Fuente: Diario Jornada
Miércoles, 17 de Diciembre de 2008. El juez federal Hugo Sastre cerró ayer la primera investigación por las presuntas espías ilegales en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew entre octubre de 2001 y marzo de 2006, y elevó la causa a juicio oral y público. Se trata de 12 militares imputados y procesados que serán notificados a partir de hoy, acusados de abuso de autoridad. En su escrito, Sastre rechazó los planteos de los abogados defensores –que intentaron retrasar esta última parte del proceso- y coincidió con el pedido del fiscal federal Fernando Gélvez, quien hace tiempo había considerado que la instrucción ya no podía aportar nuevos elementos y que los episodios de espionaje estaban lo suficientemente probados para que los marinos enfrenten un tribunal.
Gélvez no fue el único que solicitó la elevación a juicio: el Centro de Estudios Legales y Sociales (a través de su representante local, el abogado Eduardo Hualpa); el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el gobernador Mario Das Neves también requirieron la realización de las audiencias por los mismos hechos.
Los únicos letrados que se opusieron a la elevación a juicio fueron Ramón Monje, defensor de Pablo Rossi, Carlos Vázquez y Cristian Vidal, y su colega Matías Morán, abogado de Gustavo Ottogalli. Ninguno tuvo éxito.
Cabe recordar que el escándalo de las espías ilegales desde la Base Zar estalló el 17 de marzo de 2006 por una denuncia del CELS. La misma entidad amplió su denuncia este año involucrando a los más altos jefes de la Armada: el almirante Jorge Godoy y su segundo, el vicealmirante Benito Rótolo. Por ahora, ambos fueron beneficiados con la falta de mérito tras declarar en el Juzgado Federal de Rawson. Pero siguen comprometidos en lo que se considera la segunda parte de la investigación junto a otros tres altos mandos: Luis Fajre, Luis De Vincenti y Carlos Ruda. Los dos últimos sí fueron procesados por Sastre.
En su escrito de elevación, de poco más de 100 páginas, Sastre detalló las pruebas aportadas por Fiscalía, producto del allanamiento en la Oficina de Inteligencia de la Base que se inició aquel 17 de marzo y culminó el día 20. Incluye varias carpetas con recortes de todo tipo, fichas personales y soportes informáticos, que servían a los fines de un presunto seguimiento de inteligencia sobre dirigentes políticos, referentes de izquierda, periodistas y hasta grupos religiosos. Su contenido fue difundido en varias oportunidades por este diario.
Según explicó el juez federal, “quedó demostrada tanto la materialidad de los hechos como la autoría criminal de los imputados procesados. Ello en virtud de los elementos de prueba obrantes en la causa y que fueran señalados por el Ministerio Fiscal”. Sastre recordó que al procesar a los marinos se pudo establecer que en la Base Zar “funcionaba una sección inteligencia, al menos hasta el momento del allanamiento del 17 de marzo de 2006”.
Esos documentos mostraron datos extraídos de fuentes informativas locales, clasificados de acuerdo a su relevancia política y social. Se usaban para armar perfiles personales o vincular a personas físicas –políticos, funcionarios públicos, magistrados, profesores universitarios, familiares de las personas fallecidas en agosto de 1972, etcétera- con ideas políticas o acciones que revelaran “ideologías de izquierda”. Como dice el auto de elevación, “parece ser que ésta sería la mayor preocupación para esta gente”.
No se trataba sólo de juntar material para formar una base de datos informativos, “sino que a las claras puede verse que todo el material colectado guarda relación con el señalamiento de actos, opiniones, conductas, que a criterio de quienes las calificaban, respondían a orientaciones políticas de izquierda”. Este almacenamiento sobre personas, por su pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales, asistenciales, culturales o laborales, actividad lícita que desarrollen, fe religiosa u opinión política, “constituía una tarea de inteligencia prohibida”. Además, el trabajo se transmitía al Comando de Operaciones Navales de la Base Aeronaval de Puerto Belgrano. “En el ejercicio de la función pública, los funcionarios imputados practicaban sus funciones en la emisión de órdenes, que extralimitaban los supuestos previstos por la ley”. Aunque estaban facultados para hacer tareas de inteligencia militar, propias de una fuerza armada para proteger intereses del Estado, “en realidad hicieron trabajos de inteligencia vedados expresamente por la ley superando los límites impuestos”.
Miércoles, 17 de Diciembre de 2008. El juez federal Hugo Sastre cerró ayer la primera investigación por las presuntas espías ilegales en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew entre octubre de 2001 y marzo de 2006, y elevó la causa a juicio oral y público. Se trata de 12 militares imputados y procesados que serán notificados a partir de hoy, acusados de abuso de autoridad. En su escrito, Sastre rechazó los planteos de los abogados defensores –que intentaron retrasar esta última parte del proceso- y coincidió con el pedido del fiscal federal Fernando Gélvez, quien hace tiempo había considerado que la instrucción ya no podía aportar nuevos elementos y que los episodios de espionaje estaban lo suficientemente probados para que los marinos enfrenten un tribunal.
Gélvez no fue el único que solicitó la elevación a juicio: el Centro de Estudios Legales y Sociales (a través de su representante local, el abogado Eduardo Hualpa); el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el gobernador Mario Das Neves también requirieron la realización de las audiencias por los mismos hechos.
Los únicos letrados que se opusieron a la elevación a juicio fueron Ramón Monje, defensor de Pablo Rossi, Carlos Vázquez y Cristian Vidal, y su colega Matías Morán, abogado de Gustavo Ottogalli. Ninguno tuvo éxito.
Cabe recordar que el escándalo de las espías ilegales desde la Base Zar estalló el 17 de marzo de 2006 por una denuncia del CELS. La misma entidad amplió su denuncia este año involucrando a los más altos jefes de la Armada: el almirante Jorge Godoy y su segundo, el vicealmirante Benito Rótolo. Por ahora, ambos fueron beneficiados con la falta de mérito tras declarar en el Juzgado Federal de Rawson. Pero siguen comprometidos en lo que se considera la segunda parte de la investigación junto a otros tres altos mandos: Luis Fajre, Luis De Vincenti y Carlos Ruda. Los dos últimos sí fueron procesados por Sastre.
En su escrito de elevación, de poco más de 100 páginas, Sastre detalló las pruebas aportadas por Fiscalía, producto del allanamiento en la Oficina de Inteligencia de la Base que se inició aquel 17 de marzo y culminó el día 20. Incluye varias carpetas con recortes de todo tipo, fichas personales y soportes informáticos, que servían a los fines de un presunto seguimiento de inteligencia sobre dirigentes políticos, referentes de izquierda, periodistas y hasta grupos religiosos. Su contenido fue difundido en varias oportunidades por este diario.
Según explicó el juez federal, “quedó demostrada tanto la materialidad de los hechos como la autoría criminal de los imputados procesados. Ello en virtud de los elementos de prueba obrantes en la causa y que fueran señalados por el Ministerio Fiscal”. Sastre recordó que al procesar a los marinos se pudo establecer que en la Base Zar “funcionaba una sección inteligencia, al menos hasta el momento del allanamiento del 17 de marzo de 2006”.
Esos documentos mostraron datos extraídos de fuentes informativas locales, clasificados de acuerdo a su relevancia política y social. Se usaban para armar perfiles personales o vincular a personas físicas –políticos, funcionarios públicos, magistrados, profesores universitarios, familiares de las personas fallecidas en agosto de 1972, etcétera- con ideas políticas o acciones que revelaran “ideologías de izquierda”. Como dice el auto de elevación, “parece ser que ésta sería la mayor preocupación para esta gente”.
No se trataba sólo de juntar material para formar una base de datos informativos, “sino que a las claras puede verse que todo el material colectado guarda relación con el señalamiento de actos, opiniones, conductas, que a criterio de quienes las calificaban, respondían a orientaciones políticas de izquierda”. Este almacenamiento sobre personas, por su pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales, asistenciales, culturales o laborales, actividad lícita que desarrollen, fe religiosa u opinión política, “constituía una tarea de inteligencia prohibida”. Además, el trabajo se transmitía al Comando de Operaciones Navales de la Base Aeronaval de Puerto Belgrano. “En el ejercicio de la función pública, los funcionarios imputados practicaban sus funciones en la emisión de órdenes, que extralimitaban los supuestos previstos por la ley”. Aunque estaban facultados para hacer tareas de inteligencia militar, propias de una fuerza armada para proteger intereses del Estado, “en realidad hicieron trabajos de inteligencia vedados expresamente por la ley superando los límites impuestos”.
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