Por Asociación Civil "Grupo Pro Derecho
de los Niños"
Nuestra Asociación, que tiene como
objetivo el Difundir, Defender y Promover los Derechos de los Niños y
Adolescentes dentro del marco legislativo vigente en nuestra Ciudad y nuestra
Provincia, quiere pronunciarse ante la
grave situación en que se encuentran involucradas más de doscientas familias de
nuestra ciudad, y cuya situación en adelante expuesta, se va deteriorando día a
día al no ser escuchados ni tenidos en cuenta al momento de efectivizar
derechos. Al contrario son discriminados,
y criminalizados por sus reclamos de restitución de Derechos
Laborales; reclamos que descansan
en algunos de los cajones del Estado.
Consideramos, como Organización, que
el Estado es el primer actor responsable de dar respuestas con suma celeridad
ante la situación expuesta, dado que las peticiones, sostenidas durante años
por los ex trabajadores Ypefeanos, tienen su fundamento y asideros, en que YPF
pertenecía al Estado, y es el Estado el que debe garantizar la dinámica del
trabajo, y por consiguiente el ejercicio, no solo de los Derechos laborales,
sino por consiguientes otros derechos a sus familias.
Es el mismo Estado el que generó una
real desestructuración con el ya conocido desguace de la Empresa, cuya
administración fue otorgada a manos privadas. Esta situación de traspaso,
generó que miles de empleados, quedaran lisa y llanamente en la calle,
produciendo de esta manera un real daño social a nuestra comunidad.
Durante todos estos años, el mismo Estado que fue responsable de esta dramática
situación, no ha podido y no
ha querido resolver este esquema de fondo que expone a miles de personas, entre
ella niños, niñas y adolescentes en situación de violación a sus derechos.
Entendemos que hoy al ser
nacionalizado YPF, los trabajadores y ex-;trabajadores, deben recuperar sus
puestos laborales.
Asimismo, como citáramos con
anterioridad, si un ciudadano no posee un trabajo, en este esquema económico
imperante, no puede dinamizar otros derechos, que también se ven comprometidos:
a la Salud, la Educación, la vivienda
etc. Esta situación ha llevado a la violación permanente y sistemática de
derechos de los mencionados trabajadores.
Por otro lado, desde hace años el
Estado viene diseñado esquemas protección de Derechos hacia los niños y sus familias por mandatos legislativos
Internacionales, Nacionales, Provinciales y Carta Orgánica Municipal, pero en la realidad estos derechos no son
efectivizados, ya que no se cumplen las
obligaciones que el Estado se ha comprometido a sostener, sobretodo de aquellas familias en situaciones
de vulnerabilidad, tal es el caso de las familias ex ypefeanas.
Asimismo, vemos con alta preocupación
como en medio de los reclamos, que
consideramos justos legítimos y legales, sus miembros referentes son convocados
a la justicia Federal a declarar. Provocándonos, estos nuevos hechos, un real
escozor y generando en nuestras memorias colectivas situaciones que pensábamos
habían quedado inscriptas en la época de los 90.
Nos referimos a la penalización de
los reclamos sociales, y que, ya en ese entonces, en la crisis del 90 generada
por el ensayo de políticas económicas de ajuste, se usaron en esta ciudad esos
métodos de persuasión y disuasiones hacia el sector de la sociedad (militantes
sociales) que reclamaba por la restitución de los derechos laborales.
Esta situación relatada y denunciada
ante nuestra organización, nos coloca en
alerta, toda vez, que sostenemos que los conflictos sociales no se resuelven
con judicializar el problema. Dado que entendemos que el Rol del Estado
consiste en dar Seguridades Jurídicas, tal como lo entiende nuestra Carta
Magna, y está obligado a buscar por medios pacíficos el dialogo, el consenso y la
negociación con los reales damnificados, en este caso las Familias, y entre
ellos los sujetos más vulnerables, los niños, las Niñas y Adolescentes
Roberto Llaiquel Presidente
Susana Díaz Secretaria.
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