Por Miryám Monasterolo *Hace 22 años la gran mayoría de los países, lograron convertir en letra, un acuerdo entre los Estados partes y los Niños, Niñas y Adolescentes.
Este hecho marcó un antes y un después en la historia de la Humanidad, respecto de cómo tratar a los niños/as, como abordar sus problemas y cómo considerarlos sujetos de derecho, ciudadanos de hecho y por derecho..
Nuestro País fue parte de ese acuerdo internacional y resolvió comenzar un desafío que implicó el compromiso de adecuar legislaciones, redefinir instituciones, crear otras, y sobre todo transformar prácticas que durante muchos años violaron los derechos de los niñ@s en nombre de su protección y de su bien.
Esto ha implicado un profundo cambio estructural traducido en actitudes, conductas, hábitos, procedimientos, proceso que aún la realidad nos dice que no ha culminado pese a la incorporación de los principios de la Convención a nuestra Constitución, a la generación de la ley Nacional de Protección Integral y de sus homónimas provinciales.
La Convención nos interpela a un planteamiento ético donde hemos de considerar al niño, a la niña como protagonista activo de su propio destino, acompañado por su familia y su comunidad, respetando su cultura y su historia.
Vemos con suma preocupación que todo el proceso de avanzada de nuestra provincia y de la ciudad, a favor de la Niñez y Adolescencia ha ido en franco deterioro al observar la brecha cada vez más grande entre el discurso y la realidad, entre las responsabilidades institucionales y los derechos cada vez más avasallados de los niñ@s.
La Violencia Social que padece nuestra ciudad es el producto de un proceso amasado por la ignominia y el desamparo de políticas públicas discontinuas, precarizadas y fragmentadas en un ámbito marcado por un modelo de sociedad consumista e individualista, donde se ha ido perdiendo el lazo social y la solidaridad. No podemos dejar de señalar con profundo dolor la pérdida de vida jóvenes de este fin de semana que nos obligan a repensar como sociedad cuáles son nuestras prioridades y cuáles las respuestas políticas que debemos encarar para recuperar el valor de la vida y su dignidad.
El perfil productivo y económico de la ciudad y su historia de permanentes movilidades poblacionales, atravesadas por el desarraigo, la falta de pertenencia y la soledad han generado un cierto clima poco propicio para una convivencia saludable para todos sus miembros. Y esto debe ser tomado en cuenta para la diagramación de las Políticas Públicas destinadas a la población en general, las cuales deben ser integrales, eficaces y orgánicas. Lo cual implica decisiones políticas de fondo, no de coyuntura.
Por ello nuestras comunidades necesitan de un trabajo intensivo de acompañamiento de las familias y de sus niñ@s y adolescentes, de propuestas educativas innovadoras , del acceso a la salud en cualquiera de sus modalidades-hoy francamente amenazado y vulnerado por el propio estado-, de espacios de expresión creativa a partir del arte y del deporte en todos los barrios, de oportunidades para fortalecerse como personas.
Y esto significa equipos técnicos capacitados, reconocidos laboralmente y profesionalmente, insumos, infraestructura adecuada, planificación y evaluación permanente.
Vemos diariamente las dificultades de funcionamiento en organismos y servicios destinados a la protección de los derechos de los niños, como de aquellos que deben proveerlos directamente (Salud-Educación) donde paradojalmente se anuncia grandilocuentemente la apertura de infraestructura versus lo escaso del presupuesto para el personal especializado que se necesita para el sostén de la tarea.
A veintidós años de la sanción de la Convención, las realidades que vemos, indican que los Derechos de los Niños/as se hallan muy comprometidos y complicados en su efectivización.
Por todo lo enunciado los Derechos de los Niños son Derechos Humanos y por tales se considera que todos los niños/as son merecedores de ellos, y es obligación ineludible del Estado garantizar su satisfacción a todos, incluyendo en forma especial a aquellos que no han tenido oportunidades anteriores de poder acceder a ellos.
La sociedad será evaluada en función de cómo haya cuidado y protegido a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes y a sus adultos mayores.
Si no, no será merecedora siquiera de ser recordada.
* Directora Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia
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