La UCR acusa a Daniel Taito y a Pablo Korn del delito de malversación e incumplimiento de los deberes del funcionario público
Por Bloque de Diputados UCR
El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical presentó ayer ante la Procuración General de la Provincia una denuncia penal por el manejo de los dineros públicos relacionados con la publicidad oficial.
Los alcances de la presentación se explicaron a la prensa durante un encuentro realizado al mediodía en la Legislatura Provincial, oportunidad en la que el presidente del bloque, Roberto Risso, reseñó las características de la denuncia en compañía de sus pares Marta Raso, Carlos Lorenzo y Carlos Díaz.
Con su escrito, el bloque radical acusó la comisión de delitos de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro de Coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito.
Ocho anexos con 2000 fojas
Para la investigación de lo que llamaron “negociaciones incompatibles con la calidad de funcionario público y la defraudación”, la presentación se acompañó con aproximadamente 2000 hojas distribuidas en ocho anexos como pruebas documentales y publicaciones de boletines oficiales.
El diputado Risso dijo que las pruebas permiten demostrar que el libro de contratos de la publicidad oficial “no se hizo como lo establece la ley”. Las copias permiten detectar “irregularidades y datos que no se corresponden con las exigencias legales, en tanto que en los boletines oficiales se comprueba fácilmente la demora en la publicación de los contratos, en algunos casos con años de atraso”.
“Eso hace imposible el control. La misma Corte Suprema lo ha dicho. Publicar tarde es no publicar. La ley le impone a la autoridad de aplicación publicar todos los contratos en un plazo no mayor de 45 días”.
Responsables
“Mencionamos concretamente el ministro coordinador por ser el responsable, según la ley de acceso a la información pública, de asegurar que las pautas legales de publicación se cumplan”, dijo Risso, aclarando que el pedido de investigación se extiende desde 2003 a la fecha, con la intervención en la primera etapa de Norberto Yauhar en esa cartera.
Los pedidos de informes y el recurso de amparo para acceder a la documentación “se hicieron durante la gestión de Pablo Korn pero decimos que se investigue todo el período”, aclaró.
Con respecto al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito, dijo que para el bloque radical “es quien ha urdido esta maniobra a partir del 2003, aunque después extendemos –aclaró- partícipes de una maniobra que ha permitido que se manejen cientos de millones de pesos prácticamente sin control.
Ley Pais
La exposición se inició subrayando la existencia en la Provincia del Chubut de la ley de acceso de la información pública, sancionada en 1992 con mayoría del Poder Justicialista en la Legislatura durante el gobierno del Dr. Carlos Maestro, llamada “Ley Pais” en alusión a su impulsor, hoy diputado nacional por el Frente para la Victoria.
“Esa ley fue presentada en el Parlamento justamente para regular y controlar el manejo que hace el Poder Ejecutivo sobre las partidas para financiar la publicidad oficial”, señaló Risso.
“La ley –prosiguió- le impone al Poder Ejecutivo algunas obligaciones y las más importantes son las de llevar tres libros de registros, muy similares a los de un escribano, foliados correlativamente y firmados por la Escribanía General de Gobierno. En esos libros se deben registrar las agencias de publicidad que contratan con el Estado, los medios y, en el libro a nuestro entender más importante, los contratos de publicidad”, apuntó.
“En ese libro se deben registrar, en forma correlativa y foliada, absolutamente todos los contratos de publicidad que formaliza el Estado Provincial. Esos contratos –afirmó el titular del bloque de la UCR- son los que realiza la Subsecretaría de Información Pública y los que efectivice cualquiera de los organismos del Estado Provincial, sean entes autárquicos o sociedades del Estado. Esto quiere decir que tienen que estar registradas las publicidades del Banco del Chubut, Lotería Provincial y, siguiente el espíritu de la ley, hasta las de Petrominera y de cualquier tipo de contratación que haga el Estado en materia de publicidad”, indicó Risso.
Mecanismo para evitar control
“Esta es una obligación legal. En caso de no hacerlo es incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público y, a nuestro entender, lo decimos en nuestra denuncia, se ha urdido un mecanismo a partir del año 2003 para poder manejar cientos de millones de pesos prácticamente sin ningún tipo de control.
Esto está claramente demostrado aunque hoy obviamente pedimos que la Fiscalía promueva las actuaciones necesarias para determinarlo”, sostuvo.
“Con los cálculos que hemos practicado y la documentación a la que hemos podido acceder que en esta Provincia se han manejado más de 800 millones de pesos sin control. Y lo que más grave aún es que gran parte de esos dineros ni siquiera se han gastado en el territorio provincial sino a lo ancho y a lo largo de la República Argentina, apareciendo publicidades en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y lugares inverosímiles. Algunos dicen para turismo. Habrá que acreditarlo en el marco de una política de difusión turística de la Provincia”, puntualizó.
“En cada contrato, al pago que hace el Estado al contratante se debe corresponder la contraprestación. En el caso de la publicidad oficial, las contraprestaciones son por centímetros o segundos de publicidad. Cada medio lo tiene que registrar”, consideró Risso.
Malversación
En un tramo de su exposición, estimó que “el ejemplo más claro de la malversación se observa con el caso de Orly Terranova, a quien el gobernador Mario Das Neves, dos veces, le atribuye el regalo de los afiches de su campaña presidencial por todo el país”.
“En la denuncia damos la cantidad de contratos que existen con la agencia OTI que es de la hermana de Orly Terranova. Habrá que investigar las contraprestaciones en los libros y en las constancias que deben existir entre lo que se ha pagado y el servicio que ha prestado esta agencia”, apuntó el legislador radical.
Risso dijo que la denuncia menciona también una serie de agencias más a investigar como AM Publicidad SRL, Agencia Publicar SA, Agencia Mediaview SAy AG Braga Menéndez.
Ejemplos
A modo de ejemplo, el presidente del bloque radical informó que “también pedimos que se investigue una serie importante de agencias para determinar si existen, por ejemplo Primacía, que aparece contratando publicidad con el diario Río Negro, La Capital de Rosario, El Litoral de Santa Fe, Los Andes, la Gaceta de Tucumán”.
Mencionó asimismo el auspicio brindado a distintos programas “mediante contratos de distintos montos cuya suma asombra y asusta”.
“Además hay una serie de contrataciones directas dentro del Ministerio de Coordinación de Gabinete que son muy extrañas. Voy a mencionar una: la contratación directa mediante resolución del 3 de febrero de 2009 que autoriza a la Subsecretaria de Relaciones Institucionales a contratar con la firma ODATECH S.R.L, domiciliada en Lavalle 1625 de CABA por la elaboración de informes diarios, semanales y mensuales, en formato electrónico, sobre cuestiones de índole económica y política, y por la confección conjunta de informes y análisis valorativos mensuales, en formato electrónico e impreso, focalizados en la presencia y tratamiento mediático de las acciones y hechos protagonizados por el Gobierno de la Provincia del Chubut en los medios de prensa nacionales y provinciales”.
Contrataciones sin registrar
“Las contrataciones de esta naturaleza son muchísimas pero lo que llama poderosamente la atención es que el sistema de publicidad oficial está relacionado con publicitar los actos de gobierno y está vinculado con la obligación que tiene el funcionario público de permitir el acceso al ciudadano para saber lo que hace el gobierno de la provincia”.
“Este tipo de contrataciones con empresas como ODATECH SRL para que se hagan informes en Buenos Aires no tiene sentido, ni siquiera se explica en los fundamentos de la resolución. Son contrataciones directas que no están registradas en los Libros que la ley obliga al gobierno a llevar”, señaló.
“Hay un sinfín de contrataciones directas que no están registradas y mucho menos publicadas. Esto es lo que pedimos a la Fiscalía, en el proceso de investigación, determine este tipo de mecanismos que, insisto, para nosotros aquí se ha urdido una estrategia dolosa a fin de manejar cientos de millones de pesos prácticamente sin ningún tipo de control”, enfatizó.
Notas relacionadas:
El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical presentó ayer ante la Procuración General de la Provincia una denuncia penal por el manejo de los dineros públicos relacionados con la publicidad oficial.
Los alcances de la presentación se explicaron a la prensa durante un encuentro realizado al mediodía en la Legislatura Provincial, oportunidad en la que el presidente del bloque, Roberto Risso, reseñó las características de la denuncia en compañía de sus pares Marta Raso, Carlos Lorenzo y Carlos Díaz.
Con su escrito, el bloque radical acusó la comisión de delitos de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro de Coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito.
Ocho anexos con 2000 fojas
Para la investigación de lo que llamaron “negociaciones incompatibles con la calidad de funcionario público y la defraudación”, la presentación se acompañó con aproximadamente 2000 hojas distribuidas en ocho anexos como pruebas documentales y publicaciones de boletines oficiales.
El diputado Risso dijo que las pruebas permiten demostrar que el libro de contratos de la publicidad oficial “no se hizo como lo establece la ley”. Las copias permiten detectar “irregularidades y datos que no se corresponden con las exigencias legales, en tanto que en los boletines oficiales se comprueba fácilmente la demora en la publicación de los contratos, en algunos casos con años de atraso”.
“Eso hace imposible el control. La misma Corte Suprema lo ha dicho. Publicar tarde es no publicar. La ley le impone a la autoridad de aplicación publicar todos los contratos en un plazo no mayor de 45 días”.
Responsables
“Mencionamos concretamente el ministro coordinador por ser el responsable, según la ley de acceso a la información pública, de asegurar que las pautas legales de publicación se cumplan”, dijo Risso, aclarando que el pedido de investigación se extiende desde 2003 a la fecha, con la intervención en la primera etapa de Norberto Yauhar en esa cartera.
Los pedidos de informes y el recurso de amparo para acceder a la documentación “se hicieron durante la gestión de Pablo Korn pero decimos que se investigue todo el período”, aclaró.
Con respecto al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito, dijo que para el bloque radical “es quien ha urdido esta maniobra a partir del 2003, aunque después extendemos –aclaró- partícipes de una maniobra que ha permitido que se manejen cientos de millones de pesos prácticamente sin control.
Ley PaisLa exposición se inició subrayando la existencia en la Provincia del Chubut de la ley de acceso de la información pública, sancionada en 1992 con mayoría del Poder Justicialista en la Legislatura durante el gobierno del Dr. Carlos Maestro, llamada “Ley Pais” en alusión a su impulsor, hoy diputado nacional por el Frente para la Victoria.
“Esa ley fue presentada en el Parlamento justamente para regular y controlar el manejo que hace el Poder Ejecutivo sobre las partidas para financiar la publicidad oficial”, señaló Risso.
“La ley –prosiguió- le impone al Poder Ejecutivo algunas obligaciones y las más importantes son las de llevar tres libros de registros, muy similares a los de un escribano, foliados correlativamente y firmados por la Escribanía General de Gobierno. En esos libros se deben registrar las agencias de publicidad que contratan con el Estado, los medios y, en el libro a nuestro entender más importante, los contratos de publicidad”, apuntó.
“En ese libro se deben registrar, en forma correlativa y foliada, absolutamente todos los contratos de publicidad que formaliza el Estado Provincial. Esos contratos –afirmó el titular del bloque de la UCR- son los que realiza la Subsecretaría de Información Pública y los que efectivice cualquiera de los organismos del Estado Provincial, sean entes autárquicos o sociedades del Estado. Esto quiere decir que tienen que estar registradas las publicidades del Banco del Chubut, Lotería Provincial y, siguiente el espíritu de la ley, hasta las de Petrominera y de cualquier tipo de contratación que haga el Estado en materia de publicidad”, indicó Risso.
Mecanismo para evitar control
“Esta es una obligación legal. En caso de no hacerlo es incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público y, a nuestro entender, lo decimos en nuestra denuncia, se ha urdido un mecanismo a partir del año 2003 para poder manejar cientos de millones de pesos prácticamente sin ningún tipo de control.
Esto está claramente demostrado aunque hoy obviamente pedimos que la Fiscalía promueva las actuaciones necesarias para determinarlo”, sostuvo.
“Con los cálculos que hemos practicado y la documentación a la que hemos podido acceder que en esta Provincia se han manejado más de 800 millones de pesos sin control. Y lo que más grave aún es que gran parte de esos dineros ni siquiera se han gastado en el territorio provincial sino a lo ancho y a lo largo de la República Argentina, apareciendo publicidades en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y lugares inverosímiles. Algunos dicen para turismo. Habrá que acreditarlo en el marco de una política de difusión turística de la Provincia”, puntualizó.
“En cada contrato, al pago que hace el Estado al contratante se debe corresponder la contraprestación. En el caso de la publicidad oficial, las contraprestaciones son por centímetros o segundos de publicidad. Cada medio lo tiene que registrar”, consideró Risso.
Malversación
En un tramo de su exposición, estimó que “el ejemplo más claro de la malversación se observa con el caso de Orly Terranova, a quien el gobernador Mario Das Neves, dos veces, le atribuye el regalo de los afiches de su campaña presidencial por todo el país”.
“En la denuncia damos la cantidad de contratos que existen con la agencia OTI que es de la hermana de Orly Terranova. Habrá que investigar las contraprestaciones en los libros y en las constancias que deben existir entre lo que se ha pagado y el servicio que ha prestado esta agencia”, apuntó el legislador radical.
Risso dijo que la denuncia menciona también una serie de agencias más a investigar como AM Publicidad SRL, Agencia Publicar SA, Agencia Mediaview SAy AG Braga Menéndez.
Ejemplos
A modo de ejemplo, el presidente del bloque radical informó que “también pedimos que se investigue una serie importante de agencias para determinar si existen, por ejemplo Primacía, que aparece contratando publicidad con el diario Río Negro, La Capital de Rosario, El Litoral de Santa Fe, Los Andes, la Gaceta de Tucumán”.
Mencionó asimismo el auspicio brindado a distintos programas “mediante contratos de distintos montos cuya suma asombra y asusta”.
“Además hay una serie de contrataciones directas dentro del Ministerio de Coordinación de Gabinete que son muy extrañas. Voy a mencionar una: la contratación directa mediante resolución del 3 de febrero de 2009 que autoriza a la Subsecretaria de Relaciones Institucionales a contratar con la firma ODATECH S.R.L, domiciliada en Lavalle 1625 de CABA por la elaboración de informes diarios, semanales y mensuales, en formato electrónico, sobre cuestiones de índole económica y política, y por la confección conjunta de informes y análisis valorativos mensuales, en formato electrónico e impreso, focalizados en la presencia y tratamiento mediático de las acciones y hechos protagonizados por el Gobierno de la Provincia del Chubut en los medios de prensa nacionales y provinciales”.
Contrataciones sin registrar
“Las contrataciones de esta naturaleza son muchísimas pero lo que llama poderosamente la atención es que el sistema de publicidad oficial está relacionado con publicitar los actos de gobierno y está vinculado con la obligación que tiene el funcionario público de permitir el acceso al ciudadano para saber lo que hace el gobierno de la provincia”.
“Este tipo de contrataciones con empresas como ODATECH SRL para que se hagan informes en Buenos Aires no tiene sentido, ni siquiera se explica en los fundamentos de la resolución. Son contrataciones directas que no están registradas en los Libros que la ley obliga al gobierno a llevar”, señaló.
“Hay un sinfín de contrataciones directas que no están registradas y mucho menos publicadas. Esto es lo que pedimos a la Fiscalía, en el proceso de investigación, determine este tipo de mecanismos que, insisto, para nosotros aquí se ha urdido una estrategia dolosa a fin de manejar cientos de millones de pesos prácticamente sin ningún tipo de control”, enfatizó.
Notas relacionadas:
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario