Por Juan Gasparini *
La
Argentina va a comparecer en Ginebra el próximo 13 de marzo,
en la tercera semana de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, que
comienza sus deliberaciones este lunes. Deberá responder si acepta, rechaza o
considera que ya está implementando las 118 recomendaciones formuladas por 56
países el 29 de octubre pasado. El menú abarca violencia de género, el aborto,
cárceles, libertad de expresión, discapacitados, indígenas, afroargentinos,
migrantes, y proseguir el juicio y castigo a los responsables de la última
dictadura militar.
Estas recomendaciones son el resultado del Examen Periódico
Universal (EPU) que Naciones Unidas somete de forma escalonada una vez cada 4
años a todos sus 193 Estados miembros. Son reuniones abiertas donde los países
que así lo estimen formulan observaciones en un "dialogo interactivo"
con el país examinado. El debate se refleja luego en un informe, cuya versión
en castellano viene de ser publicada, a la que ahora le falta la respuesta del
gobierno argentino.
Compuesto por 47 países elegidos tras el voto secreto de la Asamblea General
de la ONU, que se
van rotando anualmente según una distribución por regiones del planeta, el
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU integra en 2013
a 8 países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, además de
Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. La presente
sesión finalizara el 22 de marzo venidero.
Máximo órgano en los temas de derechos individuales y
libertades públicas, el Consejo dispone de una jurisprudencia que consagra a
los derechos humanos como universales, indivisibles, interdependientes e
interconectados entre sí. Estipula que carecen de jerarquía, y el presunto
respeto de unos no puede llevarse a cabo habilitando la supuesta limitación de
otros.
Al margen del orden cronológico del informe, por su volumen
destaca una larga serie de recomendaciones planteadas por 30 países, las cuales
significan interpelaciones para garantizar los derechos de la mujer, contra la
violencia que padecen -en particular doméstica- no transgredir sus derechos
sexuales y reproductivos, erradicar la trata y discriminación de las que suelen
ser objeto, endurecer la penas para los victimarios, prosperar en la
emancipación de la mujer y "la incorporación del delito de femicidio en el
Código Penal" (Moldova, Indonesia, Ecuador, Libia, Malasia, Singapur,
Belarús, Iraq, Sri Lanka y Perú).
Costa Rica reclama para las mujeres "servicios amplios
y gratuitos de asistencia jurídica, atención sicológica y refugios".
Grecia y Marruecos piden "responder mejor al problema de la violencia
doméstica". Países Bajos sugiere "analizar las causas de la
impunidad... y asignar fondos y personal para atacar esas causas". Noruega
espera la creación de "un corpus integral de datos estadísticos sobre
violencia de género en todo el país". Palestina aguarda "la
aplicación efectiva de la legislación de prevención y sanción" de esa
violencia. Gran Bretaña insta a publicar los datos "fiables" que
recoja un órgano con "mandato". Portugal reivindica "sanciones
de los agresores" y "un plan de acción nacional para la
prevención".. Nota completa
* Anticipo exclusivo en www.plazademayo.com del 21-2-2013
@juangasparini, Ginebra, 25 de febrero de 2013.
Nota
relacionada: "El negocio de los Derechos Humanos"
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