Enviado por Juan María Escobar
Como Departamento de Pastoral Social de la Diócesis de San Carlos de Bariloche deseamos expresar nuestra preocupación ante el gravísimo problema de la falta de viviendas en la región, y en particular en nuestra ciudad. Sin lugar a dudas, este problema, junto con el de la exclusión de los jóvenes, son los que requieren una respuesta urgente, aquí y en todo el país.
La Constitución Nacional en su artículo 14bis considera como un derecho “el acceso a una vivienda digna”. La Doctrina Social de la Iglesia, en la encíclica “La Preocupación Social”, que Juan Pablo II escribió en 1987, afirma que: “Entre los indicadores específicos del subdesarrollo, que afectan de modo creciente también a los países desarrollados, hay dos particularmente reveladores de una situación dramática. En primer lugar, la crisis de la vivienda.”(Sollicitudo Rei Socialis, nro. 17).
Algunos números
Según el último Censo Nacional del 2001, el 26% del total de hogares de Argentina se hallaba en condiciones de habitabilidad deficiente. Eran unos 2.640.871 hogares.
En la Provincia de Río Negro la realidad era peor y el problema afectaba al 31% de las familias. Es decir, una cada tres. Desde entonces la situación no ha mejorado.
Sobre San Carlos de Bariloche no hay números ciertos actualizados, pero algunos especialistas hablan de uno cada tres o de uno cada cuatro hogares con problemas de vivienda.
Algunos hechos críticos
El problema de la tierra y la vivienda se está manifestando de distintas formas en nuestra comunidad; queremos señalar algunas de las más críticas:
• El clamor de la gente expresado en las tomas de Nahuel Hue, Villa Llanquihue, Lago Moreno, Cerro Ventana, 120 viviendas del IPPV, Villa Tacul.
• Las demoras en el Plan Omega, donde los vecinos pagaron 10.000 pesos y luego de tres años todavía siguen esperando.
•La ubicación de las familias de la Barda del Ñireco, afectadas por la conformación geológica del suelo donde se asientan sus viviendas.
•Los loteos sobre el Cerro Otto para construir los barrios Melipal II y III por encima de la cota 900 y afectando áreas boscosas de contención.
•Los loteos sobre las indefinidas márgenes del Ñirihuau, entre Dina Huapi y Bariloche
•Las ventas de tierras cercanas a la Laguna El Trébol, el loteo del Anfiteatro y el litigio del Pichileufu.
•Los proyectos para la construcción de grandes hoteles.
•La disputa por el destino de las Tierras de Ejército.
• El actual litigio por el emprendimiento privado “Dos Valles”, que involucra a los vecinos de los barrios Pilar I y Pilar II, y las “645 Viviendas”, aledañas a dicho proyecto, con el lamentable enfrentamiento de pobres contra pobres, y con empresarios y constructores movidos únicamente por el afán de lucro.
Este ejemplo es paradigmático. Primero, los dueños del emprendimiento privado exigían como condición para financiar las escrituras y mensuras de los lotes de las familias que éstas “mejoraran el aspecto exterior de sus viviendas”. Posteriormente, dejaron de lado esa condición y supeditaron el financiamiento de las redes de gas, agua y calles de los barrios al cambio de parámetros urbanísticos (conversión del lote pastoril en urbano) para las tierras del emprendimiento privado. Adicionalmente, prometieron 4has para el reciclado de la basura, con miras a desplazar el basural de su emplazamiento actual. También se debían cambiar los parámetros urbanísticos para la edificación de 645 viviendas sociales del IPPV, a precios que superan notablemente los costos promedios de construcción. Estos dos proyectos se discutieron como si fueran uno.
El Concejo Municipal aprobó la continuidad de estos pedidos, sin intervención de los ámbitos de Planeamiento, quedando como únicas alternativas superadoras la Audiencia Pública -no vinculante-, y el veto del intendente. Como Pastoral Social alentamos a que ese veto se haga efectivo y se lleven a cabo todas las instancias contenidas en la Carta Orgánica para que estos convenios abusivos nunca más tengan lugar en el seno de nuestra construcción democrática y solidaria.
Es perverso que un grupo de inversores aproveche una clara realidad de injusticia social y postergación para condicionar a los responsables políticos a que aprueben una modificación catastral que sólo beneficia a la ambición desmedida de unos pocos en perjuicio del bien común.
•La escandalosa venta del Hotel de OSPLAD sobre el lago Moreno.
Este es otro caso que ha merecido la repulsa de buena parte de Bariloche. Es que ese hotel y las tierras municipales fueron transferidas a OSPLAD suponiendo que su destino sería social y no para venderlas. Así un privado compró a OSPLAD las tierras por 6 millones de pesos y las vendió a otro privado por casi 15 millones, con el consiguiente cambio de destino que ahora pasaría a ser para lucro privado.
Esto no debe permitirse y el hotel y las tierras deben retornar al municipio.
Las Causas
La especulación inmobiliaria, la creciente migración desde la Línea Sur y el resto del país hacia esta región, el crecimiento vegetativo de la ciudad de Bariloche, son algunas de las causas que dan origen a esta crisis de la tierra y la vivienda.
Pero, es a nuestro juicio la AUSENCIA DEL ESTADO (nacional, provincial y municipal) la causa fundamental de estos problemas.
Por ejemplo, si el Estado no estuviera ausente no se generarían presiones como las del emprendimiento privado “Dos Valles”, y las instalaciones de redes de agua, gas y calles para los vecinos de los barrios Pilar I y II serían realizadas por el Estado.
También es comprensible la posición de algunos vecinos de esos barrios que no confían en que el Estado realice esas obras tan necesarias, y aceptan que las haga el emprendedor privado, sin evaluar seriamente a cambio de qué.
Algo similar ocurre con los recicladores que trabajan en condiciones cada vez más desfavorables en el Vertedero Municipal, quienes ven en el ofrecimiento de las 4has de “Dos Valles” una parte importante en la solución a su problema.
Esta ausencia implica falta de políticas nacionales concretas para solucionar o no agravar el problema de la vivienda digna, más allá del llamado Plan Federal, del PROMEBA y de los Planes FONAVI, con su escaso nivel de recupero. Todo agravado por la escasez de recursos asignados.
La Cámara Argentina de la Construcción señala que hacen falta no menos de 100.000 millones de pesos en los próximos diez años para superar esta situación.
Falta reglamentar la llamada ley Pierri que permitiría a los municipios adquirir inmuebles abandonados por sus dueños.
La Provincia lleva invertido en construcción de viviendas en el año 2008 la mitad de lo que había ejecutado el año pasado, en parte por que el gobierno nacional está atrasado en las transferencias al IPPV.
Desde Viedma se crea un Banco de Tierras, se pide información a los municipios sobre la demanda de viviendas y ninguno le contesta. Y el IPPV parecería tener una dinámica poco adecuada para dar respuestas efectivas a las necesidades de las familias rionegrinas.
El Municipio aduce que no dispone de tierras, otros dicen que tierras hay, y recién ahora se está informatizando el Catastro. Se crea el Instituto Municipal de la Vivienda, con algunos errores en la ordenanza de que le da origen.
El presupuesto Municipal es de apenas 90 millones de pesos año, cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) calcula en 1200 millones de pesos por año los gastos del Turismo en Bariloche. Con ese presupuesto de 90 millones, serán muy pocos los recursos que podrá asignar a la compra de tierras y a planes de vivienda, sin mencionar la alta morosidad de la ciudadanía en el pago de los impuestos y tasas municipales.
Algunas Reflexiones
El libre juego de la oferta y la demanda no va a resolver nunca el problema de los que hoy quieren tener vivienda propia, porque los ingresos familiares hacen inalcanzables los créditos privados, al mismo tiempo que el incremento de los alquileres es cada vez más alto.
Entonces, las tomas u ocupaciones forzadas de lotes públicos y privados se convierten en la única metodología que tienen muchos para conmover y molestar a los poderes públicos para que intervengan en la solución de su problema de tierras y/o viviendas, aún con el riesgo de ser utilizados por los sectores que suelen aprovecharse de la pobreza para acumular poder.
Bariloche debe concretar lo antes posible su Plan Estratégico que sirva de guía para las acciones de los gobiernos municipales. En él debe definirse hacia dónde debe extenderse la ciudad, deben indicarse los usos urbanos y rurales de las tierras, deben establecerse zonas de veda para la construcción de viviendas, por ejemplo las cotas máximas de altura de las áreas para levantar barrios, porque si eso no se tiene en cuenta ni se respeta, esas viviendas quedarán aisladas en invierno e inundadas, como sucede hoy con nuestros barrios altos, ante las lluvias de otoño y primavera. Además, en el Plan Estratégico deben determinarse las zonas de reserva natural.
Teniendo este instrumento, y con la acción de las oficinas de Planeamiento, Medio Ambiente y Acción Social, no se podrán permitir excepciones y no se reproducirán así casos como los “Bariloche Center” y tantos otros que hoy debemos lamentar con impotencia.
Quizás, la creación de un programa de asistencia financiera para familias en emergencia habitacional -como el que instrumentaba el Banco Hipotecario Nacional- más la elaboración de un padrón de necesidades habitacionales y el fomento de iniciativas como las de “Un Techo para Mi Hermano”, pueden ser alternativas viables para atacar el problema de la tierra y la vivienda propia. En este último ejemplo de construcciones comunitarias por esfuerzo propio, la metodología utilizada permite el ahorro de mano de obra y fomenta la solidaridad entre los vecinos.
Un Estado responsable
Este problema no es sencillo; es complejo y abarca a toda la realidad de nuestro continente, como lo recuerda el documento final del encuentro de nuestros obispos latinoamericanos en la ciudad de Aparecida, en Brasil, el año pasado: “La riqueza natural de América Latina y el Caribe experimentan hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región. En todo ese proceso, tiene una enorme responsabilidad el actual modelo económico que privilegia el desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y los pueblos y del respeto racional de la naturaleza.” (Documento conclusivo de Aparecida, nro. 473).
La acción solidaria de hombres y mujeres de Bariloche, atentos al clamor de los más débiles y necesitados, impide que este modelo económico traiga más angustia y dolor a muchas familias de la comunidad, pero ninguna estructura u organización bastarán por sí solas si el Estado nacional -y adicionalmente los estados provinciales y municipales- no disponen de recursos económicos y de voluntad política para que tomen como prioritario este asunto, para primero evitar que cada vez sean más los que no tienen acceso a la vivienda propia y, segundo, para ir disminuyendo el número de los que hoy tienen el problema.
En definitiva, debe conseguirse que el Estado, en todos sus niveles, considere ineludible e impostergable garantizar las condiciones para que todas las familias tengan acceso a un techo seguro y digno con los servicios básicos (agua, electricidad, gas, cloacas…) y tengan asegurada la tenencia documentada de tierra y vivienda para permitir que todas las personas puedan disfrutar de una vida propia de seres humanos.
En el caso de Bariloche no servirá de mucho tener importantes temporadas turísticas y enormes ingresos si una tercera parte de la población, incluso los mismos trabajadores que la industria turística demanda, no tienen vivienda o la tienen en condiciones infrahumanas de habitabilidad.
Departamento de Pastoral Social
Diócesis de San Carlos de Bariloche
Como Departamento de Pastoral Social de la Diócesis de San Carlos de Bariloche deseamos expresar nuestra preocupación ante el gravísimo problema de la falta de viviendas en la región, y en particular en nuestra ciudad. Sin lugar a dudas, este problema, junto con el de la exclusión de los jóvenes, son los que requieren una respuesta urgente, aquí y en todo el país.
La Constitución Nacional en su artículo 14bis considera como un derecho “el acceso a una vivienda digna”. La Doctrina Social de la Iglesia, en la encíclica “La Preocupación Social”, que Juan Pablo II escribió en 1987, afirma que: “Entre los indicadores específicos del subdesarrollo, que afectan de modo creciente también a los países desarrollados, hay dos particularmente reveladores de una situación dramática. En primer lugar, la crisis de la vivienda.”(Sollicitudo Rei Socialis, nro. 17).
Algunos números
Según el último Censo Nacional del 2001, el 26% del total de hogares de Argentina se hallaba en condiciones de habitabilidad deficiente. Eran unos 2.640.871 hogares.
En la Provincia de Río Negro la realidad era peor y el problema afectaba al 31% de las familias. Es decir, una cada tres. Desde entonces la situación no ha mejorado.
Sobre San Carlos de Bariloche no hay números ciertos actualizados, pero algunos especialistas hablan de uno cada tres o de uno cada cuatro hogares con problemas de vivienda.
Algunos hechos críticos
El problema de la tierra y la vivienda se está manifestando de distintas formas en nuestra comunidad; queremos señalar algunas de las más críticas:
• El clamor de la gente expresado en las tomas de Nahuel Hue, Villa Llanquihue, Lago Moreno, Cerro Ventana, 120 viviendas del IPPV, Villa Tacul.
• Las demoras en el Plan Omega, donde los vecinos pagaron 10.000 pesos y luego de tres años todavía siguen esperando.
•La ubicación de las familias de la Barda del Ñireco, afectadas por la conformación geológica del suelo donde se asientan sus viviendas.
•Los loteos sobre el Cerro Otto para construir los barrios Melipal II y III por encima de la cota 900 y afectando áreas boscosas de contención.
•Los loteos sobre las indefinidas márgenes del Ñirihuau, entre Dina Huapi y Bariloche
•Las ventas de tierras cercanas a la Laguna El Trébol, el loteo del Anfiteatro y el litigio del Pichileufu.
•Los proyectos para la construcción de grandes hoteles.
•La disputa por el destino de las Tierras de Ejército.
• El actual litigio por el emprendimiento privado “Dos Valles”, que involucra a los vecinos de los barrios Pilar I y Pilar II, y las “645 Viviendas”, aledañas a dicho proyecto, con el lamentable enfrentamiento de pobres contra pobres, y con empresarios y constructores movidos únicamente por el afán de lucro.
Este ejemplo es paradigmático. Primero, los dueños del emprendimiento privado exigían como condición para financiar las escrituras y mensuras de los lotes de las familias que éstas “mejoraran el aspecto exterior de sus viviendas”. Posteriormente, dejaron de lado esa condición y supeditaron el financiamiento de las redes de gas, agua y calles de los barrios al cambio de parámetros urbanísticos (conversión del lote pastoril en urbano) para las tierras del emprendimiento privado. Adicionalmente, prometieron 4has para el reciclado de la basura, con miras a desplazar el basural de su emplazamiento actual. También se debían cambiar los parámetros urbanísticos para la edificación de 645 viviendas sociales del IPPV, a precios que superan notablemente los costos promedios de construcción. Estos dos proyectos se discutieron como si fueran uno.
El Concejo Municipal aprobó la continuidad de estos pedidos, sin intervención de los ámbitos de Planeamiento, quedando como únicas alternativas superadoras la Audiencia Pública -no vinculante-, y el veto del intendente. Como Pastoral Social alentamos a que ese veto se haga efectivo y se lleven a cabo todas las instancias contenidas en la Carta Orgánica para que estos convenios abusivos nunca más tengan lugar en el seno de nuestra construcción democrática y solidaria.
Es perverso que un grupo de inversores aproveche una clara realidad de injusticia social y postergación para condicionar a los responsables políticos a que aprueben una modificación catastral que sólo beneficia a la ambición desmedida de unos pocos en perjuicio del bien común.
•La escandalosa venta del Hotel de OSPLAD sobre el lago Moreno.
Este es otro caso que ha merecido la repulsa de buena parte de Bariloche. Es que ese hotel y las tierras municipales fueron transferidas a OSPLAD suponiendo que su destino sería social y no para venderlas. Así un privado compró a OSPLAD las tierras por 6 millones de pesos y las vendió a otro privado por casi 15 millones, con el consiguiente cambio de destino que ahora pasaría a ser para lucro privado.
Esto no debe permitirse y el hotel y las tierras deben retornar al municipio.
Las Causas
La especulación inmobiliaria, la creciente migración desde la Línea Sur y el resto del país hacia esta región, el crecimiento vegetativo de la ciudad de Bariloche, son algunas de las causas que dan origen a esta crisis de la tierra y la vivienda.
Pero, es a nuestro juicio la AUSENCIA DEL ESTADO (nacional, provincial y municipal) la causa fundamental de estos problemas.
Por ejemplo, si el Estado no estuviera ausente no se generarían presiones como las del emprendimiento privado “Dos Valles”, y las instalaciones de redes de agua, gas y calles para los vecinos de los barrios Pilar I y II serían realizadas por el Estado.
También es comprensible la posición de algunos vecinos de esos barrios que no confían en que el Estado realice esas obras tan necesarias, y aceptan que las haga el emprendedor privado, sin evaluar seriamente a cambio de qué.
Algo similar ocurre con los recicladores que trabajan en condiciones cada vez más desfavorables en el Vertedero Municipal, quienes ven en el ofrecimiento de las 4has de “Dos Valles” una parte importante en la solución a su problema.
Esta ausencia implica falta de políticas nacionales concretas para solucionar o no agravar el problema de la vivienda digna, más allá del llamado Plan Federal, del PROMEBA y de los Planes FONAVI, con su escaso nivel de recupero. Todo agravado por la escasez de recursos asignados.
La Cámara Argentina de la Construcción señala que hacen falta no menos de 100.000 millones de pesos en los próximos diez años para superar esta situación.
Falta reglamentar la llamada ley Pierri que permitiría a los municipios adquirir inmuebles abandonados por sus dueños.
La Provincia lleva invertido en construcción de viviendas en el año 2008 la mitad de lo que había ejecutado el año pasado, en parte por que el gobierno nacional está atrasado en las transferencias al IPPV.
Desde Viedma se crea un Banco de Tierras, se pide información a los municipios sobre la demanda de viviendas y ninguno le contesta. Y el IPPV parecería tener una dinámica poco adecuada para dar respuestas efectivas a las necesidades de las familias rionegrinas.
El Municipio aduce que no dispone de tierras, otros dicen que tierras hay, y recién ahora se está informatizando el Catastro. Se crea el Instituto Municipal de la Vivienda, con algunos errores en la ordenanza de que le da origen.
El presupuesto Municipal es de apenas 90 millones de pesos año, cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) calcula en 1200 millones de pesos por año los gastos del Turismo en Bariloche. Con ese presupuesto de 90 millones, serán muy pocos los recursos que podrá asignar a la compra de tierras y a planes de vivienda, sin mencionar la alta morosidad de la ciudadanía en el pago de los impuestos y tasas municipales.
Algunas Reflexiones
El libre juego de la oferta y la demanda no va a resolver nunca el problema de los que hoy quieren tener vivienda propia, porque los ingresos familiares hacen inalcanzables los créditos privados, al mismo tiempo que el incremento de los alquileres es cada vez más alto.
Entonces, las tomas u ocupaciones forzadas de lotes públicos y privados se convierten en la única metodología que tienen muchos para conmover y molestar a los poderes públicos para que intervengan en la solución de su problema de tierras y/o viviendas, aún con el riesgo de ser utilizados por los sectores que suelen aprovecharse de la pobreza para acumular poder.
Bariloche debe concretar lo antes posible su Plan Estratégico que sirva de guía para las acciones de los gobiernos municipales. En él debe definirse hacia dónde debe extenderse la ciudad, deben indicarse los usos urbanos y rurales de las tierras, deben establecerse zonas de veda para la construcción de viviendas, por ejemplo las cotas máximas de altura de las áreas para levantar barrios, porque si eso no se tiene en cuenta ni se respeta, esas viviendas quedarán aisladas en invierno e inundadas, como sucede hoy con nuestros barrios altos, ante las lluvias de otoño y primavera. Además, en el Plan Estratégico deben determinarse las zonas de reserva natural.
Teniendo este instrumento, y con la acción de las oficinas de Planeamiento, Medio Ambiente y Acción Social, no se podrán permitir excepciones y no se reproducirán así casos como los “Bariloche Center” y tantos otros que hoy debemos lamentar con impotencia.
Quizás, la creación de un programa de asistencia financiera para familias en emergencia habitacional -como el que instrumentaba el Banco Hipotecario Nacional- más la elaboración de un padrón de necesidades habitacionales y el fomento de iniciativas como las de “Un Techo para Mi Hermano”, pueden ser alternativas viables para atacar el problema de la tierra y la vivienda propia. En este último ejemplo de construcciones comunitarias por esfuerzo propio, la metodología utilizada permite el ahorro de mano de obra y fomenta la solidaridad entre los vecinos.
Un Estado responsable
Este problema no es sencillo; es complejo y abarca a toda la realidad de nuestro continente, como lo recuerda el documento final del encuentro de nuestros obispos latinoamericanos en la ciudad de Aparecida, en Brasil, el año pasado: “La riqueza natural de América Latina y el Caribe experimentan hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región. En todo ese proceso, tiene una enorme responsabilidad el actual modelo económico que privilegia el desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y los pueblos y del respeto racional de la naturaleza.” (Documento conclusivo de Aparecida, nro. 473).
La acción solidaria de hombres y mujeres de Bariloche, atentos al clamor de los más débiles y necesitados, impide que este modelo económico traiga más angustia y dolor a muchas familias de la comunidad, pero ninguna estructura u organización bastarán por sí solas si el Estado nacional -y adicionalmente los estados provinciales y municipales- no disponen de recursos económicos y de voluntad política para que tomen como prioritario este asunto, para primero evitar que cada vez sean más los que no tienen acceso a la vivienda propia y, segundo, para ir disminuyendo el número de los que hoy tienen el problema.
En definitiva, debe conseguirse que el Estado, en todos sus niveles, considere ineludible e impostergable garantizar las condiciones para que todas las familias tengan acceso a un techo seguro y digno con los servicios básicos (agua, electricidad, gas, cloacas…) y tengan asegurada la tenencia documentada de tierra y vivienda para permitir que todas las personas puedan disfrutar de una vida propia de seres humanos.
En el caso de Bariloche no servirá de mucho tener importantes temporadas turísticas y enormes ingresos si una tercera parte de la población, incluso los mismos trabajadores que la industria turística demanda, no tienen vivienda o la tienen en condiciones infrahumanas de habitabilidad.
Departamento de Pastoral Social
Diócesis de San Carlos de Bariloche
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