domingo, abril 07, 2013

Bariloche: confirman procesamientos y preventivas para integrante de la Cooperativa 1º de Mayo



Por FOB Rosario

A continuación compartimos nota de los colegas del diario Río Negro donde explican cómo los jueces (perseguidores de militantes sociales) Alejandro Ramos Mejía, Marcelo Barrutia y Miguel Gaimaro Pozzi rechazan excarcelación de los 5 Presos/as Políticos/as, colaborando con la impunidad de la provincia gobernada por el "caza pobres" Weretilneck. El pedido había sido echo por el fiscal de Cámara Carlos López para que los 5 Presos/as Poíticos/as esperaran el juicio en libertad. Estos 3 representantes de la justicia rionegrina, perseguidores de militantes, insisten en no divulgar evidencias reales que vinculen a los saqueos con los 5 compañeros presos/as. Evidentemente están esperando las elecciones en Río Negro y el referéndum en Bariloche. Por ende demuestran una vez mas la persecución política lanzada sobre estos 5 militantes sociales de la Cooperativa 1º de Mayo que "molestaban" a las autoridades haciendo reclamo todos los días organizados con el resto de la población pobre de El Alto de Bariloche.

Fuente: Diario Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los líderes de la Cooperativa 1 de Mayo seguirán presos por los saqueos ocurridos en Bariloche el 20 de diciembre pasado.

Los jueces de la Cámara Criminal Primera, Alejandro Ramos Mejía, Marcelo Barrutia y Miguel Gaimaro Pozzi, resolvieron en un fallo unánime rechazar las apelaciones de los defensores de Miguel "El Mohicano" Mansilla, José Paredes y de tres mujeres, confirmando los procesamientos y la prisión preventiva dispuesta en primera instancia.

El fallo se difundió ayer desde el Poder Judicial, a escasas horas del referéndum que definirá mañana si se revoca o no el mandato del intendente suspendido Omar Goye.

Los saqueos del 20 de diciembre provocaron la crisis institucional que derivó en la suspensión del intendente.

A los cinco imputados les atribuyen los supuestos delitos de robo en poblado y en banda con uso de armas impropias y coacción. Los jueces sólo admitieron cambiar la calificación legal del delito de extorsión por coacción, que tiene una pena menor.

El juez de Instrucción Ricardo Calcagno había dictado a finales de enero pasado los procesamientos con prisión preventiva de los cinco imputados, quienes están detenidos desde el 13 de enero pasado.

Mansilla y Paredes están presos en la Comisaría de Dina Huapi, mientras que las mujeres tienen el beneficio de la prisión domiciliaria.

Todos continuarán arrestados porque la prisión preventiva fue confirmada.

Los jueces desestimaron el dictamen del fiscal de Cámara Carlos López, quien había propuesto que sigan procesados pero concederles la libertad. También, recomendó desestimar el delito de extorsión porque no estaba acreditado y sustituirlo por coacción.

Una alta fuente judicial observó que por lo general los jueces fallan de acuerdo al dictamen fiscal. Aunque reconoció que la causa de los saqueos es delicada.

Ramos Mejía sostuvo en su voto, al que Barrutia y Gaimaro Pozzi adhirieron, que "de la correcta valoración del material probatorio colectado surge de manera inequívoca un plan preordenado con convergencia intencional para llevar a cabo el saqueo que produjo los efectos que son de público conocimiento".

"No sólo dan cuenta de ello el material fílmico y los testimonios, sino que como bien dijo el gerente de la entidad, el suceso era sabido hasta por el mismo intendente Goye, que en función de ello, formuló requerimientos de beneficencia social", afirmó.

Para el juez está comprobado de acuerdo a las pruebas recolectadas que los imputados fueron los responsables de los robos y que actuaron en banda y en poblado.

Ramos Mejía consideró que los "proyectiles" que el grupo asaltante utilizaba de manera intimidante y agresiva, constituyen "armas impropias".

El juez recordó que la investigación aún no ha concluido. Y consideró que la posibilidad de que alguno de los cinco imputados recupere la libertad "podría implicar seriamente por razones obvias que la investigación quedara en un punto muerto".

Además, señaló que por la gravedad de las penas que implican los delitos que se les atribuyen a los imputados, es posible que en libertad "puedan intentar no solamente entorpecer la investigación" sino también fugarse.


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