Por UAC
No le tememos a la criminalización, porque defendemos la
vida
Han pasado seis meses desde que el poder judicial y el
municipio local decidieron iniciarnos un proceso penal por ejercer nuestro
legítimo derecho a la protesta[i]. Era el mes de abril y se ponía en marcha
todo el aparato judicial al servicio de la persecución política y el
amedrentamiento.
Aquel escrache con pintadas fue realizado en el marco del
décimo aniversario de la promulgación de la ley 5001 que prohíbe la explotación
de la megaminería en la provincia del Chubut, cuando rechazábamos los acuerdos
de Buzzi y Eliceche con empresarios y matones de la UOCRA, para avanzar en la
legislación que habilite esta actividad que, de permitirse, nos “dañará” a todas y todos. Reclamábamos entonces una
respuesta al pedido efectuado hacía meses en la legislatura provincial, de
iniciar la junta de firmas que avale la presentación de un proyecto de ley mediante
iniciativa popular. Hoy la Iniciativa Popular es un hecho, y pronto
alcanzaremos las 11.000 firmas requeridas para su presentación.
La causa judicial comenzó siendo, según las manifestaciones
del abogado del municipio, Diego Martínez Zapata, “una causa muy importante
para el intendente”. Sin embargo, en el trascurso del plazo de investigación
nos contactó el secretario de gobierno, Enrique D´Astolfo, comunicándonos que
no era intención del municipio perjudicarnos; ante nuestra pregunta de por qué
entonces nos denunciaban, manifestó que debieron hacerlo para no caer en la
figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez,
fuimos citados desde el Ministerio Público Fiscal para ofrecernos acceder a una
solución alternativa al conflicto penal, es decir para conciliar con el
municipio, pedido de disculpas mediante, o reparar el “daño” ocasionado.
El 25 de Octubre pasado fuimos notificados de la acusación
formal presentada por el Ministerio Público Fiscal, con las mismas “pruebas”
con las que se inició el procedimiento, entre ellas el “acta contravencional”
realizada por la policía, es decir, lo que comenzó siendo “una contravención”
se convirtió en un “delito”. Nos preguntamos que habrá ocurrido en el medio?
Que llevó a la Fiscalía
a tomar la decisión de utilizar el poder punitivo en su máxima expresión para
criminalizar la protesta social? Pese al planteo en este sentido realizado hace
seis meses por la defensa, la
Jueza Patricia Reyes, decidió abrir la investigación por
delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público. Hoy la Fiscal Mabel Covi y
el Funcionario Jorge Bugueño, consideran “que existen elementos suficientes
para elevar el caso a juicio”.
Ante esto manifestamos que el conflicto lo generaron ellos
al tomar la decisión de criminalizarnos, lo generan ellos al desoír a los
pueblos que nos oponemos a sus políticas extractivas y planes de mal
desarrollo. La forma en la que actúan tanto la justicia como el municipio
local, pone de manifiesto la alineación y connivencia con el modelo
extractivista de saqueo y muerte, que privilegia la entrada de trasnacionales
extranjeras, de la mano del Estado, avasallando las voluntades del pueblo que
defiende el agua y la vida.
Por unas pintadas se
nos persigue como si fuéramos delincuentes, sin embargo por la represión que
sufrimos de la UOCRA
el 29 de noviembre de 2012 en Rawson ante la mirada de legisladores y
legisladoras, no hubo reacción alguna de parte del ministerio público fiscal,
ni de ningún/a funcionario/a. Sabemos quiénes son los que siembran terror, los
políticos de turno, doblegándose a intereses ajenos al pueblo – corrupción,
entrega y negociados – promotores del desastre ambiental que compromete nuestra
salud y el desarrollo de futuras generaciones. Sostenemos que el verdadero
“daño agravado” es la contaminación del agua por tratarse de un bien de uso
público y el verdadero “incumplimiento de los deberes de funcionario público”
es no defenderla. ¿Este gobierno prioriza lo material antes que la vida y la
salud del pueblo? .Un grafitti en la pared se puede borrar, pero la destrucción
perpetrada en el agua, la tierra y los seres vivos permanecerá para siempre, no
se borrara jamás.
Quedando aún pendiente que presente su acusación formal el
municipio, en su carácter de querellante, nos las/os encausadas/os y quienes
respaldamos esta lucha, esperamos que reine la cordura, exigiéndoles desistan
de continuar con este trámite absurdo iniciado contra ciudadanxs defensores del
territorio en el que desarrollamos nuestra cultura, al menos para evitar seguir
erogando gastos en pagos de poderes y abogados, ya que no lograrán
amedrentarnos. Asimismo denunciamos el avasallamiento a la libertad de
expresión y al legítimo uso de herramientas de lucha popular.
Y si deciden seguir adelante, afrontaremos el proceso,
defendiendo nuestro legítimo derecho de protestar en defensa del agua, la
tierra… de nuestras vidas.
NUESTRA CONCIENCIA NO SE COMPRA NI SE CALLA - ACATEN LAS
DECISIONES DEL PUEBLO -.
¡EL AGUA Y LA
VIDA NO SE NEGOCIAN!
NO ES NO
FORO AMBIENTAL SOCIAL DE LA PATAGONIA - PUERTO
MADRYN
Nota relacionada: Puerto Madryn: solicitan que la Justicia penal no se ocupe de las pintadas realizadas por vecinos
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