Opinión: “El control sobre los órganos de control”, por David Patricio Romero

Por David Patricio Romero

Lo que no puede admitir el actual Gobierno del Chubut es que el pueblo ejerza control sobre el mismo.

El Gobierno del Chubut por intermedio de su Ministerio de gobierno y Jefatura de Policía manifestó que va a proceder a denunciar penalmente a la titular de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia. La denuncia se fundamentaría en que Miriam Monasterolo – la citada titular – habría realizado públicas manifestaciones sin prueba alguna que atentaría contra la Policía del Chubut. En verdad lo que habría expresado Monasterolo era que en la Oficina a su cargo se había recepcionado denuncias sobre violencia policial en Comodoro, aún con la presunta existencia de lugares como sótanos donde se ejercerían torturas contra detenidos. Y en cumplimiento de su deber iba a proceder a la denuncia penal de dichas circunstancias.

Cualquier gobierno que estuviere alentado por principios democráticos hubiera tomado los dichos de una funcionaria que expresaba una violación a la ley por parte del organismos encargados de custodiar la seguridad personal de los ciudadanos, que conllevaba la gravosa posibilidad que se estuvieran violando derechos humanos, para producir el esclarecimiento de los hechos y llevar la tranquilidad necesaria a la población. Ahora bien, el Gobierno del Chubut en lugar de proceder a la investigación de lo manifestado por la Oficina de Derechos y Garantías procedió a formular una pública “amenaza” de denuncia contra la misma.

Pero esta actitud del Gobierno provincial, que es reprochable, es algo que ha venido siendo su conducta permanente a través del tiempo desde que asumió en el año 2003. Si algo ha tenido en cuenta este Gobierno es eliminar toda posibilidad de control sobre su gestión. Para ello, si bien era imposible la no la existencia de los organismos de control pues le eran preexistentes, se propuso desde siempre someter los mismos a los fines de evitar que cumplan con su objetivo, que era precisamente controlar.

Por eso planteó desde el comienzo de su gestión el control de la estructura judicial. En ese sentido todos recordarán el acometimiento contra los jueces y otros funcionarios judiciales; se recordará cuando disponía la autoría de delitos con nombre y apellidos ni bien producidos los mismos enojándose y agrediendo cuando la Justicia no coincidía con ello. Logró remoción del Procurador Fiscal en el Superior Tribunal de Justicia sustituyéndolo por uno de sus íntimos compañeros de gestión, para nombrar algunos de los hechos más sobresalientes.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia también fue objeto de su agresión logrando la renuncia del Presidente del mismo y la advertencia a todos los demás sobre sus intenciones.

Transformó y sometió al Poder Ejecutivo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hoy Oficina Anticorrupción. Un organismo que se hallaba fuera del alcance de cualquiera de los Poderes del Estado durante su primer período gubernamental pasó a ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Luego ante tamaña aberración la pasó a que dependiera de la Legislatura. Pero su titular es un dilecto militante de su causa.
La Defensoría del Pueblo si bien no fue reformulada se aseguró de tal forma que no se conoce que su gobierno haya sido objetado en ninguno de sus actos.

Lo dicho hasta ahora es respecto de los organismos establecidos en el sistema republicano de gobierno. Pero en lo privado la prensa y el periodismo en general fueron objeto de un control del Gobierno provincial. Muchos fueron los episodios en ese sentido. Varios fueron los periodistas presionados y agredidos verbalmente por elementos del oficialismo. Utilizándose también la presión económica a la que algunos medios fueron porosos en su recepción.

Que en las comisarías de policías se produzcan vejámenes de distinta índole e intensidad no es un dato que pueda sorprender a nadie. Esto desde antiguo. Pero lo novedoso para bien es que haya funcionarios que cumpliendo con su función pongan en evidencia los mismos. El Estado democráticos no puede tener actitudes ilegales. El Estado no puede reprimir ilegalmente. Por eso ante una mínima posibilidad que ello ocurra debe el Estado salir en protección de las persona víctimas, no en protección de si mismo.

Pero hoy tenemos este nuevo episodio en nuestra Provincia del Chubut. Una funcionaria ha sido presionada públicamente para evitar que cumpla con su función.

Cuando no se puede controlar, cuando no se puede expresar la existencia de irregularidades, cuando no se puede ni siquiera advertir sobre ilegalidades hemos de admitir que estamos en presencia de un Gobierno Autoritario.

Y lo más grave es que los chubutenses corremos el albur de padecerlo cuatro años más.

Trelew, Mayo de 2011.-

* Encuentro para la Participación Popular

Nota relacionada: Comodoro: Monasterolo ratificó ante el Concejo su denuncia sobre hechos de violencia policial