Por Bloque de Diputados UCREl bloque de diputados radicales presentó un proyecto legislativo para derogar la ley que puso en vigencia el convenio interprovincial del Golfo San Jorge y, paralelamente, habilitar al Poder Ejecutivo para que proceda a su denuncia, tras advertir sobre el crítico panorama que afecta a las industrias del sector pesquero del Chubut.
La iniciativa se conoció en la última sesión legislativa, ocasión en la que el diputado Carlos Lorenzo describió el grave estado en que se desarrolla la actividad, sintetizándola en la aseveración de que “con nuestra industria pesquera venimos a pura pérdida”.
El legislador reseñó las sucesivas etapas atravesadas a partir de la firma del convenio con la Provincia de Santa Cruz a principios de 2006 con criterios de equilibrio económico y ecológico posteriormente desvirtuados y planteó la necesidad de generar un debate para atender los reclamos del sector y acordar aquellas políticas que puedan llevar ayuda para resolver esta situación de crisis.
Lorenzo mencionó el convenio interprovincial pesquero como “una cuestión que no se dice pero que agrava la situación” y propuso que “se pongan en marcha los mecanismos que establece su artículo 13°”, en alusión a “la denuncia unilateral del mismo cuando una de las partes no se siente contenida en conveniencia para su sector”.
Pronunciamiento de la CAPIP
Al fundamentar el proyecto, Lorenzo mencionó la difusión pública de un pronunciamiento de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), relacionada con la problemática que se vive en el sector pesquero, alertando sobre la imposibilidad que existe de abonar el pedido de aumento salarial que está establecido a partir del acuerdo con el STIA.
Más adelante señaló la definición de la entidad acerca de que “se está en una situación sin retorno en la industria pesquera del Chubut” y citó las causas de ese estado, mencionado los valores internacionales, los costos internos, insumos, el costo del gasoil, las cargas sociales y las tasas.
Lorenzo comparó esta situación con la de otros tiempos y sostuvo que “hay hechos muy gráficos para demostrar no solo la gran cantidad de puestos de trabajo que se han caído sino, por ejemplo, que de 26 permisos de pesca fresqueros estén operando solamente 4. Hay 22 que han sido devueltos”, dijo.
“Siendo legislador recuerdo cómo hubo votación absolutamente trasversal en esta Legislatura, basada en una discusión regional, por la cantidad de permisos de pesca establecidos para cada zona. Hoy, de aquellos permisos que se discutían tanto por su relación con las plantas de cada una de las ciudades, de 26 hay solo 4 ocupados”, graficó.
“Más allá de la situación de crisis que se vive en el sector, es probable que algunas cuestiones no se estén haciendo bien. O que algunas circunstancias estén provocando que la crisis se agrave”, puntualizó Lorenzo, agregando que “el bloque de la UCR tiene interés en generar este debate para empezar a resolver, por lo menos en lo que esté al alcance del Estado Provincial, aquellas políticas que puedan llevar ayuda a resolver esta situación de crisis”.
Cuestión ignorada
“Entendemos que a la problemática del sector que ha hecho la CAPIP, hay una cuestión que no se dice pero que agrava la situación. Y es el Convenio del Golfo San Jorge. Esta unidad biológica compartida con Santa Cruz, le ha servido a la Provincia del Chubut para desarrollar miles de puestos de trabajo. Permitió el desarrollo de las plantas en tierra. Y obviamente hubo un acuerdo con Santa Cruz a partir del langostino de esa provincia y la merluza de Chubut”, recordó.
“Ahora fíjense cómo son las cosas que Santa Cruz llegó un momento –y esto lo vivió la gestión Das Neves y quienes eran diputados en la anterior gestión lo recuerdan perfectamente- ha provocado la denuncia de ese convenio que, en su momento, le trajo, tantos beneficios a la Provincia del Chubut. Se denunció y se estuvo un año sin convenio y desde la Provincia del Chubut se trató de arreglar la situación, pero lo hicimos sobre la base de exigencias de Santa Cruz y, en definitiva, hemos hecho un acuerdo a pura pérdida para la Provincia del Chubut”, sostuvo.
Cierre de plantas
Lorenzo explicó las razones esgrimidas en su momento por Santa Cruz para arribar a la conclusión de la situación actual en la que “nuestras plantas están casi todas cerradas” y que “de 26 barcos fresqueros nuestros pescan 4”.
“La mayor cantidad de pesca, y esto lo están demostrando los volúmenes de descarga, está en Chubut pero el beneficio es casi todo de la Provincia de Santa Cruz.
Nuestra empresa pesquera chubutense está en una situación de crisis de orden general. Pero no le está yendo tan mal ni a Mar del Plata ni a Santa Cruz”, puntualizó el diputado de la UCR.
“Nuestro bloque pretende provocar un debate a partir de proponer, a través de un proyecto de ley, la derogación de la ley que aprueba el convenio y la autorización al Poder Ejecutivo Provincial para que se pongan en marcha los mecanismos que establece el artículo 13°: la denuncia unilateral del mismo cuando una de las partes no se siente contenida en conveniencia para su sector dentro de lo que es el convenio”, expresó.
“Lo queremos plantear para su derivación a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales porque amerita un debate que se tiene que dar, porque venimos a pura pérdida con nuestra industria pesquera”, insistió.
Derogación
La ley IX N° 67 (ex Ley N° 5469), cuya derogación se propugna en el proyecto de la UCR, aprobó en todos sus términos, en aquel momento, el Convenio celebrado con fecha 5 de enero de 2.006 entre las Provincias del Chubut y Santa Cruz, representadas por los gobernadores, Mario Das Neves y Sergio Edgardo Acevedo.
Entre sus objetivos estaba regular y ordenar las pesquerías con artes de arrastre en el Golfo San Jorge, con el propósito de lograr la explotación ecológicamente sustentable de los recursos vivos.
Otra finalidad era que a partir del principio de equilibrio económico, los permisos que se otorguen en reciprocidad sean proporcionales a las características de las pesquerías existentes en cada jurisdicción, según lo estableció el artículo 1° de la norma.
La ley determinó el ámbito territorial de aplicación, comprendiendo “las aguas de jurisdicción de cada una de las provincias signatarias dentro del Golfo San Jorge y las doce millas adyacentes, medidas desde la línea de base que establece la legislación nacional entre el Cabo Dos Bahías y el Cabo Tres Puntas” y prevé la creación de la Comisión Ejecutiva del Convenio y la Comisión Técnica del Golfo San Jorge.
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