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| Ricardo Coyipé y Celestina Jara |
Por Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena
Enviado por Eduardo Hualpa
El domingo 9 de diciembre de 2012, víspera de un nuevo aniversario de la democracia, otras muertes enlutaron la comunidad Potae Napocna Navogoh. Las víctimas fueron Lila de diez meses y Celestina, su abuela de 49 años. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo de Celestina, quedó herido en la ruta. La familia fue atropellada por un gendarme, Walter Cardozo, quien golpeó y pateó al hermano qom para disuadirlo de que presente la denuncia. Esto que algunos llaman accidente, forma parte del constante hostigamiento, persecución y violencia que sufren las comunidades indígenas, y que no tiene otro trasfondo que las reivindicaciones territoriales indígenas.
La AADI repudia enérgicamente estos episodios violentos que cobran nuevamente muertes de los Pueblos indígenas, y a su vez denuncia el marco de impunidad que los rodea, y que hace posible que –más allá de mesas de diálogo, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denuncias y consiguiente judicialización- la persecución y los asesinatos sigan sucediéndose y la violencia profundizándose.
Lo sucedido es otra consecuencia del vacío en materia de política pública sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado nacional y provincial deben hacerse cargo con medidas especiales inmediatas que protejan a las personas y a sus bienes. En primer lugar deben garantizar que no exista impunidad para el gendarme. En segundo lugar, y por medio de sus organismos específicos como el Ministerio de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, supervisen con atención todo este proceso, generando los mecanismos adecuados para detener la represión, la muerte, la violencia con los indígenas. En tercer lugar, destrabar y agilizar la resolución del conflicto territorial respetando la auto determinación del Pueblo y reconociendo a sus genuinos representantes.
Los Pueblos indígenas también tienen derechos humanos que deben respetarse. Exhortamos a las autoridades del Estado a que asuman la tarea para la que fueron electos.
El domingo 9 de diciembre de 2012, víspera de un nuevo aniversario de la democracia, otras muertes enlutaron la comunidad Potae Napocna Navogoh. Las víctimas fueron Lila de diez meses y Celestina, su abuela de 49 años. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo de Celestina, quedó herido en la ruta. La familia fue atropellada por un gendarme, Walter Cardozo, quien golpeó y pateó al hermano qom para disuadirlo de que presente la denuncia. Esto que algunos llaman accidente, forma parte del constante hostigamiento, persecución y violencia que sufren las comunidades indígenas, y que no tiene otro trasfondo que las reivindicaciones territoriales indígenas.
La AADI repudia enérgicamente estos episodios violentos que cobran nuevamente muertes de los Pueblos indígenas, y a su vez denuncia el marco de impunidad que los rodea, y que hace posible que –más allá de mesas de diálogo, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denuncias y consiguiente judicialización- la persecución y los asesinatos sigan sucediéndose y la violencia profundizándose.
Lo sucedido es otra consecuencia del vacío en materia de política pública sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado nacional y provincial deben hacerse cargo con medidas especiales inmediatas que protejan a las personas y a sus bienes. En primer lugar deben garantizar que no exista impunidad para el gendarme. En segundo lugar, y por medio de sus organismos específicos como el Ministerio de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, supervisen con atención todo este proceso, generando los mecanismos adecuados para detener la represión, la muerte, la violencia con los indígenas. En tercer lugar, destrabar y agilizar la resolución del conflicto territorial respetando la auto determinación del Pueblo y reconociendo a sus genuinos representantes.
Los Pueblos indígenas también tienen derechos humanos que deben respetarse. Exhortamos a las autoridades del Estado a que asuman la tarea para la que fueron electos.
ASOCIACION DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE DERECHO INDIGENA
Nota relacionada: "Formosa: la democracia ausente", por Darío Aranda
El domingo 9 de diciembre de 2012, víspera de un nuevo aniversario de la democracia, otras muertes enlutaron la comunidad Potae Napocna Navogoh. Las víctimas fueron Lila de diez meses y Celestina, su abuela de 49 años. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo de Celestina, quedó herido en la ruta. La familia fue atropellada por un gendarme, Walter Cardozo, quien golpeó y pateó al hermano qom para disuadirlo de que presente la denuncia. Esto que algunos llaman accidente, forma parte del constante hostigamiento, persecución y violencia que sufren las comunidades indígenas, y que no tiene otro trasfondo que las reivindicaciones territoriales indígenas.
La AADI repudia enérgicamente estos episodios violentos que cobran nuevamente muertes de los Pueblos indígenas, y a su vez denuncia el marco de impunidad que los rodea, y que hace posible que –más allá de mesas de diálogo, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denuncias y consiguiente judicialización- la persecución y los asesinatos sigan sucediéndose y la violencia profundizándose.
Lo sucedido es otra consecuencia del vacío en materia de política pública sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado nacional y provincial deben hacerse cargo con medidas especiales inmediatas que protejan a las personas y a sus bienes. En primer lugar deben garantizar que no exista impunidad para el gendarme. En segundo lugar, y por medio de sus organismos específicos como el Ministerio de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, supervisen con atención todo este proceso, generando los mecanismos adecuados para detener la represión, la muerte, la violencia con los indígenas. En tercer lugar, destrabar y agilizar la resolución del conflicto territorial respetando la auto determinación del Pueblo y reconociendo a sus genuinos representantes.
Los Pueblos indígenas también tienen derechos humanos que deben respetarse. Exhortamos a las autoridades del Estado a que asuman la tarea para la que fueron electos.
El domingo 9 de diciembre de 2012, víspera de un nuevo aniversario de la democracia, otras muertes enlutaron la comunidad Potae Napocna Navogoh. Las víctimas fueron Lila de diez meses y Celestina, su abuela de 49 años. Ricardo Coyipé, abuelo y esposo de Celestina, quedó herido en la ruta. La familia fue atropellada por un gendarme, Walter Cardozo, quien golpeó y pateó al hermano qom para disuadirlo de que presente la denuncia. Esto que algunos llaman accidente, forma parte del constante hostigamiento, persecución y violencia que sufren las comunidades indígenas, y que no tiene otro trasfondo que las reivindicaciones territoriales indígenas.
La AADI repudia enérgicamente estos episodios violentos que cobran nuevamente muertes de los Pueblos indígenas, y a su vez denuncia el marco de impunidad que los rodea, y que hace posible que –más allá de mesas de diálogo, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denuncias y consiguiente judicialización- la persecución y los asesinatos sigan sucediéndose y la violencia profundizándose.
Lo sucedido es otra consecuencia del vacío en materia de política pública sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado nacional y provincial deben hacerse cargo con medidas especiales inmediatas que protejan a las personas y a sus bienes. En primer lugar deben garantizar que no exista impunidad para el gendarme. En segundo lugar, y por medio de sus organismos específicos como el Ministerio de Seguridad, el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, supervisen con atención todo este proceso, generando los mecanismos adecuados para detener la represión, la muerte, la violencia con los indígenas. En tercer lugar, destrabar y agilizar la resolución del conflicto territorial respetando la auto determinación del Pueblo y reconociendo a sus genuinos representantes.
Los Pueblos indígenas también tienen derechos humanos que deben respetarse. Exhortamos a las autoridades del Estado a que asuman la tarea para la que fueron electos.
ASOCIACION DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE DERECHO INDIGENA
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