Por Darío Aranda para ComAmbiental
Derechos Originarios: "Somos el Otro que sufre"
Derechos humanos para los pueblos originarios. Dirigentes
de comunidades de todo el país se reunirán durante tres días en una inédita
Cumbre Indígena, en Formosa. Despojo territorial, extractivismo, violencia, el
rol de los gobiernos, la violación de derechos, el armado de una plan de acción
nacional y una marcha en las calles formoseñas. Todo ante la mirada de Gildo
Insfrán.
“Por memoria, verdad y justicia para los
pueblos indígenas”. Es la convocatoria a la inédita Cumbre de pueblos
originarios que comenzará mañana en Formosa, la provincia sindicada como el
epicentro de la violencia sobre las comunidades ancestrales. Dirigentes de todo
el país, de una veintena de pueblos indígenas, se reunirán durante tres días
para respaldar a los pueblos Qom, Wichi, Pilagá y Nivaklé de Formosa. Y también
articularán un plan de lucha nacional contra el avance territorial de las
industrias extractivas y la complicidad política y judicial. “Marchamos desde
todos los puntos del país porque no estamos dispuestas a permitir que se siga
derramando la sangre de nuestros hijos, marchamos porque así nos lo demanda la
madre tierra”, explicó Argentina Paz Quiroga, “amta” (guía espiritual) del
Pueblo Nación Warpe de San Juan.
El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas --como nunca antes-- frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.
El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.
Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.
El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.
Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.
En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política. Nota completa
El Consejo Plurinacional Indígena nació meses antes del Bicentenario. Numerosas organizaciones indígenas y sociales confluyeron para hacer visible a los pueblos originarios, un sector ignorado en las celebraciones de los 200 años de la Revolución de Mayo. La principal acción fue una marcha histórica que partió, en tres columnas, desde el NOA, NEA y Patagonia. Y confluyeron, miles de indígenas --como nunca antes-- frente a Casa de Gobierno el 20 de mayo.
El reclamo fue claro: territorio, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y del presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron, esa tarde histórica, a la Plaza de Mayo. Denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”.
Fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo respuesta sobre las demandas de los marchantes. Al contrario: la Presidenta les reconoció que si existiera petróleo en una comunidad, se iba a dar prioridad al hidrocarburo por sobre la decisión de los indígenas. Fue la explicitación, al más alto nivel, de la prevalencia del extractivismo por sobre los derechos de los pueblos originarios.
El Consejo Plurinacional sintió el golpe. Las organizaciones más cercanas al kirchenerismo dejaron de reclamar por los derechos territoriales de los pueblos indígenas, contaron con el abrigo de los subsidios estatales, celebraron la entrega de radios comunitarias y dejaron de denunciar la avanzada extractivista y la complicidad del Gobierno Nacional.
Pero numerosas organizaciones permanecieron en el Consejo Plurinacional, mantuvieron los periódicos encuentros, fortalecieron la articulación y mantuvieron vivos los reclamos del Bicentenario.
En noviembre pasado, durante dos días, se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena. Elaboraron un documento que será una de las bases de la Cumbre de Formosa. Llamado “Derechos Humanos para los Pueblos Originarios” y dirigido a la Presidenta, apuntaron de lleno al modelo extractivo. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento y remarca la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas.
El documento puntualiza en la decenas de indígenas y campesinos asesinados en los últimos años, y en el trasfondo de complicidad empresaria, judicial y política. Nota completa
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