Por Pastoral Aborigen/Diócesis de Comodoro Rivadavia.
La Ley incumplida: sólo se concluyó el relevamiento en 12,5
por ciento de las comunidades indígenas y se utilizó el 76 por ciento del
presupuesto.
A siete años de sancionada la Ley que ordena relevar los
territorios indígenas, sólo se finalizaron los expedientes del 12,5 por ciento
de las comunidades del país y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto de 60
millones de pesos. Así lo reconoce información oficial (que incluye notas del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -INAI-) que fue relevada por el Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
La investigación que presentamos se refiere al Programa de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, establecido por la ley
nacional 26.160, sancionada a fines del año 2006 y prorrogada a los tres años
por la ley 26.554. El relevamiento consiste en los estudios de determinación de
las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas con el fin de
que se reconozca su propiedad, independientemente de quienes aparezcan con los
títulos en los registros estatales. Las leyes incluyeron la suspensión de los
desalojos mientras se realice el relevamiento y una asignación presupuestaria
de $ 60.000.000 para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.
El estudio presentado da cuenta del escaso nivel de
ejecución del programa en contraste con la alta utilización de los recursos. Ya
en el año 2011 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) había advertido
el bajísimo nivel de avance de las tareas, lo que fue corroborado por la
Auditoría General de la Nación (AGN) mediante un informe presentado al año
siguiente.
La actual investigación comienza señalando la falta de
transparencia en la información, ya que desde el año 2009 el INAI no presenta
ningún informe detallado del estado del programa y de la utilización de los
fondos y en lugar de ello ha brindado afirmaciones genéricas falsas en donde
sostiene que el programa de relevamiento se ejecutó en un 40 por ciento. Sin
embargo, en base a las respuestas dadas por el propio INAI a requerimientos
formulados en base al decreto de acceso a la información, el informe exhibe el
estado de ejecución en cada provincia determinando que a seis años de la
sanción de la ley 26.160 el relevamiento sólo se ha concluido en una octava
parte (12,48 por ciento). “A este paso” –sostiene el documento- “harían falta
otros 40 años más para concluir con el trabajo”. Un análisis cualitativo
muestra una mayor gravedad en los retrasos ya que en las provincias de más alta
conflictividad con los pueblos indígenas, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y
Neuquén, en donde reside el 65 por ciento del total de comunidades indígenas
del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11 por
ciento”. Ello permite concluir que “en las provincias en donde el relevamiento
es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en
donde mayores deficiencias y demoras denota la acción del I.N.A.I.”
Contrasta este bajísimo nivel de ejecución del programa con
la elevada utilización de los recursos asignados. Los fragmentarios e
incompletos informes del INAI dan cuenta de la utilización de por lo menos el
76 por ciento del presupuesto asignado ($ 45.847.327 sobre $ 60.000.000), con
el agravante de que casi la mitad de esa cantidad ($ 22.329.339) fue
transferida por asesoramiento a la Universidad de Lanús “sin que pueda haberse
logrado determinar el carácter y las circunstancias de contraprestación ya que
esta suma ha sido gastada por fuera de las normas y controles de la
administración pública”, hecho que motivó objeciones de la Auditoría General de
la Nación.
En resumen, dada la gravedad que asume la indefinición en
materia de tierras indígenas como origen de desalojos, represión e incluso
muertes de miembros de pueblos originarios, el bajísimo nivel de ejecución del
programa de relevamiento, la alta utilización de los fondos y la ausencia de
transparencia, constituyen un severo cuadro que urge revertir mediante
decisiones políticas adecuadas, adoptadas con la plena participación de los
pueblos indígenas víctimas de esta situación.
Este informe fue presentado oficialmente el pasado 29 de
Julio, en la Capital Federal, con la presencia de lideres indígenas, el obispo
Maletti de la Comisión de Pastoral Aborigen y referentes de Endepa, acompañados
de diversos organismos de derechos humanos.
En el día de hoy fue entregado a distintos organismos del
ámbito legislativo, ejecutivo y judicial,de nuestra provincia para su
conocimiento.
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