Fuente: ADN
Se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche,
a cargo del juez Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron
las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia
de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por
el paraje “Tacuifi”.
Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda
junto a su letrado patrocinante, Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI,
miembros de la Secretaría
de Ambiente de la Provincia,
Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A.
También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional
M.C. Fernanda Reyes, Ana Wieman y demás
miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la
acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las
modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro
del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura
de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y
vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el
denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida
pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto
de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior
Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por
Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron
una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la
letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de
montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente
resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento
que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias
(astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en
forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de
los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas
dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado
su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en
todo el territorio provincial y nacional, dijo el ARI en un comunicado.
Nota relacionada: Informe: “Joe Lewis, el magnate inglés resistido por los ambientalistas en la Patagonia”
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario