Por Darío Aranda
Convocado para abordar la situación de los pueblos
originarios, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado
argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no
respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos
humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo
extractivo.
“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos
por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado
cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del
Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos
indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones
de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento
de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de
empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios
indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por
vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves
impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de
los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en
graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves
represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se
vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas
por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH
convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a
pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino
en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos
Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de
sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas en Argentina”
Zimerman fue la primera oradora por parte de los
solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres
comités de Naciones Unidas y la
Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la
atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual
muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué
territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son
consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando
desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos,
graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida
a pueblos indígenas. Ejemplificó con la
Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un
relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”,
afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente
convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provincias se niegan
a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del
censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad. Nota completa
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