Por Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
· Consejo de Defensa de la Patagonia tomó la decisión luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique donde se desestimó la demanda interpuesta.
· Abogado Marcelo Castillo expresó que "tenemos los argumentos suficientes para demostrar que la decisión de la Corema de acoger a tramitación no fue ajustada a derecho, toda vez que este proyecto no cumple con la legalidad chilena refrendada incluso en tratados internacionales".
A la Corte Suprema llegará el litigio entre el Consejo de Defensa de la Patagonia y la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Aysén luego que la Corte de Apelaciones de Coyhaique desestimara que el órgano público cometiera un acto "ilegal y arbitrario" al acoger a tramitación ambiental el Proyecto Hidroeléctrico Aysén en agosto último.
El abogado Marcelo Castillo, vinculado al Consejo de Defensa de la Patagonia, argumenta en el recurso de protección interpuesto que la resolución 101-2008 de la Corema fue ilegal y arbitrario al no considerar en su resolución el Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos del Tratado de Medio Ambiente suscrito por Chile y Argentina en 1991 que exige la existencia de planes generales de utilización de aguas ante proyectos que pueden afectar las cuencas transfronterizas, que sería el caso de los 5 proyectos de represas en los ríos Baker y Pascua, cuyos afluentes provienen mayoritariamente de los lagos binacionales General Carrera y O'Higgins, respectivamente.
Expresó que "aunque respetamos la decisión de los magistrados hemos tomado la decisión de apelar a instancias superiores, en este caso la Corte Suprema, porque tenemos los argumentos suficientes para demostrar que la decisión de la Corema de acoger a tramitación el estudio no fue ajustada a derecho, toda vez que este proyecto no cumple con la legalidad chilena acorde a los tratados internacionales".
En forma indirecta el caso involucra a la Dirección de Fronteras y Límites, que es el organismo técnico político que debe dar su opinión en estas materias y el cual, a pesar de recibir de parte de la Corema junto a otros 36 servicios públicos el estudio de impacto ambiental para su evaluación en las materias de su competencia (como el caso de los recursos hídricos compartidos), nunca dio respuesta a la solicitud de entregar sus observaciones o expresar su conformidad al estudio.
· Consejo de Defensa de la Patagonia tomó la decisión luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique donde se desestimó la demanda interpuesta.
· Abogado Marcelo Castillo expresó que "tenemos los argumentos suficientes para demostrar que la decisión de la Corema de acoger a tramitación no fue ajustada a derecho, toda vez que este proyecto no cumple con la legalidad chilena refrendada incluso en tratados internacionales".
A la Corte Suprema llegará el litigio entre el Consejo de Defensa de la Patagonia y la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Aysén luego que la Corte de Apelaciones de Coyhaique desestimara que el órgano público cometiera un acto "ilegal y arbitrario" al acoger a tramitación ambiental el Proyecto Hidroeléctrico Aysén en agosto último.
El abogado Marcelo Castillo, vinculado al Consejo de Defensa de la Patagonia, argumenta en el recurso de protección interpuesto que la resolución 101-2008 de la Corema fue ilegal y arbitrario al no considerar en su resolución el Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos del Tratado de Medio Ambiente suscrito por Chile y Argentina en 1991 que exige la existencia de planes generales de utilización de aguas ante proyectos que pueden afectar las cuencas transfronterizas, que sería el caso de los 5 proyectos de represas en los ríos Baker y Pascua, cuyos afluentes provienen mayoritariamente de los lagos binacionales General Carrera y O'Higgins, respectivamente.
Expresó que "aunque respetamos la decisión de los magistrados hemos tomado la decisión de apelar a instancias superiores, en este caso la Corte Suprema, porque tenemos los argumentos suficientes para demostrar que la decisión de la Corema de acoger a tramitación el estudio no fue ajustada a derecho, toda vez que este proyecto no cumple con la legalidad chilena acorde a los tratados internacionales".
En forma indirecta el caso involucra a la Dirección de Fronteras y Límites, que es el organismo técnico político que debe dar su opinión en estas materias y el cual, a pesar de recibir de parte de la Corema junto a otros 36 servicios públicos el estudio de impacto ambiental para su evaluación en las materias de su competencia (como el caso de los recursos hídricos compartidos), nunca dio respuesta a la solicitud de entregar sus observaciones o expresar su conformidad al estudio.
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