Por Darío Aranda *
En Argentina se produjeron siete asesinatos de campesinos e
indígenas en sólo tres años. El caso más reciente: Miguel Galván, 40 años,
integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía
Campesina), víctima de un sicario que le cortó el cuello con un cuchillo. El
trasfondo de la represión: el modelo agropecuario, que pretende aumentar un 60
por ciento la producción de granos y avanzar sobre territorios donde viven y
trabajan campesinos e indígenas. El gobierno nacional no condenó ninguno de los
asesinatos y en el Congreso Nacional está congelado desde hace un año un
proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. El Consejo Plurinacional
Indígena (CPI) llamó a frenar el modelo extractivo y exigió respetar los
“derechos humanos” de las pueblos originarios.
Javier Chocobar, Sandra Ely Juárez, Roberto López, Mario
López, Martíres López y Cristian Ferreyra. Todos campesinos e indígenas
asesinados en los tres años recientes. A la triste lista se sumó el 10 de
octubre Miguel Galván, integrante del Mocase-VC. Desde mediados de este año su
familia había comenzado a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona
por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de
territorios de campesinos e indígenas para sembrar soya y maíz transgénicos.
El Mocase-VC, una de las organizaciones referentes de la
lucha campesina de Argentina, había emitido el 16 de septiembre un comunicado
premonitorio: “Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”, fue el título.
El movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra
(noviembre de 2011), había alertado sobre la violencia en el norte provincial.
“Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría
haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en
el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización tres
semanas antes del nuevo asesinato.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba:
“Comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan
todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la
tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de
los más olvidados”.
En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó
la soya transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba seis millones
de hectáreas. En 2003 ya abarcaba 11 millones. En el más reciente ciclo, el
Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19.8 millones de hectáreas, el
56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), programa presentado en 2011 por la presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones
toneladas de granos (un 60 por ciento más respecto de la actual cosecha).
El “corrimiento de la frontera agropecuaria”, eufemismo
técnico para graficar la avanzada del agronegocio sobre regiones campesinas e
indígenas, multiplicó los conflictos en todo el norte de la Argentina. Sólo en
Santiago del Estero, el gobierno provincial contabilizó –en los cuatro años
pasados– 600 conflictos por tierra.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) –un colectivo
que reúne a organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y
técnicos– realiza relevamiento de conflictos. En el más reciente procesamiento
de datos, de agosto de 2011, había contabilizado (para la zona del norte del
país) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y
diez mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la
frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza 11.4 millones de
hectáreas y son afectadas un millón 600 mil personas.
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la
disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición
de una cultura sobre otra. Por un lado, el agronegocio, donde la tierra es un
espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y
campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en
su informe. No es casualidad que el grueso de los conflictos (89 por ciento) se
iniciaron a partir del 2000: “Coincide con el impulso del modelo
agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para
la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la
frontera agropecuaria”.
El 17 y 18 de noviembre se reunieron en Buenos Aires
organizaciones indígenas de todo el país, entre las cuales estaban el Consejo
Plurinacional Indígena (espacio de articulación nacido en el Bicentenario
argentino -mayo de 2010). Apuntan de lleno al modelo extractivo (agronegocios,
minería, petróleo). “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en
normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin
embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad
es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado
con los pueblos indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan
solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos
de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento que golpea de
lleno en una de las banderas del gobierno kirchnerista: los derechos humanos y
la vulneración sistemática en lo que respecta a pueblos indígenas.
* Periodista e investigador argentino
Nota relacionada: Puerta E: “La vida es el territorio”, por Darío Aranda
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