Por Cátedra Abierta de Género
Para terminar con los femicidios hay sacudir las
instituciones
En la noche del 8 de septiembre de este año, Nilda Alegría
Ávila, de 36 años de edad, tras una larga relación que supuso tolerar golpes
brutales, amenazas, maltrato psicológico, miedo y denigración como mujer; impartidos en su propio hogar por Jesús Marciano
Flores, quien fuera su pareja, y con quien se encontraba conviviendo, halló la
muerte en manos de éste, de forma violenta, producto de dos disparos que
efectuó Flores, explicitando el sentimiento subyacente de disponer del cuerpo y
la vida de Nilda, que entendía como un bien de su propiedad, a punto tal de
poder quitársela cuando quisiera.
La familia Ávila se acercó a esta Cátedra en busca de
auxilio para transitar el doloroso, tedioso y complejo proceso que se avecinaba
en busca de justicia por tan brutal muerte. Fue entonces que decidimos
presentarnos como Organización ante la Fiscalía y el Juez, solicitando se nos de
intervención en el caso, instituyéndonos en calidad de víctimas. Tal petitorio
se funda en un instituto muy novedoso, y del cual hasta éste momento no se
había hecho uso, que se encuentra en el primer inciso del art. 98 del Código
Procesal Penal de la provincia, y versa lo siguiente: “Este Código considera
víctima: 1) a la persona ofendida directamente por el delito y a la ofendida
directa o indirectamente por un delito anterior que guarde estrecha vinculación
con el ahora juzgado o quien sin serlo acredite un interés especial en la
solución del caso;…”.
Así las cosas, logramos acreditar tal interés directo, en
virtud de que uno de los objetos de la Cátedra tiene relación directa con el hecho en
cuestión por cuanto consiste en contribuir a la eliminación de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las
distintas formas de opresión sobre las mujeres; y en concordancia con esto,
desde la creación de la
Cátedra hemos ido teniendo diferentes intervenciones directas
en la sociedad, que nos han permitido tener un acercamiento a víctimas de
violencia de género y desarrollar un trabajo de contención, acompañamiento y
reclamo de justicia con ellas y sus familiares.
La presentación hecha ante tribunales, y el lugar que se nos
dio, implica que ahora junto a la familia de Nilda, somos parte en el proceso,
y beneficiario/as de un catálogo de derechos que podemos y debemos exigir,
tales como: intervenir en el procedimiento penal y en el juicio; ser informados
de los resultados del procedimiento; examinar documentos y actuaciones; aportar
información durante la investigación; recusar; ser escuchados siempre antes de
cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal;
requerir la revisión de la desestimación o archivo dispuesto por el fiscal;
impugnar el sobreseimiento y la sentencia; ser notificados de las resoluciones
que podamos impugnar por requerir su revisión; entre otros tantos. Todo sin la
necesidad de constituirnos como querellantes, lo cual implica que no es
menester la presencia de un/a abogado/a matriculado/a.
Estamos dando difusión de este acontecimiento, para brindar
una herramienta a todas las organizaciones que luchan día a día contra la
impunidad, y por una sociedad justa e igualitaria en derechos y oportunidades.
Es necesario asumir una participación activa para empujar, hacer andar y
humanizar esta maquinaria de (in)justicia tan alejada del pueblo, y tan
abrazada a intereses de quienes detentan el poder. La Fiscalía tiene el deber
velar por la correcta aplicación de la ley y procurando satisfacer el interés
racional de la víctima; y allí estaremos aportando lo nuestro para hacer
justicia por Nilda y por tantas mujeres que viven cotidianamente la violencia
en sus diferentes expresiones, propias de la sociedad patriarcal en la que
vivimos.
¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más!
¡Justicia para Nilda Ávila y todas las mujeres que sufren
violencia de género!
Nota relacionada: Ante un nuevo femicidio en Trelew: la pasión no asesina, el machismo sí.
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