Después de más de dos meses de proceso, donde pudimos
presentar con libertad, respeto y atención los testimonios y las pruebas
científicas y sanitarias sobre la contaminación que generaba las aplicaciones
con agrotóxicos y de qué forma se fue afectando la salud y la vida de los
vecinos de Bº Ituzaingo anexo; este martes 21, a las 9:30, el Tribunal de la Cámara 1º del Crimen de
Córdoba dictara su sentencia.
Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país
denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se
expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas
transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos y que en este ultimo año utilizo 370 millones
de l/kg de diversos venenos (68% glifosato). El gobierno nacional y los
gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este
modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos,
con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de
su población.
Los reclamos de los pueblos fumigados son acompañados por médicos,
biólogos, agrónomos críticos, abogados de derechos humanos y ambientales,
periodistas y ciudadanos comunes. Sus denuncias siempre fueron rechazadas por
la policía y por la justicia en todo el país. Últimamente quedaron firmes
recursos de amparo presentados con la finalidad de parar fumigaciones en las
periferias de pueblos de Santa Fé, Chaco, Salta; la semana pasada el Tribunal
Superior de la Provincia
de Buenos Aires falló sobre un Amparo Ambiental, prohibiendo fumigar dentro de
los 1000 metros
que rodean al pueblo de Alberti en esa provincia.
En el juicio en curso, las denuncias por fin fueron
escuchadas, y como resultado de la investigación, los fiscales concluyeron en
que, fumigar contaminando zonas pobladas, viola el artículo 50 de la ley de Residuos
Peligrosos nro. 24.051 y el artículo 200 del Código Penal. Durante las
audiencias del debate, claramente se expresó un conflicto, entre los intereses
de los empresarios sojeros, instigados por las empresas biotecnológicas (como
Monsanto y Syngenta) que buscan sostener la forma tóxica en que despliegan su
negocio, por un lado; y el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano de
las poblaciones expuestas, por el otro.
La
Justicia tiene hoy la palabra. Por su parte, el gobierno
provincial, en estos días procura garantizar el establecimiento de Monsanto en
nuestra provincia, fijando posición en este conflicto: más agricultura tóxica
para todos.
Una sentencia de absolución significaría: glifosato libre
para todos. Significaría que Parra, prepare su barbecho químico al día
siguiente, y los vecinos de Ituzaingó vuelvan a recibir sus dosis sistemáticas
de veneno, entre los meses de agosto y marzo, durante todos los años.
Significaría que las 3000 escuelas rurales del país que son fumigadas con los
chicos adentro, no tengan otra alternativa defensiva que cerrar puertas y
ventanas y soportar los efectos de los plaguicidas. Significaría que para la Justicia, prevalezcan los
derechos privados y comerciales, por sobre los derechos humanos. Significaría
también consolidar el poder hegemónico de este bloque construido entre la Mesa de Enlace del “campo”,
las empresas transnacionales más siniestras y el gobierno nacional y
provincial.
Una sentencia que reconozca el carácter delictivo y
contaminante de las fumigaciones indiscriminadas; una sentencia que castigue
conductas sostenidas en la codicia y la desaprensión; que se apoye en el
principio precautorio y no en los hechos consumados; que ponga a la Justicia en el rol de
priorizar valores y principios de humanidad, de
solidaridad, de defensa del ambiente y de la vida sobre los intereses de
grupos económicos, será una sentencia de una Justicia que aporte a la
convivencia en una sociedad más ética y más justa.
Esperamos con expectativa el veredicto; conscientes de que,
una sentencia “justa”, requerirá de los jueces de la Cámara 1º del Crimen,
suficiente valor, coraje y dignidad para permitirles, como representantes de
nuestras instituciones judiciales, responder al reclamo de los vecinos de
Barrio Ituzaingó.-
Madres de Ituzaingo y Colectivo Paren de Fumigar
Nota relacionada: Martes de Sentencia, lunes de VIGILIA
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