Por Bloque de Diputados UCRLa Unión Cívica Radical propuso someter a consulta popular vinculante un proyecto de ley que declara “insanablemente nulos” tanto el acuerdo celebrado entre la Provincia del Chubut y Pan American Energy y la ley que prorrogó la concesión de diversos yacimientos hidrocarburíferos por cuarenta años a favor de dicha empresa, entre otros Cerro Dragón, el de mayor producción de nuestro país.
La propuesta fue realizada por el diputado Carlos Lorenzo en la sesión ordinaria de esta noche, oportunidad en la que se votó pasar a comisión ambas iniciativas.
La consulta se impulsa para que la ciudadanía se exprese al respecto en el marco de lo prescripto por el artículo 262° de la Constitución Provincial y lo establecido por el artículo 3° de la ley reglamentaria.
La iniciativa plantea la convocatoria para el 14 de agosto próximo, simultáneamente con el llamado a elecciones internas abiertas y simultáneas, para definir candidatos a cargos electivos de la jurisdicción nacional.
Detalles
El proyecto de ley a someterse a decisión popular declara “insanablemente nulo el Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Inversiones en Areas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut y sus seis anexos”.
La misma declaración impulsa para la ley VII N° 42 (antes ley 5616) que fue la norma jurídica que vino a aprobar el convenio de prórroga de la concesión de diversos yacimientos hidrocarburíferos por 40 años a favor de Pan American Energy, entre éstos el de mayor producción de nuestro país, Cerro Dragón.
Antecedentes
Los fundamentos de la iniciativa radical afirman que “se dirá que para tal declaración es competente el Poder Judicial. A tal observación contestamos que nuestro ordenamiento jurídico registra antecedentes de declaraciones legislativas de nulidad ante casos de notoria gravedad institucional”.
“Así, no puede dejar de citarse el caso de la ley 25.779, que declaró insanablemente nulas a las leyes 23.492 y 23.521, más conocidas como de “punto final” y “obediencia debida”, agrega.
Responsabilidad
“Convocamos entonces al conjunto de la Honorable Legislatura a asumir la responsabilidad que le cabe al Poder Legislativo para poner coto a un modelo de producción en el cual la parte del león se lo llevan unas pocas empresas concesionarias, que pagan una exigua regalía por un recurso del dominio estatal, que vuelcan el peso del riesgo laboral en empresas locales y que sin embargo se llevan la parte del león, sin correr prácticamente riesgo alguno”, señala el bloque radical.
“Es hora de que se piense también en la seguridad jurídica de los empresarios locales, que arriesgan capital y emplean a más de doce mil personas, y de estos trabajadores. No es justo ni legal sostener un convenio que le garantiza cuarenta años a pesar de que puede dejar de invertir, y a la par condenar a la inestabilidad contractual y laboral a empresas locales y trabajadores, respectivamente”, confluye la exposición de motivos.
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