Por ODHPI
El Informe 2013 del ODHPI puntualiza en la situación de los
pueblos indígenas de la
Patagonia. Avanzada territorial (petrolera, minera y de
estancieros), criminalización de la lucha de las comunidades y la responsabilidad
del Poder Judicial y político. Advierten que el proyecto de nuevo Código Civil
provocará más desalojos de comunidades originarias.
(9/4/13) - La lucha
mapuche en Río Negro, la resistencia indígena ante la avanzada minera en
Chubut, la judicialización de 347 miembros y autoridades indígenas en Neuquén y
la violación de derechos que implica la reforma del Código Civil. Son sólo
algunos de los ejes del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de
Pueblos Indígenas (ODHPI). “En la Patagonia se sigue
identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la
subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”,
afirma el ODHPI.
“Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas en la Patagonia
”, es el nombre del nuevo trabajo del ODHPI, de 97 páginas, y que cuenta con la
colaboración de reconocidos defensores de pueblos originarios de la Patagonia. El
informe está dividido en dos grandes apartados. El primero, puntualiza la
situación de cada provincia (Neuquén, Río Negro y Chubut) y, el segundo, expone
casos concretos de violación de derechos colectivos.
En el inicio dedica un apartado a la actual reforma del
Código Civil y las consecuencias que tendrá sobre las comunidades. “Este proyecto
(enviado por el Ejecutivo Nacional) será promotor de desalojos indígenas y
promotor de condenas penales por usurpación”, asegura el Observatorio, y
recuerda que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas
(establecido en normas supralegales) e incluso contradice a la Constitución Nacional
al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.
El informe puntualiza una decena de carencias, que vulneran
derechos indígenas, del proyecto que es tratado en el Congreso Nacional. “Nadie en su sano juicio podría decir, sin
pagar costos políticos, que las organizaciones y los pueblos indígenas apoyan
el texto impulsado y sostenido por el gobierno nacional, tal cual como se
quiere aprobar en el Congreso”, advirtió el informe 2013.
Respecto a la situación en Neuquén, puntualiza que es
“particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera
hidrocarburífera, especialmente de los llamados “no convencionales” (con el
método de fracking o hidrofractura) con la explotación de la formación
geológica “Vaca Muerta”. Explica que el gobierno nacional y el provincial han
ya reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las
comunidades. “Ninguno ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de
las comunidades mapuce afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces
se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos
humanos de los pueblos indígenas”.
Recuerda que recién en 2012 se firmó el convenio para la
ejecución de la Ley
26160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos
e insta a un relevamiento territorial). Puntualiza que la aplicación en Neuquén
sigue demorada. Y todo un apartado se dedica a la criminalización. Desde 2005
hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos
judiciales.
“Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado
en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las
acciones que demuestran ejercicio de derechos (...). El Estado protege con esta
política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las
empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del
respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas.
Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional,
política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo
Estado ha sancionado”, resume el informe.
De Río Negro destaca avances legislativos pero denuncia que
la violación de los derechos de las comunidades mapuce son “recurrentes” y
aclara que no funcionan los canales que debieran encausar los reclamos. En
cuanto a la aplicación de la Ley
26160, se relevaron 64 de las 124 comunidades indígenas y, en la actualidad, se
encuentra suspendido el trabajo del Equipo Técnico Operativo). Y recuerda el
informe, de 2012, de la
Auditoría General de la Nación , en el que se denuncian irregularidades y
desmanejos presupuestarios.
En la situación de Chubut sobresale la “avanzada de la
megaminería”, sobre todo en la meseta de la provincia (zona del Pueblo
Mapuche-Tehuelche), de la mano de la empresa Pan American Silver en el proyecto
llamado “Navidad” (de plata y plomo). El ODHPI recuerda que en Chubut está
vigente la Ley
5001 (que prohíbe la actividad), pero igual el gobierno provincial habilitó la
exploración en cercanías de Gan Gan y Gastre. Y recuerda que fue (y es)
vulnerado el Convenio 169 de la
OIT (convenio internacional que en Argentina tiene rango
supralegal).
El Apartado II del informe puntualiza los conflictos por
violaciones a los derechos colectivos. Detalla los casos de la comunidad
Quintriqueo (sur de Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad
Jacinto Antileo (Chubut). También aborda la equidad de género desde el punto de
vista Mapuce,
Conclusión
“Se siguen
perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de
colonización que de democracia (...) Los antiguos atropellos se han convertido
hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI y apunta como
causante, en parte, al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a
nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la
explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las
ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.
Remarca las consecuencias en la Patagonia de la
actividad petrolera y minera, afirma que “los Pueblos Indígenas recuerdan que
las consecuencias del colonialismo persisten a pesar de la descolonización” y
subraya como “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de
los pueblos indígenas se producen con “el impulso del Gobierno, la inhibición
de la legislatura y el respaldo de la Justicia ”.
Nota relacionada: Darío Aranda: Se siguen perpetuando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia
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