Enviado por Liliana Murgas
El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la Provincia del Chubut, como Organización que nuclea a todos los profesionales que ejercen en el territorio provincial, tiene como principal función la defensa y la promoción del ejercicio profesional. En este marco expresamos nuestro apoyo y postura institucional ante la situación puesta en conocimiento por la colega Lic. Miriam Monasterolo, Directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la niñez, la Adolescencia y la Familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La Lic. Monasterolo concedió una entrevista a un medio periodístico local, y señalo en la misma la situación de desprotección y vulneración que transitan jóvenes de la localidad de Comodoro Rivadavia, especialmente aquellos que se encuentran en situación de detención o bien vinculados a procedimientos policiales. Sostenemos la importancia de no desviar e invisibilizar el debate de fondo de la cuestión, y abordar el dilema con madurez, fuera de todo interés mezquino y parcial.
Los excesos policiales son reflejo de la miopía del discurso social hegemónico que pregona “mano dura” y más policía en la calle, pero que desconoce y es indiferente ante la precarización de las políticas públicas de prevención e inclusión.
Adherimos a los pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Comodoro Rivadavia y al señalamiento que hiciera al respecto el Foro Patagónico de Niñez, adolescencia y Familia.
En relación a esto expresamos:
Nuestra solidaridad con la colega y funcionaria interviniente, Lic. Miriam Monasterolo, destacando el compromiso asumido en la Defensa de los Derechos de los Niños, Adolescentes y sus Familias reafirmando con ello los valores éticos-políticos fundamentales de nuestra profesión, que deben primar como principios constitutivos y fundamentales de nuestras prácticas profesionales.
Valorizar y reafirmar las funciones de la Oficina de Derechos y Garantías como organismo constitutivo del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual tiene como una de sus funciones “ recibir las denuncias, reclamos o pedidos de ayuda que formulen los niños, adolescentes sus representantes, particulares o instituciones protectoras para velar y promover el cumplimiento de las garantías y derechos de los mismos por parte de las instituciones y actores responsables”.
Denunciamos la fragilidad de los sistemas de protección integral para niños y adolescentes en todos los Municipios de la provincia. No solo señalando la responsabilidad del actual Gobierno Provincial, autoridades judiciales y Municipales sino la de todos los actores de la Sociedad Civil y la ciudadanía en general.
Entendemos lo sucedido como emergente de la falta de políticas públicas para la niñez y adolescencia, y/o su desbalance en relación a las marcadas políticas de control y represión.
Escaso presupuesto para proyectos de inclusión social, mientras se asigna cada vez más dinero para llenar las calles de más policía y construir lugares de encierro y castigo en nombre de la tan apelada "seguridad".
Entendemos que existe un discurso social, que se pretende dominante, y que ponen el énfasis en la conducta de los jóvenes y lo que “le hacen” a la sociedad. Esto es amplificado enfáticamente por algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo, se oculta sistemáticamente los padecimientos que sufren estos jóvenes, sus condiciones de vida y las marcas de la marginalidad. Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad, la extensión del sistema penal y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella. Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Lic. Liliana Abraham
Pte. CPTSCh.
Lic. Juan Pablo Minor
Vice Pte. CPTSCh.
Nota relacionada: Opinión: “El control sobre los órganos de control”, por David Patricio Romero
El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la Provincia del Chubut, como Organización que nuclea a todos los profesionales que ejercen en el territorio provincial, tiene como principal función la defensa y la promoción del ejercicio profesional. En este marco expresamos nuestro apoyo y postura institucional ante la situación puesta en conocimiento por la colega Lic. Miriam Monasterolo, Directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la niñez, la Adolescencia y la Familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La Lic. Monasterolo concedió una entrevista a un medio periodístico local, y señalo en la misma la situación de desprotección y vulneración que transitan jóvenes de la localidad de Comodoro Rivadavia, especialmente aquellos que se encuentran en situación de detención o bien vinculados a procedimientos policiales. Sostenemos la importancia de no desviar e invisibilizar el debate de fondo de la cuestión, y abordar el dilema con madurez, fuera de todo interés mezquino y parcial.
Los excesos policiales son reflejo de la miopía del discurso social hegemónico que pregona “mano dura” y más policía en la calle, pero que desconoce y es indiferente ante la precarización de las políticas públicas de prevención e inclusión.
Adherimos a los pronunciamientos de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Comodoro Rivadavia y al señalamiento que hiciera al respecto el Foro Patagónico de Niñez, adolescencia y Familia.
En relación a esto expresamos:
Nuestra solidaridad con la colega y funcionaria interviniente, Lic. Miriam Monasterolo, destacando el compromiso asumido en la Defensa de los Derechos de los Niños, Adolescentes y sus Familias reafirmando con ello los valores éticos-políticos fundamentales de nuestra profesión, que deben primar como principios constitutivos y fundamentales de nuestras prácticas profesionales.
Valorizar y reafirmar las funciones de la Oficina de Derechos y Garantías como organismo constitutivo del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual tiene como una de sus funciones “ recibir las denuncias, reclamos o pedidos de ayuda que formulen los niños, adolescentes sus representantes, particulares o instituciones protectoras para velar y promover el cumplimiento de las garantías y derechos de los mismos por parte de las instituciones y actores responsables”.
Denunciamos la fragilidad de los sistemas de protección integral para niños y adolescentes en todos los Municipios de la provincia. No solo señalando la responsabilidad del actual Gobierno Provincial, autoridades judiciales y Municipales sino la de todos los actores de la Sociedad Civil y la ciudadanía en general.
Entendemos lo sucedido como emergente de la falta de políticas públicas para la niñez y adolescencia, y/o su desbalance en relación a las marcadas políticas de control y represión.
Escaso presupuesto para proyectos de inclusión social, mientras se asigna cada vez más dinero para llenar las calles de más policía y construir lugares de encierro y castigo en nombre de la tan apelada "seguridad".
Entendemos que existe un discurso social, que se pretende dominante, y que ponen el énfasis en la conducta de los jóvenes y lo que “le hacen” a la sociedad. Esto es amplificado enfáticamente por algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo, se oculta sistemáticamente los padecimientos que sufren estos jóvenes, sus condiciones de vida y las marcas de la marginalidad. Estamos convencidos que la baja de la edad de imputabilidad, la extensión del sistema penal y el endurecimiento de penas no van a resolver la inseguridad, ni la percepción social que existe de ella. Sabemos que la única respuesta real respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza.
Lic. Liliana Abraham
Pte. CPTSCh.
Lic. Juan Pablo Minor
Vice Pte. CPTSCh.
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