Por Espacio DocenteDesde Espacio Docente creemos necesario tomar posición sobre uno de los temas que ha ocupado la agenda pública de los últimos días y que refiere a la negativa reiterada de la Justicia de Chubut a reconocer un derecho que está instaurado en el Código Penal argentino: las mujeres/niñas/adolescentes que han sido abusadas, y maltratadas pueden interrumpir los embarazos producto de dichas violaciones, sin ser pasibles de pena alguna por esa decisión.
Atento a la definición de Salud integral de la OMS y a Convenciones Internacionales como la CEDAW, en éstos casos no cabe solicitar autorización a la justicia para interrumpir los embarazos; los hospitales públicos deberían acceder a la petición de la mujer o de las familias (si se trata de menores) pues claramente están encuadrados en la categoría de ABORTOS NO PUNIBLES. Pero aún cuando el aborto está permitido (peligro para la vida o la salud de la madre, violación, etc.) se encuentran obstáculos y dificultades para que los hospitales públicos lo realicen, debido a presiones de sectores conservadores (en particular la Iglesia Católica), a la preeminencia de convicciones personales y morales de medicxs y jueces/juezas en vez de garantizar derechos adquiridos por la ciudadanía.
Claramente tal judicialización y criminalización de los abortos no punibles, devela los rasgos androcéntricos de nuestra sociedad, en particular la visión patriarcal y paternalista de la justicia (jueces/juezas), la medicina (médicos/as)y la religión (pastores, curas, obispos) que ven en casos como el que nos ocupa la oportunidad de seguir manteniendo relaciones de tutela, cuando no de dominio sobre las mujeres.
Ante esta situación:
1. Reafirmamos la necesidad de un Estado Laico para poder ejercer nuestra autonomía ciudadana, donde las convicciones religiosas personales o de un determinado sector no se puedan imponer al resto de la sociedad y donde el Estado garantice las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de los ciudadanos/as, independientemente de las creencias que profesen o del hecho que no profesen ninguna.
2. Sostenemos que las mujeres son sujetos de derecho con plena capacidad para diseñar sus proyectos de vida, para decidir sobre sus metas reproductivas, con idéntica autonomía que los hombres.
Por lo tanto consideramos imperioso incluir el debate sobre el aborto en la agenda de las políticas públicas, planteamos la necesidad urgente del tratamiento legislativo sobre el aborto y la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención del abuso sexual infantil y adolescente, la violencia de género y la asistencia y protección a las víctimas.
Creemos que debemos discutir, con una audiencia cada vez más amplia y con diferentes argumentos, algo que los sectores conservadores han querido mantener en silencio, durante siglos.
El debate sobre EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR deberá incluir no sólo a las mujeres, sino también a todos los varones y demás personas interesadas en cambiar las relaciones desiguales, injustas y violentas que existen hoy. Relaciones que se manifiestan con toda crudeza y crueldad en casos como los de A.G, que no sólo debió soportar el abuso de su padrastro, si no la violación reiterada y sistemática de su cuerpo y sus derechos, el abandono de las instituciones que debieran protegerla y cuidarla; obligándola a una espera traumática, a una reclusión en su casa, mientras el violador anda suelto.
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