lunes, enero 30, 2012

“Misión imposible” sigue en el Auditorio Municipal

Por Subsecretaría de Cultura y Educación

Lunes 30- Martes 31

Cine Auditorio 21:30 hs

MISIÓN IMPOSIBLE:

Acusado de atentado terrorista con bombas contra el Kremlin, el agente del IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) se ve desautorizado junto con el resto de la organización al iniciar el Presidente el “Protocolo Fantasma”. Sin poder contar con recursos ni apoyo, Ethan deberá encontrar el modo de restaurar el honor de su organización e impedir un nuevo ataque. Para complicar aún más las cosas, Ethan se ve obligado a embarcarse en esta misión junto a un equipo de compañeros del IMF fugitivos cuyos motivos personales no conoce del todo.

Entrada Gral $ 10

Menores y Jubilados 8$

LAS ENTRADAS SE ADQUIEREN 2 HS ANTES DE CADA FUNCIÓN

Puerto Patriada: aclaración sobre los sucesos acaecidos en el territorio de la comunidad Monsalve


Por Nelson Ávalos

El sábado 21 se realizó un Trawn (encuentro, reunión) de la Coordinadora mapuche - tehuelche Trawleiñ To Kom en el territorio de  la Comunidad Francisco Monsalve.

La reunión se realizó en el sitio de la recuperación territorial de esa Comunidad, en Puerto Patriada.

La reunión se vio interrumpida por la irrupción de un grupo de vecinos del lugar

Estos increparon a los miembros de la Comunidad y a quienes los acompañaban, según declararon estos, en términos agresivos y violentos.

En varias declaraciones testimoniales ante la sede policial y la Fiscalía local, los denunciantes de ese hecho manifiestan la violencia de la situación que vivieron. El informe policial coincide con esa descripción.

Uno de los motivos de la agresión que sufrieron los miembros de la Comunidad y de la organización mapuche fue la presencia de una pareja que el día anterior había llegado al territorio en un colectivo - casilla (o motor home).

Según las declaraciones de Omar Mancilla - Werken de la Comunidad -, habían acordado con ellos que se instalen en el lugar "para trabajar en algunos proyectos productivos".

Pero debido al incidente, debieron retirar el colectivo del lugar.

A una semana de esos hechos, la pareja hizo llegar a esta Cabina Radiofónica la siguiente carta, en la que exponen su visión de la situación y explican los motivos de su presencia en el territorio comunitario.

Carta abierta a la comunidad de El Hoyo

Somos Alberto Oscar Rodríguez y Claudia Elisabet Sastre, un matrimonio que por decisión de vida hemos decidido trabajar voluntariamente con la Comunidad Mapuche Francisco Monsalve Quiñe Folil de Puerto Patriada; como muchas personas lo hacen y lo harán en muchas comunidades mapuches y aborígenes del país para ayudarlos en su tarea de reivindicar su territorio ancestral y recuperar su forma de vida tradicional de acuerdo a su cosmovisión, tal y como lo garantiza la Constitución Nacional y la Ley.

Hace ya unos meses que venimos reuniéndonos con la Comunidad para encontrar con ellos un modo de vida  digno, autosuficiente y respetuoso de los principios vitales de la Mapu; elaborando en conjunto una serie de proyectos productivos que íbamos a poner en marcha, con el pleno consentimiento de la Comunidad, expresado por las autoridades ancestrales.

No nos anima el interés por la posesión de la tierra, porque somos conocedores del derecho que indica que la tierra comunitaria no es enajenable de ningún modo, tal como indica el Artículo 75 de la Constitución Nacional, el mismo artículo que le reconoce a la Comunidad Francisco Monsalve el derecho ancestral sobre su tierra.

Como ciudadanos de pleno derecho somos libres de transitar por cualquier lugar, y de establecer nuestro hogar en cualquier sitio, permitido por la ley, como lo era donde estábamos instalados, y el mismo Estado, Nacional, Provincial y Municipal, debería asegurarnos el pleno ejercicio de estos derechos.

El grupo de personas que irrumpió en el Trawn que se celebraba en la Comunidad, suponemos que mal informados, engañados por la idea de que éramos “intrusos” o “usurpadores”, cómo nos llamó un funcionario provincial, deberían saber que fueron ellos y no nosotros los que cometieron un delito grave. Nos hemos sentidos agraviados por una extensa red de comentarios hacia nosotros, comentarios mendaces, que no tienen sustento con la realidad de los hechos, que además, ponen en peligro nuestra integridad física y moral, y vulneran los más básicos Derechos Humanos.

Una de los comentarios erróneos con que nos increpaban era el de haber “comprado” esa tierra, cosa que nunca quisimos hacer, y que además sabemos que no podemos hacer aunque quisiéramos, porque la Constitución Nacional así lo indica.

Consideramos que, habiendo efectuado los trámites pertinentes ante la justicia, debíamos informar a la población de cuál era y es nuestra situación, para no fomentar la confusión, parar la usina de rumores que se ha echado a rodar, y ponernos a disposición de la Justicia para  comprobar la veracidad de nuestros dichos.

Claudia Elisabet Sastre. 17.955.877
Alberto Oscar Rodríguez.  10.833.323

Comodoro Rivadavia: atacaron la sede del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado


Fuente: Indymedia
Por Antonio Soto
Foto: El Patagónico

El PSTU -Partido Socialista de los Trabajadores Unificado-, acaba de sufrir un ataque a su sede en Comodoro Rivadavia. Estamos denunciando el hecho, y llamando a la solidaridad.

El viernes por la noche, un grupo de entre 5 y 6 personas armadas –de acuerdo a testigos-, entraron por la fuerza a la sede del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Luego de producir destrozos y desorden y manchar las paredes con mensajes y leyendas, intentaron incendiar las instalaciones, previo a lo cual robaron dos computadoras y otros bienes, así como la documentación que acredita la legalización del partido, y cantidades de avales ya reunidos.

Todo el hecho demuestra un fin intimidatorio, propio de bandas o patotas de otras épocas. Es un claro ataque político, que no puede estar desligado del clima político del país y la provincia, así como de la actividad del PSTU.

El PSTU es reconocido por su constante lucha contra el saqueo del petróleo y la minería por parte de las multinacionales, por la estatización de los recursos naturales, la defensa de la soberanía, de los derechos de los trabajadores, de la educación y la salud públicas y los derechos humanos en general, así como por la necesidad de una definitiva independencia de nuestro país y por el socialismo. Por lo tanto, estos hechos no pueden dejar de tener conexión con un momento en que las grandes operadoras petroleras y mineras multinacionales están en una ofensiva sobre los recursos y los trabajadores. Y en que los trabajadores resisten esa ofensiva.

Reclamamos de los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como de la justicia, la más profunda investigación y el castigo a los implicados –materiales e intelectuales-. Los hacemos responsables por la seguridad de militantes, afiliados y locales, así como de velar por los derechos elementales políticos populares. A tal efecto, desde la Dirección Nacional del PSTU iniciamos contacto con los ámbitos oficiales nacionales respectivos, tales como el Ministerio del Interior, de Justicia, y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos.

Convocamos a todas las organizaciones que defienden los derechos democráticos, partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales, organismos de Derechos Humanos y personalidades de todos los ámbitos, a sumarse al rechazo a este atentado, y al reclamo de investigación y castigo.

COMITÉ NACIONAL DEL PSTU
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado

Solidaridad con el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado

Por Frente Unidad Sur

El Frente Unidad Sur expresa su solidaridad con el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados ante el grave atentado realizado en su local de Comodoro Rivadavia, este viernes a la noche.

Repudiamos esta acción antidemocrática, realizada claramente con la intención de obstaculizar el desarrollo político de una de las fuerzas críticas ante el actual modelo político.

Entendemos que todos los sectores políticos deben unir sus voces en rechazo de una práctica que debería ya haber sido erradicada de la cultura política del país.

Por Corriente Ana Sosa

Los docentes de la CORRIENTE ANA SOSA CHUBUT – CCC EN LA LISTA LILA (conducción de ATECH SUR) nos solidarizamos con los compañeros del PSTU repudiando el atentado sufrido en su local partidario.

Exigimos al poder político que sostiene la antidemocrática y proscriptiva ley electoral, la investigación de este gravísimo hecho y el castigo a sus responsables.

De quedar impune se trataría de un atentado a las libertades democráticas haciéndonos retroceder a nefastos momentos de nuestra historia.   

Opinión: “Cuatro años de un desastre ambiental en Caleta Córdova”, por Abel Vallejos


Por Abel Vallejos *

El 26 de Diciembre se cumplieron cuatro años del trágico episodio ambiental que afectó alrededor de 17 kilómetros de costas del barrio portuario de Comodoro Rivadavia Caleta Córdova, y que generó tanto malestar y angustia entre los vecinos del lugar. El caso tuvo como principales implicados a la planta Termap (sociedad integrado por las principales operadores que se encuentran en la zona) y al buque Arturo Illia, propiedad de la armadora Antares Naviera. La causa estuvo marcada por la falta de claridad en las explicaciones de lo ocurrido, una supuesta multa de 50 millones de dólares a los responsable anunciada por el ex gobernador de la provincial Mario Das Neves de la que nada se supo, y la despreocupación y desidia de las petroleras en materia ambiental.

El derrame de hidrocarburo fue descubierto durante la madrugada del 26 de Diciembre del 2007 por fuentes que no fueron precisadas, donde 300 metros cúbicos de petróleo tiñeron la costa del barrio portuario provocando un daño irreparable a la flora y fauna de la región, y limitando la vida laboral de las familias que viven de la pesca en la zona. 

Los  primeros comentarios radiales sobre lo ocurrido giraron en aquel entonces en torno a una probable falla en la monoboya que opera Termap, ya que si el buque hubiese provocado alguna perdida tendría que haber ido dejando durante su recorrido una cinta de crudo.

Razón por la cual la atención se centró en la monoboya, lo que implicaba que los responsables directos de lo ocurrido eran las petroleras que funcionan en la cuenca del golfo San Jorge. Otras de las situaciones que se ventiló fue la falta de un plan de emergencia para contener este tipo de derrames.

La inoperancia y la falta de preocupación por el medio ambiente por parte de las petroleras y el propio gobierno provincial quedaron al descubierto en un hecho puntual que conmocionó a toda la provincia y que hoy continúa demandando justicia.

Agua para el  fuego

Ante la gravedad de los hechos el gobernador, anunció que iniciarían una demanda penal  contra los responsables y que la multa oscilaría los 50 millones de dólares. “Seremos implacables”, sostuvo Das Neves en aquel entonces. Declaraciones que vinieron bien para la prensa nacional y para su proyección presidencial, ya que la noticia trascendió las fronteras provinciales por su gravedad y se instaló en la agenda de importantes grupos mediáticos por un tiempo.

Otras de las cosas que manifestó el ex titular del ejecutivo provincial, fue que cada centavo de lo obtenido por las acciones legales iniciadas, iba ha ser invertido en el barrio portuario; discurso que luego fue pregonado a los cuatro vientos por Martín Buzzi quien ocupaba la intendencia de Comodoro Rivadavia en aquel entonces y quien hoy es el nuevo gobernador de Chubut.  Esto último, también tuvo un fin concreto;  apaciguar las aguas de la bronca e impotencia de los vecinos de Caleta Córdova, quienes presenciaban el escenario que se montaba a su alrededor en función a una tragedia ambiental que los afectó directamente y que cambió su estilo de vida.

Ante este escenario, los vecinos protagonizaron una especie de pueblada, cortaron la ruta Nº 1 de ingreso al barrio solicitando justicia ante lo ocurrido, el reclamo fue tan efímero como la buena voluntad política materializada en palabras el día del desastre ambiental.

Luego de eso, se armó un comité de crisis o de emergencia municipal que tenía la intención de buscar o planear acciones posibles para atender el derrame. También se anunció la llegada de Ongs y otras organizaciones que colaboraron en el rescate de la fauna afectada.  Todo en un marco de desorganización y precariedad de recursos, que ponía en evidencia el desinterés del estado provincial y municipal en materia ambiental.

En tanto, en la cámara de diputados de la provincia el único partido político que se hizo eco de lo ocurrido fue el ARI, que a través del diputado Fernando Urbano presentó una denuncia penal en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia acompañado por el presidente de la federación de abogados ambientalistas del país Enrique Viale. Los vecinos de Caleta Córdova también tuvieron la intención de presentarse como querellantes en la causa ya que eran afectados directos.

En este punto, cabe aclarar que la condición de querellante  brinda la posibilidad de acceder a la información que controla la justicia e incluso el propio gobierno provincial que supuestamente participó en la investigación. Que los vecinos o algún partido político opositor adquieran la condición de querellante era algo peligroso para la provincia y la propia justicia. Ya que si eran detectadas irregularidades durante el proceso de investigación o se descubría que se obviaban pruebas fundamentales para establecer responsables, o peor aún, si se detectaban posibles acuerdos entre las partes intervinientes, estas situaciones adquirirían vida mediática rápidamente y podrían recaer causas judiciales sobre la provincia y sobre quienes dirigían los hilos de la investigación.

Como era de esperarse, la Juez Parcio no dio lugar a la denuncia penal presentada por el ARI. En tanto, desde la justicia se pregonaba un absoluto hermetismo y no se brindaba información a periodistas que seguían de cerca el caso. Pero el supuesto hermetismo presentó extrañamente algunas fisuras, es que un conocido matutino de Comodoro manifestó tener en su poder una fotografía satelital del buque que permitiría establecer que el derrame se había generado desde el buque presidente Arturo Illia y no sobre la monoboya.

Por supuesto, la noticia ocupó la primera plana del diario. De esta manera, se intentó inclinar la balanza en beneficio de Termap y las operadoras que conforman esta empresa, que fueron las grandes ausentes durante lo ocurrido.

 Con el correr del tiempo quedaron implicados el capitán del buque y algunos tripulantes. Durante toda la investigación que llevó adelante la Juez Federal se evitó tocar la responsabilidad de las operadoras en el desastre ambiental provocado en Caleta Córdova, como así también la del gobierno provincial y nacional.

El municipio de Comodoro Rivadavia, invirtió en un paseo costero y en la organización y promoción de la feria de maricultores, de esta manera se apaciguaron los ánimos de los vecinos durante un tiempo. Pero lo cierto es que cada 26 de diciembre el recuerdo de aquel lamentable episodio, reaviva el espíritu de injusticia que se continúa respirando en el barrio portuario.

* DNI 26.441.838

Opinión: “Declaración jurada”, por Luis Dupuy


Por Luis Dupuy *

El trabajo para el Fiscal Hefin Blas Meza Evans podría llegar a ser tanto que hasta  llegaría al desborde de la actual estructura bajo su responsabilidad, si se inician todas las investigaciones que serían necesarias ante hechos que acontecieron y ocurren actualmente, a ojos vista, y que afloran por doquier como presuntos ilícitos.

Uno de los temas más sensibles para gran parte de la ciudadanía del Chubut, es el relacionado con las anormalidades existentes en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Las denuncias públicas proliferan, en diferentes medios de comunicación, hechas por ciudadanos que casi siempre aún trasuntan algo de temor por posibles represalias, y que por ello tratan de preservar su identidad, y prefieren no dar referencias muy concretas.

Sin embargo es una clara señal de que la “conciencia colectiva del Chubut” despierta cada día más, el hecho de que las expresiones de ciudadanos y habitantes se han incrementado en las últimas semanas en los medios de comunicación provincial, y precisamente a partir de la asunción del Gobernador Martín Buzzi, quien en muchos aspectos es lo opuesto, una verdadera antítesis de su predecesor, y genera expectativas positivas, y esperanzadoras.

Ahora son centenares de voces las que opinan y denuncian sobre lo que antes se decía pero en voz muy baja. Quizás y precisamente se pueda ver, leer o escuchar a ciudadanos de todas las edades y segmentos sociales opinando públicamente porque esos vecinos empiezan lentamente a perder los miedos, a participar, a denunciar, dar testimonios, y pareciera que vuelven a tener esperanzas en un cambio de paradigma, después soportar ocho años con censuras, acosos y persecuciones laborales, como las que padecieron todos aquellos que no se doblegaron ante las autoritarias y caprichosas políticas del Modelo Chubut.

Un caso testigo del nuevo tiempo

Días pasados un agente del Poder Judicial me comentó que había leído un trabajo periodístico sobre los 38 años del I.P.V. Chubut, y que entre otras consideraciones, gratamente le había llamado la atención la repercusión expresada en la cantidad de comentarios de todo tenor que la nota en cuestión había originado, y que fueron difundidos por una cantidad significativa de medios radiales, periódicos y páginas web de diferentes lugares de la provincia, tal lo manifestado por sus propios amigos, que también conocían el tema y viven y trabajan en distintas ciudades y pueblos del Chubut.
Hay un cambio positivo en esta sociedad provincial que el pasado 20 de Marzo le dijo no al autoritarismo de quien llego a decir, “la cancha la marco yo”.

En Internet, la página web Rawsonline es uno de los medios tradicionales de la capital de la provincia, donde se difunden noticias de calificadas fuentes, y en el que los comentarios de los vecinos sobre el tema viviendas en Chubut, aportaron interesantes datos que deberían ser tenidos en cuenta por los responsables de investigar presuntos actos de corrupción.

En particular deberían ser de la atención de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, que dicho sea de paso poco y nada se sabe qué hizo y hace, la Defensoría del Pueblo, y por supuesto la Legislatura del Chubut, y el Tribunal de Cuentas del Chubut. Sería realmente interesante que quienes deberían ejercer el control, lean las opiniones de esos ciudadanos.

Declaraciones Juradas

Es necesario construir un Estado Abierto, y para lograr este modelo propio de las nuevas democracias, todos debemos participar. El pueblo del Chubut necesita volver a creer en sus autoridades e Instituciones, de ello no cabe duda alguna. La tarea de lograr ganar la confianza y credibilidad mayoritaria no será fácil y de corto tiempo. Pero fundamentalmente dependerá de los resultados del accionar de las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas, como así también de los responsables de los diferentes organismos de control, sin olvidar a la Justicia de la Provincia del Chubut, la que no escapa a las críticas de gran parte de la sociedad.

Sería importante que se puedan conocer públicamente las Declaraciones Juradas de los funcionarios que se fueron ya que en algunos casos podría quedar allí acreditado un incremento patrimonial significativo y que tendrían que justificar convincentemente, más de un funcionario.

Algunos casos sospechados   

Entre los temas que son motivo de charlas en diferentes escenarios y generan frecuentemente discusiones a favor o en contra de cómo se debería transparentar las múltiples presunciones de irregularidades, está el referido al tema viviendas y las adjudicaciones posiblemente indebidas.

Ocurre que en estos hechos aparecieron nombres que en principio son iguales a los de funcionarios provinciales salientes y otros que recientemente han jurado como integrantes del nuevo gobierno asumido el pasado 10 de Diciembre, inclusive el de un miembro del Gabinete, también alguno similar al de un Intendente en ejercicio, y en otros casos al de Diputados Provinciales salientes y actuales, y nombres similares a los de familiares directos de los mismos.

En sede judicial existe un padrón con los nombres de beneficiarios de planes habitacionales a los que el IPV Chubut entregó viviendas en los pasados ocho años. La Justicia del Chubut y como resultado de una Acción de Amparo promovida por un Diputado mandato cumplido, recibió un padrón, pero solo parcial, con los nombres de alrededor de unos 7.500 adjudicatarios, de los 14.000 seleccionados para recibir una casa nueva que según funcionarios salientes habrían sido entregadas por el Gobierno de Mario Das Neves.

En el referido padrón se leen entre los nombres de los beneficiarios de viviendas del instituto, desde el 2004 al 2010, apellidos y nombres iguales como se dijo, de un Intendente, otros funcionarios de provincia con rangos de Secretario, de subsecretario y Director General, por citar solo algunas situaciones, como así también nombres iguales a los de Diputados, y otros que coinciden con el de familiares directos de los funcionarios, todos casos que deberían ser aclarados para aventar todo tipo de sospechas.               

Una esperanza latente

Es la que mantienen alrededor de 33.000 inscriptos en el Padrón Abierto permanente del IPV Chubut, muchos de los cuales en los últimos años han padecido la desilusión de no haber sido seleccionados en los escasos planes construidos si se tiene en cuenta el enorme déficit existente, y peor todavía han experimentado una burla y estafa a la moral, al tomar conocimiento de que muchas viviendas habrían sido adjudicadas de manera “irregular”, y a quienes no les correspondería por el hecho de haber sido supuestos beneficiarios de tráfico de influencias, en posible pago a militancia política en algunos casos y por “amistades” personales en otros.

Una profunda investigación del Fiscal Meza Evans permitiría esclarecer estas situaciones que en principio aparecen como injustas, que en algún caso se podría deber solo a una mera coincidencia de nombres y apellidos homónimos, pero que en otros seguramente los más, podrían llegar a constatar las presunciones de haber sido mal adjudicadas que hoy por hoy tienen miles de chubutenses, que nos merecemos un Estado Abierto, es decir un Estado que nos permitiría gozar de una mejor democracia y donde se garantice mayor Justicia para todos.

* DNI 11.531.620

Gobernador Gregores: “La minera que pretende 'explotar' la meseta chubutense en problemas”


Por Humberto Kadomoto *

DERRAME DE LIQUIDOS CIANURADOS EN MINERA TRITON, en Gobernador Gregores. Santa Cruz. La empresa Minera Tritón, a cargo del yacimiento, es propiedad de las canadienses Pan American Silver (casi la totalidad de las acciones) y Silver Standard Resources.

EL ALTO COSTO DE LA MINERIA EN SANTA CRUZ !!

El concejal Ambientalista Marcelo Serafini de Gobernador Gregores, denunció ante Medio Ambiente y Minería de Santa Cruz, un derrame de líquidos cianurados, producido en Minera Triton -  yacimiento Manantial Espejo a pocos kilómetros de Gobernador Gregores, la mañana del viernes 27 de Enero de 2012.

La muerte de un minero Jujeño en un socavón, el pasado 21 de enero en la empresa Cerro Vanguardia en Puerto San Julián, sumado al accidente en el yacimiento San José-Huevos Verdes (Minera Santa Cruz) el pasado 2011, donde un operario también perdió la vida tras caer en un pozo de ventilación, y los múltiples accidentes ambientales que provoca la joven mega explotación minera en Santa Cruz, plantea según el Concejal, “un alto costo que deben pagar los santacruceños y su tierra”, por una actividad que siquiera nos permite financiar nuestra provincia.

Es la tercera vez que Minera Tritón tiene un inconveniente serio en el funcionamiento de su planta, y esto merece total atención. En 2011, la minera estuvo tres días con producción detenida por incidentes con equipos de manejo de compuestos cianurados. El accidente ambiental de Cerro Vaguardia con el derrame de pulpa cianurada; todos ellos ocurridos en muy poco tiempo para las estadísticas de la corta vida de mega explotación minera en Santa Cruz, es a esta altura un “llamado de alerta” para los funcionarios provinciales, confirmó Serafini.

Dos muertes, y un sinnúmero de accidentes ambientales de los que han tomado estado público; ya que muchos otros son considerados “comunes” y no se dan a difusión, representan “un costo muy alto para nuestra provincia, que no alcanza siquiera a financiarse con la extracción de oro, plata, petróleo y gas”.

Esto nos lleva a replantearnos a los argentinos en general y en particular a los santacruceños, seriamente el modo de extracción minera, repreguntándonos si es que alguna vez nos preguntamos, cual es el costo de realizar minería a cielo abierto y con cianuro en Santa Cruz, que se vende al mundo como Patagonia Pura. Donde está la ganancia, si nuestra gente muere y el agua y el paisaje se perjudican.

Es necesario modificar de manera urgente, la legislación vigente sobre minería y los ingresos que percibimos por la explotación de un recurso “no renovable”, porque el riesgo es alto, la velocidad de extracción acaba los yacimientos en tan poco tiempo, que los obreros, no logran pagar ni su auto, ni su casa, ni los estudios de sus hijos, sino sufren antes, algún percance que los inutilice de por vida.

De esta manera el Concejal Ambientalista Marcelo Serafini, aseguró que la ciudadanía en general, debe continuar discutiendo y reclamando ante sus funcionarios electos, la toma urgente de estado de conocimiento, para provocar un cambio inmediato en el tratamiento de esta cuestión, apoyando la pueblada que llevan adelante los Riojanos, que no cede ante argumentos de la corporación minera, ni la corrupción establecida con funcionarios y sectores del estado.

Concejal Ambientalista Marcelo Serafini (UCR, G. Gregores)
hcdgregores@hotmail.com - 0297-154175245

* DNI 17.823.940

Neuquén: una comunidad mapuche recuperó tierras en disputa cerca de Villa La Angostura



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Nueve familias de la comunidad Quintriqueo recuperaron tres accesos al lote pastoril 42 y 43, ubicado en un sector que se conoce como El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. Los sitios de la reafirmación mapuche están a pocos metros del lago Nahuel Huapi en un lugar paradisíaco. La presencia de los Quintriqueo está documentada desde hace más de un siglo en el lugar, tanto en archivos y cartografía de la zona.

Por La Mañana de Neuquén

“Nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho”, afirmó el lonko José Quintriqueo, quien sostuvo que se trata de una recuperación de territorio.

Allí una hectárea se cotiza por cientos de miles de dólares. Admitió que son tierras en conflicto con privados, pero aseguró que la comunidad Quintriqueo está desde hace más de un siglo en el lugar.

Y para corroborar su postura, mostró a La Mañana de Neuquén una fotocopia de un mapa del siglo pasado, donde el nombre Quintriqueo aparece junto al de familias como Jones y Newbery.


El lonko dijo que “estamos en resguardo del territorio”. A los pocos metros hay algunas carpas y en los tres sitios ocupados ondean banderas mapuche. Dijo que se instalaron el viernes al mediodía.

El comisario José Cuadrado informó que alrededor de 30 personas que se identificaron como integrantes de la comunidad Quintriqueo ocuparon tierras en la zona del Pedregoso.

El policía indicó que las familias ingresaron por unas tranqueras. Dijo que se inició una causa penal por el presunto delito de usurpación y que interviene el juez de Villa La Angostura, Jorge Videla.

Además agregó que la mujer que asegura ser la propietaria de las tierras, María Broers, radicó la denuncia contra las familias por usurpación.

La Policía se enteró del hecho por vecinos de Villa La Angostura que observaron a las personas ingresando a las tierras.

Quintriqueo dijo que no reconoce a Broers como dueña de las tierras. Y aseguró que el padre de la mujer llegó en la década de 1970 buscando un espacio donde poder cazar y que su padre, quien falleció hace pocos días, le cedió un espacio, pero no la posesión. Pero después el tema se complicó, aunque afirmó que siempre los animales de la comunidad estuvieron en esos lugares de invernada.

El lonko negó la acusación por usurpación, y adelantó que no abandonarán las tierras.

“El asentamiento territorial es más que propiedad privada es el resguardo para nuestra existencia”, dice una bandera que está instalada en la entrada de uno de los accesos al lote pastoril 42.

Catamarca: usan la Ley Antiterrorista para impedir la lucha contra la megaminería


Por ComAmbiental

Hace un poco más de 24 horas ComAmbiental informó que la Justicia de Catamarca aplica la Ley AntiTerrorista para impedir el bloqueo a los camiones de minera La Alumbrera, por ahora en el departamento de Santa María. En diálogo con una de las abogadas de los asambleístas, ampliamos la información sobre el caso. Pedirán la inconstitucionalidad de la Ley y la nulidad de la imputación, a la vez que denunciaron al fiscal que interviene en la causa.

Eco-Terroristas. La abogada Selene Herrera sintetizó a este medio la situación de los asambleístas: "Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal". Al mismo tiempo, denunció que "esto es una causa armada" por el fiscal provincial interviniente, Julio Landivar. Por ello, habrían tenido que recurrir a la figura del "terror público".

"La maniobra que se hace con esta Ley Anti-Terrorista es terrible. Se han derogado dos artículos donde estaban tipificados qué actividades eran terroristas, dejando ahora un artículo vago", advirtió la abogada. De este modo, resulta que “cualquier protesta social o actitud en contra de una decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo”.

Es decir, que esto “vulnera el derecho de peticionar ante las autoridades, por ejemplo de que se modifique una ley” como es la que permite la megaminería a cielo abierto en las distintas provincias de Argentina. “Seguramente se va a plantear la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista porque no puede ser lo que están haciendo y menos que quede en manos de jueces o fiscales como los que han actuado en esta causa como si fueran sus feudos”, agregó.

También desde la organización Conciencia Solidaria se sumaron al pedido. "Deben entender que quienes luchamos por la vida no somos `terroristas´. Es necesario la urgente derogación de la Ley Antiterrorista, que a todas luces está hecha a la medida de los intereses de las corporaciones megamineras, y atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional", expresó Mariela Silverstein, integrante de la ONG.

Y justificó: "La instalación y continuidad de estos megaproyectos multinacionales, que profundizan el saqueo y la destrucción, necesitan un marco legal que los posibilite y dentro de este marco está la Ley Antiterrorista que ya se está aplicando, avasallando los derechos de las poblaciones más vulnerables". La finalidad más concreta, entonces, es sacar a los ambientalistas de las rutas por donde se mueven las corporaciones mineras.

La causa. Junto con Nidia Gauthier, quien asistió a los asambleístas, Herrera planteó la nulidad de la imputación y pedirá oportunamente una indagatoria del juez para que actúe un juez federal. Además, calificaron que “la detención ha sido ilegal” e informaron que “el fiscal Landivar y el comisario Pastrana están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones”.

Recordamos que las detenciones fueron siempre en el departamento de Santa María, mientras que el corte de Belén ya va por el décimo día, donde ayer se registraron incidentes con camioneros de La Alumbrera. Además, se sumó también un corte en Tucumán, sobre la misma ruta 40, en la entrada de Amaicha del Valle. Justamente, para el primero de febrero llaman a una gran movilización, puesto que ese día reasume sus funciones el fiscal de Belén, Jorge Flores, quien ya mandó a reprimir en mayo de 2011, según informó la Asamblea El Chañar.

Entre las irregularidades de lo ocurrido el viernes en Santa María, se señala que se trataba de un bloqueo selectivo y pacífico contra los camiones y proveedores de la minera La Alumbrera, es decir que era una acción de protesta claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Además, “la gente fue detenida arbitrariamente, sin orden de desalojo”. Para tener una idea, un señor fue “levantado” cuando salía de comprar una gaseosa en una despensa. Otra señora fue detenida con su hija de tres años en brazos y amenazada con que pondrían a su niña a disposición del juez de menores.

Por si fuera poco, “se armó una comisión especial para ‘armar la causa’ literalmente –detalló Herrera- y el fiscal mismo dijo delante de la gente que si no había causa la iba a inventar”. Asimismo denunció que “se tomó la indagatoria en la comisaría” siendo que representa al Poder Ejecutivo de la Provincia, en lugar de hacerlo en un juzgado como debiera. Hasta el momento, no hay declaraciones de la gobernación de Catamarca sobre el tema.

Sin embargo, eso no es todo. Hubo intentos de arresto contra la propia abogada y un compañero que filmaba la situación desde la vereda –en la vía pública– a través de la ventana de la comisaría. Es que querían constatar que “no había ningún abogado defensor dentro de la sala donde se tomaban las audiencias”, porque le habían negado el acceso.

El poder de decir "terrorista"

No se trata de que el gobierno nacional mande a utilizar directamente la Ley Anti-Terrorista. La sanción de una Ley justamente habilita a las autoridades del Poder Judicial a aplicarla según su interpretación. Y esto, más allá de cualquier disidencia partidaria, es el mayor peligro para las movilizaciones sociales. Sobre todo para los asambleístas que luchan contra corporaciones con gran poder en las provincias. Y así lo habían denunciado en su momento las distintas organizaciones de Derechos Humanos.