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Por Frente Unidad Sur
En la tarde del sábado, en el Lucania Palazzo, se realizó la
charla “Reforma judicial, violencia institucional y ética pública”. La
disertación principal estuvo a cargo del reconocido jurista José Raúl Heredia,
quien estuvo acompañado en la mesa por Andrés Acevedo y César Antillanca.
El evento fue organizado por el Frente Unidad Sur (FUS), un
espacio político que asumió una perspectiva crítica de la reforma judicial
impulsada por el gobierno nacional. Se espera replicar este debate en otras
ciudades de la provincia.
La cuestión de la ética pública
Andrés Acevedo basó su intervención en un análisis de
algunas leyes vinculadas con la ética pública. Hizo hincapié en la restricción
hecha por el gobierno nacional para evitar que se publiquen las declaraciones
patrimoniales de los funcionarios públicos y de sus familiares más cercanos.
“Este es un hecho gravísimo, porque se nos impide a los ciudadanos que sepamos
si un funcionario incrementó de manera extraña su patrimonio. Si a este hecho
le sumamos la manipulación de la justicia, vemos que se está apuntalando la
impunidad de los funcionarios que delincan con los bienes del Estado”, expresó.
En esta línea, resaltó la importancia de dos temas: la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de los funcionarios públicos y
la imprescriptibilidad de los delitos contra el medioambiente. “Estamos
convencidos de que este tipo de delitos no deben prescribir por el paso del
tiempo, como lamentablemente todavía sucede. Hasta ahora, la estrategia es muy
simple: se deja dormir la causa mediante artilugios legales y la colaboración
de un juez amigo, hasta que un buen día alguien dice: Señores, ya pasó el
tiempo debido para mantener el proceso; entonces, todos quedan libres y acá no
ha pasado nada”, sostuvo.
Los derechos humanos en democracia
César Antillanca se refirió a los derechos humanos en
democracia y explicó por qué los derechos sociales y económicos forman parte de
los derechos humanos. “Si una persona nace condenada a la probeza, si no tiene
posibilidad de recibir una buena educación, si no está bien alimentada, se
están vulnerando sus derechos humanos, porque, claramente, no podrá
desarrollarse como las personas de las clases media y alta”, afirmó.
En referencia a la política de derechos humanos del
kirchnerismo, declaró “me parece muy bien el juicio y la condena a los
genocidas del gobierno militar. Eso es algo con lo que seguramente estamos de
acuerdo todos los que hoy estamos acá presentes. Pero el gobierno pretende
ocultar una realidad: los derechos humanos siguen siendo violados en
democracia. Se violan los derechos sociales y económicas de las personas y,
además, todos los días desaparecen o mueren personas víctimas de la violencia
policial”.
La reforma judicial: mal planteada y mal hecha
Raúl Heredia comenzó su disertación recordando que, en el año
1983, cuando Raúl Alfonsín visitó la provincia en carácter de precandidato
presidencial, él le preguntó si, en el caso de que ganara, iba a cambiar el
sistema judicial, que heredaba de la dictadura militar, y si iba a auditar la
deuda externa para evitar el pago de la parte ilegítima. “Alfonsín respondió
que sí a las dos preguntas, que iba a encarar esos dos procesos; sin embargo,
nunca lo hizo. Entonces, la cuestión de la democratización de la justicia es,
para muchos, un viejo anhelo, una deuda pendiente de nuestra democracia”.
“Pero el tema estuvo mal planteado y se hizo mal. No hubo
ningún debate real, sino una presión del gobierno para que la legislatura
apruebe en tiempo récord una modificación que debería haber sido consensuada de
cara a la sociedad. Para entender lo que se hizo y por qué se hizo, es
necesario tener una visión global de la situación política argentina y
mundial”, aclaró. Haciendo una referencia a las tensiones de los diferentes
gobiernos democráticos a partir del '83, compartió una hipótesis: “Ustedes
recuerdan el 2001 y el grito de 'Que se vayan todos'. En ese momento, había un
rechazo generalizado a toda la clase política y, durante esas semanas, los
políticos no querían ni asomarse a la calle. Luego, comenzó una reorganización del
gobierno y, de la mano de Duhalde, Néstor Kirchner llegó al poder e instaló un
nuevo modo de comunicación con la gente, tratando de demostrar que él no era
como los otros políticos. Y, al hacerlo, permitió que todos los otros políticos
se reciclaran y volvieran a escena, tal como lo vemos en la actualidad. Todos
ellos le deben el favor a Kirchner”.
“Ahora, el gobierno promueve una clara violencia
institucional y lanza un nuevo 'Que se vayan todos', dirigido a los jueces. Se
los pretende culpabilizar del aumento de la inseguridad, de la delincuencia y
de todos los males sociales. Se pretende ignorar que hay un poder judicial, es
decir, una esfera autónoma encargada de vigilar a los otros dos poderes. Se
quiere convertir al poder judicial en una oficina de administración de
justicia. Y esa línea de violencia institucional es reproducida por
gobernadores e intendentes”, aseveró.
La justicia kirchnerista
Según el jurista, “el kirchnerismo hizo muchas cosas buenas
y eso hay que reconocerlo. Pero también hizo y hace muchas cosas mal y eso
también hay que señalarlo. La reforma judicial es uno de esas cuestiones que,
fundadas en una demanda social legítima, es utilizada con una finalidad
negativa”. Puso como ejemplo a la procuradora general Gils Carbó, una de las
principales defensoras de la reforma judicial: “La petrolera Chevron tenía un
embargo por 19 mil millones de dólares por delitos ambientales perpetrados en
Ecuador. Gils Carbó operó para que la justicia argentina levante este embargo,
así Chevron podía continuar un acuerdo de explotación con YPF. Esto es lo que
hay que ver, para entender el trasfondo de la reforma judicial. Se habla de
democratización de la justicia, por un lado, y de una YPF estatizada y
soberana, por otro, pero, en los hechos, la justicia e YPF sirven para otra
cosa”.
Asimismo, aseguró que el gobierno explota un doble discurso:
“El kirchnerismo es el gobierno que más plata pagó en concepto de deuda
externa. Nunca quiso hacer una auditoría para ver qué era lo que correspondía
pagar, aun cuando hay fallos e investigaciones que indican con claridad que
estamos pagando de más. No se habla de pago de la deuda sino de
'desendeudamiento', pero es lo mismo. La Presidenta reivindica la defensa de los derechos
humanos y niega que haya desaparecidos en democracia. Todos sabemos que eso es
falso. En Chubut, sin ir más lejos, tenemos como caso ejemplar el de Iván
Torres, que cuenta con el respaldo nada menos que de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”.
Finalmente, se refirió a la criminalización de las protestas
sociales. “Durante el kirchnerismo, han muerto en accidentes de tránsito 15
líderes de pueblos originarios que reclamaban el derecho legítimo a la tierra.
Todos murieron de igual manera. Las causas se cerraron con gran rapidez. Parece
que a nadie le llama la atención que pasen cosas así en esta década que,
supuestamente, es la década ganada”.
Nota relacionada: La democratización de la justicia según el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut
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