Fuente: Crítica de la Argentina
Foto: Página/12
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Funcionarios de la cartera a cargo de Aníbal Fernández viajarán al pueblo de Corcovado, donde se dispuso un virtual estado de sitio. Con la excusa de buscar a un prófugo, hubo allanamientos sin orden, un homicidio y un ataque sexual a una menor.
Un funcionario del Ministerio de Justicia viajará el miércoles al pueblo de Corcovado, en Chubut, para investigar personalmente los hechos sucedidos entre el 8 y 15 de marzo (relatados en la edición del jueves de este diario), cuando la policía provincial, con la excusa de estar buscando a un prófugo, dispuso –según denuncian los vecinos– un virtual estado de sitio, cometiendo todo tipo de abusos, incluidos un homicidio y el abuso sexual de una menor.
Así lo ordenó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, luego de que una protesta en las puertas de su ministerio lo forzara a reunirse con representantes de la comunidad mapuche de Corcovado, los padres del prófugo –que acusan a la policía de haber asesinado durante un allanamiento en su casa a otro de sus hijos y de haber dejado paralítico a otro– y Nora Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
El coordinador Legal y Técnico del programa Anti Impunidad del Ministerio de Justicia, Leandro Jarsun, fue designado por Fernández para interiorizarse en el terreno sobre los hechos acontecidos en Corcovado. Su tarea consistirá en reunirse con los más afectados por la represión policial y escuchar sus testimonios. Sin la manifestación que tuvo lugar en las puertas del Ministerio, de la cual participaron representantes de la comunidad mapuche de Corcovado, la madre y el padre de los jóvenes asesinados y torturados (Omar Bustos y Marta Pinchulef) y representantes de otros pueblos indígenas y Nora Cortiñas, que se solidarizaron con el reclamo, muy probablemente el ministro de Justicia no hubiera tomado cartas en el asunto.
Los manifestantes (no más de cincuenta personas) se juntaron a las dos de la tarde frente a la sede del Ministerio, en Sarmiento al 300, y empezaron a exigir que el ministro los recibiera. “En Corcovado la policía declaró de hecho un estado de sitio con toque de queda y violó los derechos humanos de todos los vecinos. Impacta la brutalidad y el abuso de autoridad que se cometió, por eso estoy acá”, dijo Nora Cortiñas a Crítica de la Argentina. Como durante dos horas las únicas respuestas de parte del Ministerio fueron bajar una reja para proteger el frente y un comentario racista de una de las empleadas, una dirigente del Frente de Lucha Mapuche y Campesino, Moira Millán, decidió encadenarse hasta que los recibieran. La medida surtió efecto inmediatamente: en menos de diez minutos, el coordinador Leandro Jarzún, bajó para dialogar con Millán y ofrecerle averiguar qué pasó en Corcovado. La dirigente mapuche no cedió: “Eso no nos conforma, hace 500 años que los blancos nos vienen mintiendo”. Recién cuando el ministro Fernández, quien al entrar en el estacionamiento manejando se topó con el reclamo, dispuso una reunión para descomprimir la situación, ya demasiado tensa, Millán se desencadenó.
Al final, todos se fueron conformes. “La verdad es que el encuentro fue muy positivo, el ministro se comprometió a intervenir, estamos satisfechos” dijo a Crítica de la Argentina Omar Bustos. En tanto, Millán señaló: “Salimos de la reunión conformes porque por lo menos se comprometieron a ir a Chubut. Definitivamente, la protesta valió la pena”. La dirigente, vestida a la usanza tradicional mapuche, adelantó además hasta dónde piensan llegar en la búsqueda de justicia: “Acá va a haber responsabilidades del gobernador de Chubut (Das Neves) para abajo, esto es tan grave que al gobernador habría que llevarlo a juicio político”.
Marta Pinchulef, acongojada pero a la vez entusiasmada con las promesas de Fernández, agradeció a todos los presentes que la acompañaron en la protesta. Millán gritó dos o tres veces, en mapugundun (idioma mapuche): “Por cada uno de nosotros que caiga, se levantarán diez”, todos le respondieron, con el puño en alto, el mismo grito.
El jefe de la policía y comisario general de Chubut, Juan Luis Ale, reconoció ante la prensa local que en Corcovado se hicieron allanamientos, pero aseguró que no fueron violentos y que fueron realizados con orden judicial.
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