Por Juan Cruz Lagos *
1.- Corrían otros tiempos cuando se afirmaba que los jueces
hablan, exclusivamente, por sus sentencias.
Ese mandato puede resultar hoy utópico, en la era de los
medios masivos de comunicación y la “espectacularización” de la Justicia, en la que un
Fiscal o un Magistrado puede ser un personaje público y, llegado el caso,
equiparar en fama a una estrella de farándula.
Subsiste sin embargo un núcleo duro en esa afirmación: es
dable en los Jueces una actitud prudente, que evite confrontar con los
justiciables y acredite la mesura y ecuanimidad exigibles a quienes deben
dirimir los conflictos judiciales.
2.- En el difícil escenario que nos presenta la realidad
contemporánea, la opacidad de los procedimientos judiciales tiene la
particularidad de revictimizar permanentemente a quien ha padecido, como
víctima, un delito.
Así, quien sufrió en carne propia un homicidio, una
violación o (como es mi caso) un grave atentado contra su propiedad (y por
añadidura, su tranquilidad, su seguridad familiar, su proyecto de vida) es
victimizado una vez más por un aparato judicial que le informa que el poder
punitivo del Estado es estéril, que tal o cuál artículo de tal o cuál texto
legal ha determinado que el posible delincuente permanezca libre e impune. En
fin, le informa que el delito es una práctica corriente que puede consolidarse
y proliferar, al amparo de leyes abstrusas y prácticas ritualistas.
Este mal, que afecta visceralmente a la justicia en sus
diversos estamentos, nos atañe a toda la ciudadanía; ninguno de nosotros esta
exento de sufrir esta segunda muerte, esta segunda violación, este segundo
ataque, ahora por parte de una Justicia que por momentos parece haberse vuelto
ciega, pero no por imparcial, sino por ajena e indiferente a los reclamos de la
sociedad.
3.- Menos frecuente es que un Magistrado, de manera directa,
se dirija a una víctima de un ilícto, luego de haber claudicado de manera
consciente de la búsqueda de la verdad (que es el concepto que de exceso ritual
manifiesto dio nuestra Corte Suprema en el caso “Colalillo”), para marcarle el
terreno y señalarle qué afirmaciones le va a permitir que realice.
Lamento profundamente que el Sr. Juez Jorge Criado haya
tomado a título personal mis afirmaciones sobre los problemas morales que
aquejan la justicia.
Aclaro que jamás he aludido a su moral a título personal,
sino al déficit ético que genera decisiones vacías de contenido, en las que
prevalecen ritos y ceremonias que sofocan todo atisbo de verdad y de eticidad
en las decisiones. Son temas que transito con cierta frecuencia, desde la
cátedra, en la que reflexionamos con mis alumnos sobre asuntos filosóficos y
morales, en un ámbito pluralista y riguroso.
Pero no es en mi carácter de Profesor de Filosofía que
realicé los planteos que el Juez Criado “no me permite” formular. Fue en mi
carácter de una persona cualquiera (sin que importe quién soy, qué cargo ocupo
o de quien soy pariente, como bien dijo el Señor Juez), de un justiciable
afectado que observa incrédulo cómo se consagran situaciones de impunidad.
Y, aunque a Su Señoría le pese, no necesito pedir permiso a
nadie para expresar mis opiniones. En un sistema democrático, la libertad de
expresión es un derecho fundamental, incluso cuando se refiere a prácticas
institucionales y a conductas de funcionarios o magistrados (que según nuestra
Corte, están sujetos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad y pueden
ser objeto de opiniones libres de la sociedad, que no genera responsabilidad
alguna).
4.- No se alcanza a advertir a qué se refiere el convite o
la advertencia del Sr. Juez a fin de que conversamos o discutamos en la sede
que corresponda o en el ámbito de que se trate sobre estas cuestiones; no
obstante, debo desde ya aceptarlo, por cuanto considero que todo debate o
discusión sobre la práctica de las instituciones debe ser asumida, como manera
de democratizar de manera real la administración de justicia y superar las
arcaicas concepciones en las que el Juez, por su mera condición de tal, era
considerado un ser supremo e infalible, que a nadie (y mucho menos a la
sociedad) debía explicaciones de su accionar.
Tampoco tengo inconvenientes en señalarse a S.S. (y se lo he
dicho personalmente) que me parece inadecuado que intervenga en una causa en la
que el abogado de los imputados (hoy sobreseídos) es su primo, ya que la
imparcialidad y la sospecha de parcialidad van más allá de los taxativos
mecanismos procesales y, como lo dice el saber popular, en materia de
honestidad además de ser, es importante parecer.
5.- Podría terminar estas líneas apelando a mi condición de
víctima; construyendo una cadena de solidaridad; señalando a la manera de
Bertold Bretch los riesgos de la indiferencia y el hecho de que todos estamos
expuestos al delito.
En esta línea, podría citar a la filósofa Diana Cohen
Agrest, cuando describe con precisión quirúrgica el silenciamiento al que son
sometidas las víctimas de ilícitos, a las que se pide que “no hablen desde el
dolor”, enmudeciendo su reclamo ante la palabra omnipotente del Poder Judicial.
No es mi intención. Pretendo hablar como cualquier persona,
víctima o no, que en un Estado democrático tiene derecho a expresar su parecer
sobre las instituciones (reitero que no he aludido a título personal al Dr. Criado),
sin previamente pedirle autorización a ninguna personalidad iluminada.
Criado me hizo saber por los medios que “no me permitirá”
ejercer esta libertad de expresión. Con mayor humildad, sin advertencias, ni
amenazas, ni imposiciones, me atrevo a sugerirle a S.S. que en ejercicio de la
debida prudencia que hace a la investidura que ocupa, recuerde aquél adagio
citado al comienzo de estas líneas y empeñe toda su capacidad y honestidad (de
las que no tengo duda alguna) en hablar por sus sentencias, sin prestar
atención a este justiciable que, como bien dijo, no tiene rostro ni nombre al
momento de administrar justicia.
* Escribano - DNI 24.584.424
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