Por Partido Obrero
En un debate con militantes del Partido Obrero y del Frente
de Izquierda en la zona norte del gran Buenos Aires, el candidato a presidente
en las elecciones por esas fuerzas, Jorge Atamira, advirtió que “una
adquisición del 25 por ciento de las
acciones de YPF en poder del grupo Eskenazi, por medio de una expropiación
parcial, sólo representaría ‘una mejicaneada’ entre antiguos socios y de ningún
modo una recuperación de soberanía petrolera”.
Para Altamira, “un canje del lugar del socio minoritario de
Repsol, entre el grupo Petersen y el Estado equivaldría a una operación de
encubrimiento del vaciamiento petrolero que sufre Argentina. Según el ex
candidato a presidente, “fuera de la expropiación parcial, el gobierno no tiene
otro medio para alcanzar el objetivo del control operacional de la compañía,
porque los estatutos de YPF blindan el control accionario por parte de Repsol.
Por otra parte, el resto de los grupos petroleros, que controlan el 65 por
ciento de la producción de crudo, quedarán afuera de la pseudo nacionalización
de YPF, a pesar de que se encuentran incursos en el mismo proceso de desinversiones
de la subsidiaria española”.
En consecuencia, añadió, “el 40 por ciento del capital
accionario que quedaría en manos del Estado, si se tienen en cuenta las
sucesivas compras de acciones realizadas por la Anses a partir de 2012, que
se calculan llegarán al otro 15, dejará en pie un matrimonio forzado, que
deberá renegociar el pacto nupcial: YPF se convertiría en contratista del
Estado. El Estado carece de capital para asociarse a otros grupos petroleros en
nuevas operaciones, por ejemplo en gas no convencional o en el Atlántico sur.
En un régimen que sustituya la concesión por el contrato -completó Altamira- la
remuneración del petróleo y gas extraídos se haría a precios internacionales:
otra expresión de la ‘sintonía fina’ del ‘ajuste’. La financiación de esta e!
stafa económica la aportarían los usuarios, los jubilados y las arcas exhaustas
del Estado”.
El planteo del
Partido Obrero, concluyó Altamira, es “que se proceda a la nacionalización
integral de la industria petrolera. En el caso de YPF, el Estado debería
reclamar una indemnización a Repsol por el fraude cometido con la privatización
(la empresa se compró a precio irrisorio y mediante deuda externa y a través
del desguace casi completo de la flota e instalaciones de YPF) y por el saldo negativo
que deja la diferencia entre aportes de capital y utilidades extraídas, y los
inmensos daños ambientales. El mismo método deberá aplicarse al conjunto de la
industria, aportes menos beneficios y daños ambientales, mediante una
evaluación a cargo de comités de trabajadores y especialistas inscriptos en las
luchas nacionales”.
“En su conformación presente, el Estado carece de la
capacidad para realizar las nuevas inversiones necesarias para superar el
vaciamiento económico producido por el conjunto de las petroleras instaladas en
Argentina, lo que vaticina un agravamiento del derrumbe energético. Para hacer
frente a una nacionalización integral, se requiere una restructuración
presupuestaria profunda (régimen impositivo que grava el consumo personal y
régimen de gastos aplicado al subsidio a las empresas), lo cual implica una
restructuración de la economía. Los 80 mil millones de dólares que se han
fugado en los últimos cinco años son una prueba irrefutable de que Argentina
genera un ahorro nacional suficiente para dar un punto de partida a una
enérgica industrialización. Queda claro que la cuestión es qué clase social
gestiona este ahorro nacional: si la burguesía nativa o los trabajadores”.
Escuchá acá un extracto de la entrevista a Altamira en “La Tijereta” (Radio
Kalewche-Esquel)
Nota relacionada: Informe: “Petróleo: los responsables de la crisis”
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