Fuentes: La Nación, La Capital, 26 Noticias, Crítica Digital
La Nación: Denunciaron a la policía de Chubut por abuso y maltrato
La Capital: Denuncian a tropas policiales de Chubut por atropellos y abusos
26 Noticias: Amenazas, abuso y golpizas de policías en pueblo de Chubut
Critica digital: Denuncian abusos de la Policía en un pueblo de Chubut
La policía tomó un pueblo de Chubut
La Fiscalía de Esquel investiga a suboficiales del Grupo Especial de Operaciones que, según los vecinos, apuntaron con armas a niños, golpearon a mujeres y abusaron de una nena de ocho años. Fue con la excusa de detener a un prófugo. Qué dice el ministro de Gobierno.
Según once denuncias que constan en una causa en la fiscalía de Esquel, entre el 8 y el 15 de marzo de este año, se decretó en Corcovado, un pueblo fronterizo de 3.000 habitantes en la provincia de Chubut, un estado de sitio ilegal en el que la policía allanó veinte casas y cometió excesos de todo tipo: apuntó con armas a niños, golpeó a mujeres, abusó de una nena, entre otros actos de violencia. La excusa para la operación fue la búsqueda de un prófugo, Cristian Bustos, que tuvo como saldo a uno de sus hermanos muerto, otro parapléjico y un tercero detenido, después de un tiroteo en el que también murió un policía y otro quedó herido. Los padres de estos jóvenes viajaron a Buenos Aires para pedir la intervención del gobierno nacional por abuso policial.
Omar Bustos es el padre de los cuatro jóvenes involucrados en el episodio que disparó la intervención del GEOP en el pueblo. Según su relato, su hijo Cristian –prófugo de la Justicia, condenado por homicidio– estaba en la casa paterna cuando llegó la policía de Esquel y mostró una orden de allanamiento. Omar dijo que su hijo estaba esperando al abogado defensor para entregarse. En medio de la negociación, los cuatro hermanos Bustos salieron, se desató un tiroteo, el prófugo escapó, Marcos Bustos, de 16 años, recibió un tiro que lo dejó parapléjico –aunque su padre cree que es por los golpes que le dieron en el móvil policial–; Daniel Bustos recibió un tiro en la pierna y quedó detenido, y Wilson, de 19 años y a punto de ser padre, murió. En la balacera también murió un policía y otro quedó herido.
“Esto sucedió el 8 de marzo, y después de esta masacre en mi familia, vino la tortura del GEOP –relata Omar–. Con la excusa de que buscaban a mi hijo, hicieron más de veinte allanamientos en zonas rurales y del pueblo; iban encapuchados tirando puertas abajo, haciendo abuso de autoridad; en una vivienda tiraron la puerta abajo, a la mamá la tiraron al piso, la golpearon, buscaron a su hija de ocho años que se estaba bañando y abusaron de ella delante de la madre. Además, tomaron la radio y a la noche anunciaban que nadie podía salir después de las diez de la noche, y si lo hacían, tenía que ser con documentos. Durante siete días se escuchaban balazos a la noche como si fuera una guerra, no sé a qué le tiraban. Venimos a denunciar porque estamos con mucho miedo y encima desde el Gobierno dicen que estamos fabulando”.
Marta Belén Pinchulef, su mujer, apenas puede hablar: “Quiero justicia por mi hijo que quedó inválido y por mi otro hijo que quedó detenido y a quien la policía de Esquel golpeó y hasta obligó a tomarse el orín de ellos y ahora trasladaron por su seguridad y por mi hijo fusilado que iba a ser papá en junio. También pido seguridad para nosotros y psicólogos para la gente del pueblo, porque quedamos todos muy traumados”.
INTERVENCIÓN JUDICIAL. El mismo día que el GEOP se instaló en el pueblo, el jefe de la fiscalía de Esquel se encontraba en el lugar y empezó a recibir denuncias de abuso policial en los allanamientos. “Al día siguiente volvió y tomó declaraciones a muchas de las familias que ratificaron los hechos de violencia, las que constan en una causa”, confirmó la vocera de la repartición.
También Omar López, defensor público penal de Esquel, a cargo de la defensa de Daniel Bustos –quien quedó detenido acusado de ser coautor de la muerte del policía–, constató los testimonios de abuso. “Cuando hago el primer control de detención de Daniel Bustos y planteo un hábeas corpus por agresiones recibidas en la comisaría primera de Esquel, tomo conocimiento de los allanamientos realizados por el GEOP en Corcovado durante una semana, fuera de todos los cánones del Estado de derecho y que constan en las once denuncias que tiene la fiscalía. Yo fui a Corcovado y vi cómo estaba todo destruido y la gente atemorizada. En una audiencia catalogué los hechos de espeluznantes, como en las peores épocas de la dictadura”, dice López que espera, en los próximos días, recibir el poder de los denunciantes de Corcovado para iniciar una querella por abuso policial.
VOZ OFICIAL. En todas sus apariciones públicas, el jefe de la policía y comisario general de Chubut, Juan Luis Ale, reconoció que se hicieron estos allanamientos y que intervino el GEOP, pero negó abusos y hechos de violencia: “Se utilizó la fuerza necesaria para detener a un prófugo y para irrumpir en los domicilios. Fueron allanamientos hechos con orden judicial y no consta que haya habido hechos de violencia”.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Máximo Pérez Catán, aseguró que la policía actuó como auxiliar de la Justicia, a pedido de la fiscalía: “No fuimos nosotros los que enviamos a la policía de manera preventiva sino que ésta actuó bajo la supervisión de la fiscalía. De todos modos, instruimos a la jefatura para que realice una investigación y estamos esperando que la fiscalía nos acerque información para establecer, al menos prima facie, si hubo abuso y, de comprobarse, sancionar a quien corresponda como establece la ley”.
Hasta el momento, los padres de los Bustos y representantes de la comunidad de Corcovado se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis H. Alén, con miembros del INADI, con Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y solicitaron una entrevista con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para pedir la intervención del gobierno nacional por los abusos policiales que –coinciden en el pueblo– son comparables al accionar en la peores épocas de la dictadura militar.
Un hombre permanece desaparecido
El 12 de marzo pasado, mientras el GEOP permanecía en Corcovado allanando domicilios particulares tanto en el pueblo como en la zona rural, Luciano González fue detenido en las cercanías –por una contravención, según confirmó la fiscalía– y desde ese día permanece desaparecido.
Junto a González estaba un hombre de apellido Jaramillo, quien también fue llevado a la comisaría y luego liberado en la zona de Trevelin. Arturo González, hermano de Luciano, relató lo que le dijo Jaramillo: “Mi hermano estaba tomando en la vía pública con Jaramillo, entonces lo denunciaron. La policía lo fue a buscar y ahí pidieron refuerzos a Corcovado. Lo llevaron y, según ellos, lo soltaron. Jaramillo dice que la policía les pegó a los dos”. Por el momento, ni la fiscalía ni los familiares tienen ningún dato.
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