Por Sergio Carpenter*Enviado por Marta Sahores
Esa cordillera esplendorosa, esa fecunda roca vertical andina está en el centro del debate público. Es que enormes inversiones privadas extranjeras han puesto el ojo allí con un decidido interés por arrancar sus frutos y llevarlos al mercado. La contrapartida es una creciente expresión ciudadana que parecerá decirle no a la minería o más bien no a cierta mega minería. La reciente sanción de la ley de Glaciares parece ir en la misma dirección. Otra muestra del interés público por el tema lo constituye la organización del Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzó a realizar actividades durante este año y cuyo nudo central tuvo lugar entre el 14 y el 15 de octubre último(1). Esa universidad aceptó los dineros distribuidos por YMAD derivados de la obtención de ganancias por la explotación aurífera de La Alumbrera en Catamarca, pero condicionados a que los fondos fueran utilizados con exclusividad al fomento del debate minero. Y así lo hicieron.
“Valiente” es el primer adjetivo que le cabe al Rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y a la Comisión Organizadora del Foro(2), que sufrieron el ninguneo de los medios de comunicación y la orquestación de diversas campañas en contra de su realización. Pero a pesar de ello se aseguró el éxito organizativo de la actividad que contó con la presencia de profesionales e intelectuales de renombre nacional e internacional. Se coloca así a la universidad pública en un rol fundamental, ser una caja de resonancia de las distintas visiones y disciplinas que intervienen en una temática con alto voltaje público. En San Juan, la universidad es un ejemplo a emular por sus pares nacionales.
La Minería a Cielo Abierto es un fenómeno relativamente reciente, que se abre camino esencialmente desde la década de los 70. El avance tecnológico posibilitó la explotación de minerales presentes en bajas concentraciones. La minería del oro lo hace utilizando cianuro, agua y energía en forma intensiva, además de enormes cantidades de explosivos. En América latina, existe una oleada de inversiones mineras que focalizan el objetivo en los metales y también en minerales necesarios en las industrias tecnológicas, de telecomunicaciones.
La expansión de las inversiones en la Argentina necesitó de importantes cambios en su legislación. Esto lo hizo posible el gobierno de Carlos Menem, que modificó el código minero e impulsó la ley de inversiones mineras. Si se compara dicha legislación con la impulsada en 1973, resalta el sesgo privatizador propuesto para la actividad en los noventa. En la Argentina, además, se aprobó el Tratado Minero Argentino Chileno firmado por los presidentes Menem y Frei en 1997, entelequia jurídica de carácter único en el mundo. Julián Alcayaga(3) remarca las características de dicho acuerdo: “crea una región de más de cuatro mil kilómetros de largo por 200 de ancho, en donde ni argentinos ni chilenos tienen jurisdicción. Es el reinado de las corporaciones mineras internacionales con intereses en nuestra cordillera, es el país virtual”. Denuncia, además, el reconocimiento que efectuó el principal abogado de la minera Barrick Gold -omnipresente en el San Juan de hoy- en una comida en donde asistió en calidad de asesor del ex senador chileno Jorge Lavandero: “nosotros hicimos el Tratado”. El boom de proyectos mineros que hay en la Argentina fue precedido por la compra de numerosas minas a bajo precio, con anterioridad a la firma del Tratado. Es inmediato deducir uso de información privilegiada. Sin embargo, Alcayaga enfatiza que el principal objetivo del tratado minero no se está cumpliendo, puesto que en un dictamen del Tribunal Constitucional de Chile se prohíbe expresamente la servidumbre hacia el Pacífico de minerales con origen en Argentina. Nota completa
* Especial IADE / Realidad Económica
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