Fuente: Patagonia desde el Borde
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco en su sesión del jueves pasado,
aprobó un pronunciamiento de rechazo al Marco Regulatorio de la Actividad Minera
impulsado por el Gobierno de la
Provincia del Chubut.
Algunos de los considerandos de la Resolución son los
siguientes:
-Que el proyecto
de Marco Regulatorio de la
Actividad Minera forma parte de una política del gobierno
nacional y provincial que apunta a consolidar y a expandir el modelo extractivo
de la minería a gran escala o megaminería.
-Que, si bien este
proyecto fue retirado recientemente de la Legislatura por el
Ejecutivo provincial, este ha declarado que volverá a presentarlo.
-Que es
conveniente que la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales exprese su opinión, tal como corresponde a
una institución académica comprometida con la realidad social
Además, de este pronunciamiento de rechazo del proyecto de
Marco Regulatorio de la
Actividad Minera, se aprobó otro en el que se pide a los
legisladores nacionales el cambio de la
Ley de Minería, con el fin de crear las posibilidades de un
marco regulatorio muy diferente al propuesto hasta ahora.
El texto del pronunciamiento de rechazo es el siguiente:
Pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales respecto del proyecto de Marco Regulatorio de la Actividad Minera
impulsado por el Gobierno de la
Provincia del Chubut
El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales expresa su rechazo al proyecto de Marco Regulatorio de la Actividad Minera
impulsado por el Gobierno de la
Provincia del Chubut.
Las razones que justifican este rechazo son las siguientes:
1) Las leyes nacionales que regulan la actividad minera
establecen un modelo extractivo altamente perjudicial para el Estado nacional
en términos económicos. Se fija un porcentaje casi insignificante en conceptos
de regalías, se establecen grandes ventajas impositivas y se definen mecanismos
de control extremadamente laxos, lo que configura un sistema de explotación
propio de un vergonzoso capitalismo dependiente.
2) La megaminería es una actividad productiva perjudicial en
varios aspectos: genera escasos puestos de trabajo en relación con la
envergadura de los emprendimientos, consume enormes cantidades de agua y de
energía, deteriora el medioambiente y genera enclaves que operan como Estados
soberanos dentro del Estado nacional.
3) La megaminería es una actividad productiva que, dada su
escala, no puede ser controlada por Estados de países más desarrollados que el
nuestro. Esta situación nos hace pensar que es difícil que un Estado provincial
argentino pueda ejercer con eficiencia el rol de contralor.
4) El Gobierno provincial afirma que la megaminería es la
única alternativa de desarrollo en zonas específicas, tal como la Meseta Central.
Pero esto no es cierto, ya que, desde hace tiempo, se sabe que hay grandes
acuíferos subterráneos que podrían revertir en poco tiempo el efecto de las
sequías y generarían alternativas económicas sustentables, muchas de las cuales
son compatibles con la tradición cultural de las poblaciones originarias de la
zona. Es decir, con el agua disponible, se podría desarrollar un modelo
económico ecológico, inspirado en una relación de respeto hacia la naturaleza.
5) El Gobernador Martín Buzzi anunció en reiteradas
ocasiones que la política minera iba a ser objeto de un debate público, amplio
y democrático. Sin embargo, ese debate nunca se realizó. El gobierno busca
obtener la denominada "licencia social" sin escuchar la voz de
investigadores especializados en el estudio de las consecuencias ambientales,
sociales y legales de la actividad minera. También ha dejado fuera del debate a
numerosas organizaciones sociales y políticas que sostienen posicionamientos
reflexivos y válidos.
Por las razones expuestas, solicitamos al Gobierno
provincial que desista definitivamente de su intención de aprobar el Marco
Regulatorio de la
Actividad Minera. Lo instamos a buscar alternativas de
desarrollo económico que sean sustentables y verdaderamente inclusivas.
Informe: Sebastian Sayago, docente y consejo en el Consejo
Directivo de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales. UNPSJB
Nota relacionada: El Gobierno anunció que “en breve” enviará el marco regulatorio modificado a la Legislatura
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