Por Proyecto Sur Chubut
Desde Proyecto Sur, advertimos graves falencias en el Marco
Regulatorio Hidrocarburífero aprobado recientemente por el gobierno. Señalamos
en este documento algunas de las más importantes:
1. Procedimiento. La ley fue aprobada entre gallos y
medianoche (el 27 de diciembre), luego de muchos tironeos entre intendentes,
diputados provinciales, funcionarios provinciales y, sobre todo, lobbistas de
las principales operadoras. Teniendo en cuenta la importancia de la explotación
hidrocarburífera para la provincia, debería haberse realizado un debate amplio
y más prolijo. Este aspecto es comprensible si se tiene en cuenta que el Marco
Regulatorio fue impulsado por los mismos que tramaron la renegociación
anticipada de los contratos petroleros en el 2007.
2. Vaguedad conceptual. Hay varios aspectos de la ley cuya
vaguedad resulta por lo menos preocupante. Por ejemplo, entre los objetivos de
la actividad hidrocarburífera se mencionan “contribuir al autoabastecimiento
del país, asegurar un adecuado margen de reservas y la obtención de saldos
exportables”, pero estos conceptos no son precisados. ¿Qué se entiende
concretamente por la 'contribución al autoabastecimiento del país'? ¿Y por
'adecuado margen de resevas'? Vale tener en cuenta que estos dos objetivos
pueden ir en contra del tercero: la exportación de crudo, la principal meta de
las operadoras (y de sus representantes en el gobierno). Otro concepto definido
con extrema imprecisión es el de 'licencia social'. Según el texto de la ley,
una empresa obtiene su licencia social (es decir, el aval de la sociedad civil)
por el mero hecho de elaborar una Declaración de Impacto Ambiental, que es un
documento que 'puede ser requerido' por la Legislatura. En
otras palabras, un acuerdo entre la empresa y el Ejecutivo, que decidirá si se
hizo algo parecido a una ronda de audiencias y actividades similares.
3. El rol comodín de Petrominera S.E. Hay un solapamiento de
funciones entre Petrominera y la
Autoridad de Aplicación de la ley, es decir, el Ministerio de
Hidrocarburos. La empresa estatal es el instrumento que utiliza el Ejecutivo
para otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación y, a la vez,
la autoridad que debe velar por el cumplimiento de los derechos otorgados. Es
decir, en aspectos fundamentales de la producción hidrocaburífera, los
directivos de Petrominera reemplazan al Estado.
4. La despreocupación ambiental. En varios pasajes de la ley
se menciona el cuidado ambiental, pero nunca se define con precisión qué se
entiende por daño ambiental. Además, se excluye a la comunidad de la
participación en la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones
ambientales. El Marco abre las puertas a
la “eventual explotación de hidrocarburos no convencionales”, la que puede ser
posible mediante una solicitud a Petrominera. La nociva técnica de fracking no
está en absoluto prohibida.
5. La apuesta al modelo extractivista. El gobierno sigue
apostando al extractivismo. En ningún pasaje de la ley se determina que un
porcentaje de las regalías deban ser destinadas a la diversificación productiva
o al desarrollo de alternativas sustentables. En otras palabras, se mantiene
una mirada cortoplacista sobre las posibilidades de la región.
6. La negación del concepto de soberanía hidrocarburífera.
El Marco es una demostración más de que la bandera oficial de “soberanía
energética” es un discurso vacío de contenido real. A través de este
instrumento legal, el gobierno mantiene el esquema privatizador en la
explotación del crudo, continuando el modelo neoliberal de los '90.
7. La nula participación de la comunidad. La ley prevé vagas
instancias de participación comunitaria en las “audiencias” que las empresas
deben realizar para obtener la “licencia social”. Más allá de esta instancia,
la comunidad es expulsada fuera del marco de regulación de la actividad
hidrocarburífera: no se le concede un lugar en la vigilancia el cuidado
ambiental ni en el cumplimiento de otros aspectos de las normas. Esto es grave
si se tiene en cuenta que gran parte de las acciones de exploración y
explotación serán acordadas entre las empresas y los directivos de Petrominera.
8. El incentivo a la política de la improvisación gobierno.
A la luz de lo ya mencionado, los fondos que ingresen en concepto de regalías
directa a las localidades petroleras serán un combustible para la improvisación
oficial. No hay un plan estratégico de desarrollo pensado para un horizonte de
diez o veinte años. La denominada “reparación histórica” de la zona Sur puede
terminar siendo plata fresca para tapar agujeros y para propiciar más negocios
con los amigos.
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario