Por Juan A. Zuoza *
El jueves y viernes pasado se llevó a cabo en El Hoyo un encuentro de
docentes rurales de toda la provincia con alrededor de 300 participantes. En
uno de sus talleres, que contaba con la participación de ambos sindicatos,
Atech y Sitraed, se expusieron los gravísimos problemas actuales y los que
están por venir, tras la imposición de la Resolución 228/13. Entre los problemas abordados
se encontraban: La evidente contraposición con normativas de mayor jerarquía,
el aislamiento total al que quedarían expuestas algunas escuelas, la falta de
sustento técnico de esa normativa, sin basarse en sucesos históricos como la
problemática de conseguir docentes que trabajen en el interior, los graves
problemas en la carrera docente de los maestros tutores, la inestabilidad
laboral constante a la que se somete a los docentes rurales, la incertidumbre
de alumnos, padres, docentes y de la comunidad educativa en general respecto
del futuro escolar de los alumnos y la calidad del servicio educativo como
consecuencia de esta reglamentación, las designaciones “a dedo” que se vienen
dando, graves conflictos
administrativos, incertidumbres reglamentarias y responsabilidades de
directivos, la falta de participación de gente especializada en el dictado de
esa normativa y la rotunda negación por parte del equipo técnico (unipersonal)
del ministerio de revisar la normativa a pesar de los conflictos generados,
entre otra gran cantidad de cuestionamientos.
Dada la gravedad de la situación y la unanimidad de criterio
por parte de los participantes y los sindicatos en que se trata de una
resolución sumamente conflictiva, se establecieron tres posturas tendientes a
detener los graves conflictos: 1) La derogación de la resolución 2) La
suspensión de la misma 3) una participante solicitó la revisión.
El gran descontento con la imposición de esta normativa
inconsulta, generó un amplio debate donde docentes de todas las regiones de la
provincia compartíamos la misma problemática, con fuertes y muy fundamentados
planteos técnico-legales y prácticos que hacen al funcionamiento de los
establecimientos y la vida escolar de los alumnos.
Por su parte, ambos sindicatos señalaron que estaban al
tanto de las problemáticas y que se encontraban trabajando en ideas y proyectos
al respecto. Pero dado el nivel de conflictividad presente y el evidente
deterioro de la calidad educativa a venir en un futuro cercano, ambos
sindicatos acordaron tratar la problemática en paritarias para frenar este
impacto no deseado.
Asimismo, ambos sindicatos propusieron trabajar en proyectos
de normativas de manera verdaderamente participativa, en sintonía con las
políticas de una sociedad madura que vive en un estado democrático.
La urgente necesidad de frenar esta normativa nefasta
también incluyó el análisis de la situación laboral de aquellos pocos docentes
que habrían sido designados en base a esa normativa, sugiriéndose que a fin de
no perjudicarlos laboral y económicamente se acuerde una redistribución de
funciones, manteniendo así su fuente laboral.
Posteriormente, autoridades ministeriales presentes se
acercaron tras la exposición de las graves problemáticas y se comprometieron a
analizar el tema.
Paradójicamente, el debate tuvo su inicio tras la exposición
de personal del ministerio de educación nacional que participó del encuentro y
en cuya exposición resaltó repetidamente la imperiosa necesidad de la
participación de los trabajadores rurales en la elaboración de normativas por
su conocimiento en el área. Y ello fue un claro disparador, ya que la
resolución 228/13 fue realizada sin consulta alguna a los maestros, profesores,
directivos y docentes en general, más que a un minúsculo número de personas
afines al diminuto “equipo técnico” que redacto la conflictiva resolución.
En el marco de esa indignación manifiesta de todos los
docentes presentes hubo una postura clara de encaminarse unánimemente a la no
aplicación de esta normativa generadora de conflictos, habiéndose comprometido
todos los presentes a mantener un contacto permanente entre los docentes
rurales de toda la provincia a fin de arribar a una solución en conjunto, con
la participación de todos los actores.
* DNI 23.968.540
Nota relacionada: “Presuntas irregularidades”: un docente radicó una denuncia penal contra el ministro de Educación
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