Córdoba: “Un laboratorio de represión”

Por Agencia Walsh

Fuente: Correpi

El 10 de julio, se inauguró formalmente el DOT (Departamento de Ocupación Territorial), que en los hechos ya venía funcionando desde principios de año. Es un programa aplicado por el gobernador De la Sota, que toma el modelo de la policía militar de Brasil: se trata de “patrullar” las villas, las afueras de Córdoba y los barrios con alguna suerte de conflicto, ya sea por toma de tierras o por ocupación de determinados espacios, con patrulleros y helicópteros que iluminan los patios de las casas o las calles de los barrios donde se junta gente. Una vez identificados los “focos” de conflicto, actúa la infantería en el terreno.

El DOT, que cuenta hasta el momento con 40 móviles y 350 efectivos, actuará acompañando órdenes judiciales en desalojos y allanamientos, en el marco de un conflicto generalizado por la toma de tierras en toda la provincia, en el que, por un lado, están los sectores populares que buscan tierras para sus viviendas y, por otro, los empresarios y el gobierno, que pretenden construir countries y shoppings por doquier.

Este año, sin ir más lejos, se desataron varios conflictos en tomas de tierras, tanto en Villa Icho Cruz, como en Cuesta Blanca y Piedra Blanca, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. En las tres tomas se mantiene un cerco policial que impide el paso de agua y alimentos y la circulación de personas ajenas al asentamiento.

Las organizaciones y demás sectores populares llevaron a cabo la campaña “Romper el cerco” en la toma de Cuesta Blanca, en abril de este año, que consistía en llevar en caravana provisiones desde Córdoba Capital hasta Cuesta Blanca. En el transcurso de esa caravana hubo requisas (no sólo en los caminos al asentamiento, sino en las paradas de los ómnibus de línea); amenazas y la ostentación de que los tenían a todos “fichados” a través de un previo trabajo de inteligencia. Por ejemplo, fue detenido un auto donde iban compañeros del Encuentro de Organizaciones, y los uniformados les hicieron saber claramente que los conocían. Hacia el final de la jornada, un compañero fue secuestrado por la policía, que se lo llevó a dar vueltas en el patrullero para amedrentarlo, y luego lo liberó en medio de la bronca de sus compañeros.

A los dos días fue apresado, en un allanamiento, el presidente de la Cooperativa de Carreros de Icho Cruz, que estaba solidarizándose con la toma de Cuesta Blanca. Lo acusaron por incitación a la violencia, con apoyo en unas publicaciones levantadas desde su muro de Facebook. Durante la marcha de las organizaciones hacia la comisaría de Carlos Paz, donde estaba detenido, la policía reprimió y detuvo a otras 20 personas. Después de varias movilizaciones hacia la comisaría, tras cuatro días, todos los detenidos fueron liberados, excepto el presidente de la cooperativa y un vecino acusado de resistencia a la autoridad. Ambos fueron retenidos 15 días en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer.

Durante todo este conflicto, cabe aclarar que las fiscalías estuvieron especialmente cerradas, para que los compañeros no pudieran denunciar ahí las detenciones y el secuestro.

Del mismo modo, en junio intentaron desalojar un grupo de viviendas que se encuentran en tierras tomadas en Piedra Blanca. Los compañeros del Encuentro de Organizaciones lograron trabar el desalojo con recursos técnicos. Días después, tres compañeros de esa organización fueron denunciados públicamente por el Ministro de Desarrollo Social, Passerini, acusados de encabezar una asociación ilícita para instigar las tomas de tierras.

Todos estos conflictos, en los que el estado no sólo aplica sus fuerzas especiales para reprimirlos, sino que se sirve de su brazo judicial para perseguir a los luchadores, leyes antiterroristas en mano, y de los medios de comunicación para denunciarlos y deslegitimar su lucha, se suman al vaciamiento y desalojo de fábricas en la ciudad de Córdoba y a la apropiación por parte del gobierno de teatros y centros culturales, para vendérselos a empresarios de la noche o de cadenas de restaurantes. “La Piojera”, un teatro del barrio de Alberdi, está ahora en el medio de una disputa entre el barrio, que quiere usarlo para realizar actividades culturales, y el gobierno, que pretende cerrarlo para vender el espacio.

Por todo esto es que el gobierno cordobés aplica el DOT, profundiza el trabajo de inteligencia sobre los sectores organizados, los persigue armándoles causas y sella su alianza con los empresarios mediante el negocio de las tierras y el uso de los medios para criminalizar la protesta social.

Desde CORREPI, a través de nuestra militancia en el ENA con el conjunto de organizaciones antirrepresivas del país, denunciamos que la represión es una política de estado, que se aplica sistemáticamente, en este caso, sobre sectores organizados y que la aplicación del DOT es una expresión de cómo el estado profundiza la represión, frente a la invisibilización con la que colaboran activamente los medios masivos de comunicación.

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