco regulatoria propicio.
Ante estos hechos que, una vez más pretenden reprimir la
legitima protesta social, expresamos nuestra preocupación y repudio. Esta forma
de “disuasión” viene dándose a lo largo y ancho del territorio de nuestro país
y no debemos permitirla.
Exigimos a las autoridades, que se respete la voluntad
popular expresada en la ley 5001 que prohíbe la mega minería en el Chubut, que
identifique de los agresores y que se aplique sobre ellos las leyes
correspondientes a estos graves hechos de violencia.
Adolfo Pérez Esquivel
Presidente
Fundación Servicio
Paz y Justicia
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